martes. 16.04.2024
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Propone GPPAN reformas al Código Territorial

Buscan garantizar el derecho a vivir en ciudades mejor planeadas, más incluyentes, sustentables, y detonantes de la participación ciudadana

Propone GPPAN reformas al Código Territorial

Guanajuato, Gto. Las diputadas y los diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa para modificar el Código Territorial estatal en la que proponen dispositivos normativos para garantizar el derecho a la ciudad, es decir, las condiciones para poder vivir en ciudades mejor planeadas, más incluyentes, sustentables, y detonantes de la participación ciudadana, que contemplen a la persona como eje y fin de los centros de hábitat en Guanajuato.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera, a nombre de su grupo parlamentario, dio lectura a la exposición de motivos del documento. Señaló que uno de los objetivos fundamentales de la propuesta en comento era que tanto el ordenamiento como la administración sustentable del territorio del Estado de Guanajuato se lleven a cabo con pleno respeto a los derechos humanos, cumpliendo las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente.

“En el grupo parlamentario del PAN somos conscientes de la realidad en que viven los municipios del Estado, sabemos que las ciudades se transforman, que las circunstancias, características y zonas de Guanajuato son diversas y heterogéneas, por lo que se requieren instrumentos normativos que atiendan estas características especiales, buscamos ciudades inclusivas, socialmente accesibles, sustentables y humanas”, subrayó el legislador.

Asimismo, manifestó que la iniciativa plantea que en la fundación, consolidación, mejoramiento, conservación y crecimiento de los centros de población y asentamientos humanos, se garantice el acceso equitativo a los espacios públicos y la participación social en el ordenamiento sustentable del territorio.

El congresista indicó que en la propuesta legal se integra el concepto de acción urbanística, entendido éste como los actos o actividades para el uso del suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables entre las que se incluyen subdivisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones en general.

“La regulación y planeación de los ordenamientos territoriales y asentamientos humanos proponemos se debe llevar a cabo de acuerdo a los programas nacionales y estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Destacamos que esta planeación y seguimiento se lleve a cabo con el apoyo y acompañamiento del Instituto de Planeación del Estado, y que este se constituya como el organismo especializado en la materia”, precisó.

Oviedo Herrera enfatizó que con el perfeccionamiento de este ordenamiento legal se busca que el Estado cuente con un marco jurídico cada vez mejor, que permita al mismo tiempo el desarrollo económico, la calidad de vida de las familias y la sustentabilidad del medio ambiente.

Además se pretende realizar una armonización legislativa con la Ley de Asentamientos Humanos, la cual establece las normas básicas y los instrumentos de gestión para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en México, incorporando el pleno respeto a los derechos humanos.

Otros aspectos que contiene la propuesta:

La creación de los nuevos órganos auxiliares de participación ciudadana.

Se fortalecen las atribuciones de los Ayuntamientos, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y del Instituto de Planeación del Estado.

Le asigna nuevas facultades a la Comisión Estatal del Agua.

Se contempla la planeación hidráulica estatal y la conformación del Consejo Estatal Hidráulico para contribuir al mejoramiento de la gestión del agua.

En la aplicación del Código deberán aplicarse los principios de accesibilidad universal y movilidad, coherencia y racionalidad, competitividad, derecho a la ciudad, derecho a la propiedad urbana, equidad e inclusión, equidad social, habitabilidad, participación democrática y transparencia, productividad y eficiencia, protección y progresividad del espacio público, racionalidad, resiliencia, seguridad, sustentabilidad ambiental y viabilidad.

La iniciativa se remitió para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública.