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Los riesgos de 2019: Consultas populares e inflación

Alejandro Gómez Tamez |

Es lo Cotidiano | 07 de enero de 2019

"...de materializarse tendrán un impacto importante en el desempeño económico nacional, tanto en crecimiento de la producción como del empleo y la estabilidad de precios..."


El 2019 será un año de importantes riesgos de diversa índole, los que de materializarse tendrán un impacto importante en el desempeño económico nacional, tanto en crecimiento de la producción como del empleo y la estabilidad de precios.

En los Criterios Generales de Política Económica 2019 se estableció una meta de crecimiento del PIB para el año que recién comienza de 2.0%, tasa más baja comparada con el 2.3% al que habría crecido la economía nacional en 2018. Al mediocre crecimiento esperado para este año, hay que sumarle el hecho de que nuestro país está entrando en “un periodo político peligroso”. De acuerdo con un artículo publicado el 3 de enero de este año, en el portal de Forbes, y titulado “The U.S. Economy in 2019: Challenges And Lower Expectations” (La economía de Estados Unidos en 2019: Retos y Menores Expectativas), los votantes mexicanos, quienes inclusive están más disgustados con los partidos políticos que los votantes de los Estados Unidos y el Reino Unido, eligieron a un presidente de izquierda populista que llegó al poder con un clima económico afectado por un extremadamente débil estado de derecho. Menciona que México ocupa la posición 135 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Además ocupa el lugar 95 de 113 países en cuanto a Estado de Derecho por parte del Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project). La publicación afirma que dado lo anterior, el potencial para un desempeño negativo en 2019 por parte de México es enorme.

Por otra parte, al evaluar una economía debemos poner atención en su grado de libertad económica. Las economías más libres tienden a ser más prósperas y de acuerdo a la Fundación Heritage, en el año 2018 México ocupó la posición 63 de 180 países y regiones, con una calificación de 64.8, cifra 1.2 puntos superior a la observada en la pasada medición. Esto ubica a México en la categoría de economía “moderadamente libre” y en un nivel similar al de Filipinas, Jordania, Eslovenia y Albania.  Cabe señalar que los tres primeros lugares en este índice fueron ocupados por (entre paréntesis se menciona la claificación obtenida): Hong Kong (90.2), Singapur (88.8) y Nueva Zelanda (84.2); mientras que los tres peores lugares fueron para: Cuba (31.9), Venezuela (25.2) y Corea del Norte (5.8). Curiosamente dos de los tres peores países en libertad económica son admirados por varios de los nuevos liderazgos políticos en México.

Con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, todo parece indicar que esta calificación comenzará a caer, y lo hará en parte por el mayor riesgo asociado a invertir en México. Concretamente tenemos el riesgo que representa una eventual reforma constitucional al artículo 35 para quitar los “candados” a las consultas populares. Se espera que el Congreso de la Unión aborde esta iniciativa en el próximo periodo de sesiones y logre los consensos para avalar dicha reforma. A continuación explico el tema.

Consultas populares

Desde la llegada del nuevo gobierno federal, es innegable la percepción de un mayor riego para los inversionistas que quieren hacer negocios en México. Este riesgo para los inversionistas llega principalmente por la agenda populista del nuevo presidente. Las mayores fuentes de incertidumbre para las empresas nacionales y extranjeras serán las políticas que se implementen en materia energética por parte de López Obrador y su impulso para permitir consultas ciudadanas en una amplia gama de temas. El partido de Morena ya ha propuesto reformar la Constitución para que cualquier ciudadano, cualquier grupo de interés, o cualquier orden de gobierno (federal, estatal o municipal) pueda solicitar la realización de una consulta, inclusive de temas que la ley actualmente prohíbe que sean sujetos de consulta popular. Es así que la reforma energética, gasto social, inversión privada y medidas anticorrupción podrían ser temas que se vean en una boleta de una próxima consulta popular.   

El gobierno de AMLO ve estos cambios como una manera de corregir una falla política y permitir al pueblo el tener una participación significativa más allá de las elecciones federales de cada tres años. Pero en la práctica, esta reforma tiene altas probabilidades de convertirse en una fuente de mayor incertidumbre para las inversiones y los negocios. Los inversionistas afectados por solicitudes de consultas podrían defenderse de dichas solicitudes en los tribunales. Sin embargo, los jueces podrían alinearse con la parte que busca la consulta popular, abriendo así el camino para dictar una sentencia  vinculante que estropee los planes de inversión de una compañía. 

Las inversiones privadas que podrían afectar el medio ambiente o causar preocupaciones a la salud estarían en un mayor riego. Los votantes a nivel municipal, estatal o federal podrían detener algún proyecto supuestamente disruptivo, incluyendo petróleo, gas, construcción de ductos, e inclusive proyectos de energías limpias. Los grandes proyectos de transporte, tales como autopistas también estarían en peligro. Adicionalmente, los inversionistas podrían enfrentar los problemas legales ya cuando vayan bastante avanzados en la búsqueda de financiamiento para sus proyectos. Si las consultas provocan que fracasen proyectos relevantes en materia energética y obras públicas, entonces los inversionistas considerarían a México como un destino más riesgoso para el capital y probablemente retrasen sus proyectos o de plano los cancelen.

