Guanajuato, Gto. Con el objeto de fortalecer la impartición de justicia en el Estado, las diputadas y diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa que busca establecer procesos de control y confianza previos y posteriores a la incorporación de los consejeros, jueces y magistrados a sus respectivos cargos.

Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, el diputado Rigoberto Paredes Villagómez señaló que dicha modificación resulta indispensable para saber si quienes aspiran a ocupar dichos cargos son verdaderamente aptos, así como para garantizar que quienes están dentro del Poder Judicial cumplen con las cualidades y competencias para una actuación correcta y objetiva en su función de juzgadores.

El congresista subrayó que la propuesta, además de colocar al Poder Judicial a la vanguardia, reconoce el importante papel que los consejeros, jueces y magistrados desempeñan al resolver las controversias, aplicando las leyes a casos particulares.

“Sus cargos son trascendentales para la funcionalidad del Estado, razón suficiente para establecer las previsiones normativas que den lugar a un efectivo sistema de responsabilidades aplicable a los servidores públicos del Órgano Judicial del Estado en pro de una imparcial impartición de justicia, dotada de valores que la blinden de la corrupción, el fraude, el soborno y otras operaciones que transgreden el Estado de Derecho”, subrayó el legislador.

Paredes Villagómez manifestó que ante la percepción de corrupción que se tiene en el país, es indispensable transparentar la función pública en todos los ámbitos de gobierno, así como fortalecer las instituciones, particularmente las que tengan injerencia en materia de justicia, para abatir la corrupción y restablecer la confianza de la sociedad.

“Todo servidor público sin excepción alguna debe estar sujeto al escrutinio previsor de su correcta actuación en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”, enfatizó el legislador.

De la iniciativa, lo correspondiente a la Constitución Política local fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mientras que lo relativo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, se remitió a la Comisión de Justicia.