La tensión entre “amlovers” y “pejefóbicos”, reduce la discusión de los subsidios sociales, frecuentemente, a la acusación del clientelismo –desde la perspectiva de oposición– o al de la  corrupción –por parte del gobierno–. Esto no ayuda esclarecer este tema fundamental para las políticas de desarrollo social.

Es evidente, que el sistema capitalista tiene la virtud de producir riqueza, pero el gran defecto de repartirla mal. Genera, permanentemente, víctimas colaterales. La competencia es capaz de incentivar el avance tecnológico y la producción, pero sin regulaciones y mecanismos de compensación, ésta es desigual y estanca la movilidad social. Un niño o un joven de clase baja tiene muy pocas posibilidades de competir en una carrera que inicia con desventajas evidentes para él. En un mundo en el que las variables económicas están condicionadas por poderes fácticos supranacionales, una de las pocas acciones que le quedan al Estado, es la de atender a las víctimas del sistema, y tratar de equilibrar algunas de las condiciones que pudieran poner a competir a las personas en condiciones más equitativas.

Esta es la razón por la que los gobiernos utilizan parte de los recursos públicos en programas sociales, y en particular, en subsidios a los grupos en situación de vulnerabilidad. Se hace en todo el mundo y se ha hecho en el país durante los últimos ochenta años. La pregunta de siempre es: ¿qué tipo de subsidios son los que pueden producir mejores resultados?

Una primera decisión que hay que tomar, es si hay que aplicar los subsidios para satisfacer las carencias básicas (comedores comunitarios, piso firme) o si solamente deben estar dirigidos a fortalecer el herramental de las personas para salir adelante por sí mismas (educación, capacitación para el trabajo).  Frente a esta disyuntiva, es claro que hay situaciones en las que las carencias son tan dramáticas que es necesario apoyar a las personas directamente. Pero también es verdad que si ese tipo de apoyos se eternizan, en un mismo grupo, durante demasiado tiempo, se produce una dependencia sin fin que no ayuda a las personas a crecer.

Un segunda discusión, es si los subsidios deben ser específicos o universales: ¿deben estar dirigidos a personas concretas, específicas por su condición de marginación o vulnerabilidad? ¿o deben dirigirse a todos, como un derecho universal? Muchos piensan que deben ser “tiros de precisión”, atender sólo a “quienes realmente lo necesitan”, y dejar de darse en cuanto las personas salgan de esa situación. Durante muchos años, en México, ésta ha sido la estrategia. La desventaja es que, para dirigir estos subsidios de manera estricta, ha sido necesario crear estructuras burocráticas que consumen, en muchas ocasiones, más dinero del que realmente otorgan. Se ha producido, por lo mismo, una dispersión de los recursos en miles de programas, porque se atiende, por un lado, a quienes tienen insuficiencia alimentaria, y por otro a quienes tienen necesidades de apoyo en escolarización, etc..

Otra desventaja es que pertenecer a los grupos vulnerables, es la única posibilidad de recibir el apoyo, a tal grado, que algunas personas pueden rechazar ofertas de trabajo porque este nuevo ingreso las haría no elegibles. Perder la condición de marginado, les quita el subsidio. La decisión sobre a quién dar, además de ser más costosa, se presta más al clientelismo, porque quien decide a quién sí se apoya y a quién no, tiene poder sobre quien lo recibe. La dependencia clientelar no se da, como se ha dicho, porque el pobre esté agradecido con el que le dio, sino por el poder que tiene una persona en particular, de decidir a quien dar y quien no dar (si “se porta bien”) Este mecanismo ha funcionado, frecuentemente, a través de los jefes de colonos o líderes partidarios, quienes son, en tiempos de elecciones, los encargados de supervisar quienes votan y quienes no.

La más radical de las propuestas, en sentido opuesto, es el subsidio básico universal: un recurso a todos y todas por igual, independientemente de su condición. Curiosamente, esa era la propuesta del candidato del PAN en la pasada elección, si bien la fue matizando a lo largo de la campaña. La gran ventaja de un subsidio así, es que resulta menos burocrático y no permite lucrar a terceros con él, pues se recibe automáticamente una vez que se cumple cierta edad. Su costo de administración es infinitamente más barato que los subsidios específicos, aunque al ser universal, se requiere una cantidad muy grande de dinero para repartir. Pero hay posiciones intermedias: por ejemplo, un subsidio a todos los adultos que pasen de cierta edad, a todos los jóvenes, a todos los estudiantes etc. Si se ve, la diferencia es que para recibir el subsidio no se necesitan cubrir muchas condiciones sino pertenecer a un grupo etario específico, o una condición fácilmente demostrable (ser estudiante)

Otra discusión es si el subsidio debe estar condicionado a un uso, o incluso, darse en especie, de tal forma que el beneficiario lo use sólo para lo que el recursos fue asignado.  Aquí hay también dos posiciones: quien dice que las personas son adultas, y si se les da un subsidio para guardería, por ejemplo, y lo usan para comprar cerveza, es su decisión. La otra dice, que la justificación para que el dinero público se otorgue a una persona como subsidio, tiene su razón de ser en la carencia de un derecho específico, por lo que utilizar ese recurso para satisfacer cualquier necesidad o cualquier “antojo” extingue la obligación del Estado de otorgar ese apoyo.

En las políticas sobre el tema, esbozadas por el Presidente a golpe de conferencias mañaneras,  se adivina (apenas) una intención de subsidios universales por grupos etarios con condiciones específicas (estudiantes, jóvenes trabajadores, viejos). Universal, porque los requisitos para recibirlas son la simple comprobación de la pertenencia a ese estrato poblacional. Y al ser universales y directos, no fomentan necesariamente un mayor clientelismo. A reserva de conocer más de cerca su funcionamiento y reglas, es una propuesta que puede funcionar. Me preocupa más la aversión del presidente a los subsidios a través de organizaciones de la sociedad civil, o el preferir dar, en cualquier caso, dinero y no servicios en especie. Parte, aparentemente, de un prejuicio, y puede tener un costo social muy importante. Pero eso merece otro artículo, de hoy en quince.