La siguiente anécdota la puse por escrito hace algunos años en estas páginas, pero ahora vuelve a venir al caso, ya se verá porqué: A principios de 2010, en plena época electoral, recorrimos, con Propuesta Cívica, varias colonias marginadas de León, impartiendo talleres para prevenir la compra y coacción del voto. Recuerdo muy bien los que dimos en las Joyas, porque a partir de ahí ya no pude dejar de ir a esa zona de León. Hablábamos de los regalos que estaban dando los partidos a manos llenas, cuestionando si eso era o no suficiente para comprar su voto. –Pero lo que sea de cada quién –alzaba la voz una señora– ¡sí están regalando cosas buenas! –Pues sí, están bien generosos –les replicaba yo–¿y saben de dónde sale el dinero con el que les compran los regalos? –¡Pues de nuestros impuestos!... de lo que nos quitan cada quincena –atinaba a decir otra– y los demás asentían. –¿Y saben cuánto dinero recibieron este año los partidos?, échenle, los reté. –Mmm... ¡diez mil pesos!, –se aventuró una pequeña con su libreta de tareas en el regazo. – No… tírenle más alto. –¡Diez millones! –afirmaba un viejo, con cara de yo-sí-sé-de-estas-cosas. –¡Uh, no! ¡Más alto! –¡500 millones! –dijo un joven, como bromeando, creyendo que estaba dando una cifra demasiado absurda. Los demás ríen. –Más de cinco mil millones de pesos– les dejé caer, despacito, como para no lastimar a nadie. Se apagaron las risas. Hacían cuentas en el aire, trataban de imaginar qué significaba esa cifra, para cuánto podría alcanzar, cuánto ocuparía en billetes de veinte o cincuenta pesos, que son los que más corren por sus manos. No, no lo podían ni imaginar. ¿500 millones de kilos de tortillas? De todos modos, sepa cuánto sea eso.

En el país hay al menos 40 millones de personas que viven como ellos, incapaces de imaginar esas cantidades de dinero. Muchos de ellos no reunirán en toda su vida un patrimonio mayor a los 500 mil pesos, o al millón, si sumamos su casa de INFONAVIT y su carcachita. Pero los partidos se han asegurado, con un candado en la Constitución, que su botín no baje. Reciben anualmente 65% de la UMA (la Unidad de Medida y Actualización, que sustituyó a los salarios mínimos como referencia) multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón. Y en tiempo de elecciones, un 50% más. Y aparte, otro poco si quieren hacer publicaciones o investigaciones. Por eso ellos nunca pierden: en el año 2000 recibieron poco más de tres mil millones. En el 2012, fecha de la narración de arriba, 5,142 millones. En el 2018 recibieron cerca de siete mil millones... sólo a nivel federal. Pero, además, antes de la reforma electoral del 2010, la mitad de ese dinero se iba a los medios electrónicos. Ahora no, porque el INE administra los tiempos oficiales para sus anuncios en radio y televisión. Es dinero líquido para las campañas por tierra, y las gorras, delantales, licuadoras, monederos electrónicos...

Desde hace más de una década diversas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado por la reducción de este obsceno financiamiento. En las últimas semanas ha surgido nuevamente el tema, y sorprende ver que muchos de los que antes estaban de acuerdo con la reducción, ahora se echan para atrás, porque ven en ella un intento de Morena para debilitar a los partidos de oposición; como si la falta de recursos fuera la causa de su estado de lamentable descrédito general. En realidad, el exceso de recursos es una de las causas de su corrupción y su decrepitud.

El financiamiento público a los partidos es indispensable para el funcionamiento de una democracia que no quiera verse capturada por los grandes capitales, como sucede en los Estados Unidos. Es verdad que en las últimas décadas del siglo veinte, cuando el sistema empezó a abrirse a otras alternativas electorales, el financiamiento jugó un papel importante, porque permitió a las fuerzas políticas de oposición competir contra el partido de Estado. Pero el crecimiento del financiamiento ha sido desproporcionado. En México, en una elección presidencial, gastamos 25 dólares por votante potencial. A los Estados Unidos y Brasil, las siguientes democracias más caras, les cuesta entre 11 y 12 dólares. A Francia, que puede presumir de tener una democracia más desarrollada, le cuesta menos de medio dólar cada votante potencial. No hay relación positiva entre la calidad de la democracia y su costo. Pero el problema no es sólo lo que podríamos comprar con el dinero que se despilfarra, sino en la capacidad de corrupción que ha tenido ese financiamiento en los mismos partidos y en las comunidades más pobres, y al final, en la poca legitimidad que tienen actualmente los institutos políticos. Chupar de las ubres de un partido es un negocio redituable, y eso no atrae necesariamente a los mejores.

Reducir el financiamiento, sin más, tiene, desde luego, sus riesgos, sobre todo si se mantiene la fórmula que construyeron los mismos partidos, cuando eran un club de tres o cuatro que aspiraban a repartirse el pastel eternamente. La fórmula actual hace que el botín generoso del 65% de la UMA multiplicado por el número total de empadronados, se reparta en un 70% de acuerdo con los votos obtenidos en la elección anterior y un 30% de forma igualitaria. Esto, que parece a simple vista justo, ocasiona que la alternancia se dificulte, porque el que ganó, siempre contará con más recursos para mantenerse en el poder –aparte del uso ilegal de los recursos públicos, las partidas de comunicación social, etc.–, y un partido nuevo o un candidato independiente difícilmente podrán competir.

A los electores, lo que más nos importa, es poder escuchar, en igualdad de circunstancias, las propuestas de los diferentes partidos. El financiamiento no es un premio, sino un apoyo para que subsistan y podamos conocer sus propuestas. Por lo tanto, no basta con reducir el financiamiento, sino cambiar también la fórmula para repartirlo.

Una propuesta, de larga historia, pide que el monto total se calcule, no sobre el padrón, sino sobre la votación real (sobre la cantidad de ciudadanos que los partidos fueron capaces de convencer para que fueran a votar). Esto reduce automáticamente la bolsa total a un 50% o 60% de lo que reciben ahora. Después, repartir al menos el 50% de forma igualitaria y el otro 50% de acuerdo con la cantidad de votos obtenida en la última elección. Los tiempos de radio y televisión deberían ser iguales para todos. De igual forma habrá que fortalecer los mecanismos de supervisión, y facilitar los apoyos que vengan de los mismos militantes y otros mecanismos de financiamiento.

Las reglas de la democracia se ponen para todos. No se vale proponer reducciones cuando la oposición son unos y mantener privilegios cuando la oposición son otros. La reducción del financiamiento es una demanda muy antigua que merece ser atendida.