Riesgos para proyectos energéticos

Para las inversiones en proyectos energéticos, la amenaza es mucho más grande. Además de ser un objetivo probable de las consultas populares, se enfrentan a un presidente de la República que tiene una imagen en general negativa de las reformas de 2013. Morena y sus aliados actualmente carecen de los votos suficientes que necesita en el Senado para echar para atrás partes sustanciales de dichas reformas, por lo que el camino por la vía del Legislativo está bloqueado por el momento. Pero la administración de AMLO de todas maneras tiene la intención de moldear la política energética para ajustarla a sus prioridades políticas.

Para lograr esto, el nuevo gobierno probablemente intentará ajustar los requerimientos de contenido local y los términos de los contratos, lo que puede lograr sin cambios a la Constitución o inclusive en la legislación. También puede reducir el presupuesto anual de las dependencias gubernamentales que supervisan la política energética, como lo son: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Cabe recordar que la CNH supervisa las rondas de licitación de gas y petróleo para la exploración y producción; mientras que la CRE está encargada de emitir permisos para refinación, procesamiento, mercadeo y distribución. ASEA es la encargada de aprobar los permisos ambientales para las inversiones en toda la cadena de valor.

El recortarle sus presupuestos probablemente conduzca a despidos de empleados profesionales de estas dependencias; lo que será exacerbado por la orden presidencial de limitar los sueldos a los empleados públicos. De esta manera, sin un esfuerzo amplio por modificar la Constitución o el marco legal, AMLO podría frenar la inversión privada en el sector energético mexicano durante años al disminuir el tamaño y la eficiencia de los órganos reguladores de energía. 

Los riesgos que ve el Banco de México

Ahora, en cuanto a política monetaria y los riesgos asociados a la inflación. Cabe recordar que en su pasada reunión del 20 de diciembre, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar su tasa de tasa de interés objetivo a 8.25%. Esta decisión, que sin duda daña la inversión productiva nacional, e incrementa el costo financiero de la deuda del gobierno, empresas y hogares, fue tomada por los riesgos que también observa el banco central mexicano para el 2019.

En la minuta publicada de la reunión de la más reciente Junta de Gobierno del Banxico se mencionan algunos de los riesgos que durante este año podrían generar mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales. Entre ellos se encuentra el menor ritmo de crecimiento económico, aunado a la posibilidad de un deterioro adicional en la confianza de los hogares y los negocios derivado de las tensiones comerciales de Estados Unidos con otros países del mundo. Menciona que en particular, si bien China y Estados Unidos acordaron una tregua en materia comercial, prevalece la incertidumbre sobre si efectivamente se logrará un acuerdo de largo plazo que evite un deterioro en el dinamismo económico y una afectación en las cadenas de producción a nivel global. Además, prevalece una serie de eventos de riesgo de índole política entre los que destacan las negociaciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea, la negociación del presupuesto fiscal en Italia y otros eventos idiosincrásicos en países emergentes. También señala que las altas valuaciones de algunos activos financieros y el alto apalancamiento del sector corporativo en algunos países avanzados siguen siendo un riesgo latente.

Por su parte, en la misma minuta se hace mención a los riesgos que enfrenta nuestro país en cuanto a control de la inflación, entre los que destacan los siguientes: a. Que la cotización de la moneda nacional continúe siendo presionada tanto por factores externos, como internos; b. Considerando la magnitud de los aumentos al salario mínimo recientemente anunciados, además de su posible impacto directo, se enfrenta el riesgo de que estos propicien revisiones salariales que rebasen las ganancias en productividad y generen presiones de costos con afectaciones en el empleo formal y en los precios; c. Que persistan presiones en los precios de los productos agropecuarios o que se den nuevos incrementos en los precios de los energéticos; d. Que se presente un escalamiento de medidas proteccionistas y compensatorias a nivel global; e. Que se registre un deterioro de las finanzas públicas; f. Por los choques observados y los niveles que ha alcanzado la inflación, existe el riesgo de que se presenten efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios; g. A lo anterior se suman riesgos de carácter estructural derivados de la posible adopción de políticas que pudieran conducir a cambios profundos en el proceso de formación de precios en la economía.

Dado todo lo anterior, el Banxico considera que al arranque de 2019 el balance de riesgos respecto a la trayectoria esperada para la inflación se ha deteriorado y muestra un importante sesgo al alza, en un entorno de marcada incertidumbre. En este sentido es de esperarse que en la medida en que se materializan algunos de los riesgos arriba mencionados y la tasa de inflación se mantiene fuera del objetivo del Banxico, veamos una mayor restricción monetaria que se traducirá en mayores tasas de interés, con el consecuente efecto negativo por el mayor costo financiero de las deudas, menor inversión productiva, menos dinamismo del sector construcción, menor venta de automóviles, entre otros.  

Es así que el escenario para el 2019 es complicado, parece que la economía está en una posición de enorme debilidad, lo que es exacerbado por el débil estado de derecho y la implementación de políticas públicas sin la debida planeación. Es cierto que el gobierno federal salió bien librado del reto que representaba presentar un Paquete Económico 2019 sensato que fuera bien visto por los inversionistas (quienes básicamente lo que buscan es garantizar el pago de sus intereses y capital); sin embargo, hay muchos temas que no terminaron de gustar al sector privado nacional, de los cuales estaremos escribiendo en las próximas entregas.

Director General GAEAP*

alejandro@gaeap.com

En Twitter: @alejandrogomezt

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