El actual proceso electoral mexicano se ha diferenciado de los anteriores por desarrollarse en medio de la mayor ola de violencia social y política del último medio siglo. Desde hace doce años nuestro país se debate en una crisis social que refleja los avatares de un cambio geopolítico internacional: la desviación de los flujos de drogas internacionales, con la consecuencia de que los cárteles criminales que controlan los flujos son ya mexicanos y no colombianos. Además, se ha sumado la incapacidad estructural del país para generar empleo bien remunerado —los nuevos empleos formales son mal pagados—, con lo que dos generaciones de mexicanos depauperados han encontrado una atractiva vía de subsistencia el involucrarse con el crimen organizado.

La clase política se ha convertido en uno de los objetivos de las mafias del crimen mexicano. Se busca controlar a las autoridades más locales: alcaldes, jefes de policía, ediles, pero también se llega hasta los mandos estatales o federales. Este es un fenómeno que antes estaba restringido a unas cuantas áreas geográficas, pero que ahora afecta a una enorme porción del país, incluyendo espacios como el estado de Guanajuato, que hasta hace pocos años se había mantenido al margen de la violencia criminal. Es por eso que en estas elecciones vemos cómo ser candidato a cualquier cargo representa un peligro potencial a la propia integridad física, incluso la vida. Vemos en los medios ejecuciones arteras, amenazas, violencia física y demás irracionalidades, que ponen en riesgo nuestra convivencia pacífica, la viabilidad como sociedad y la eficacia del Estado.

La violencia política se interpone con el ejercicio pleno de los derechos políticos limitando la participación de los actores. Los registros de violencia política ya no son algo extraordinario. Como referencia tenemos el registro que ha realizado la consultora Etellekt en el Quinto Informe de Violencia Política en México 2018, que indica que durante el proceso electoral 2017-2018 ―del 8 de septiembre al 16 de junio―se han presentado 465 casos de agresión contra actores políticos en nuestro país, de los que se registró el asesinato de 120 actores entre los que destacan más de 43 precandidatos y candidatos registrados asesinados.

México registra niveles de violencia política que siguen en aumento, según el Atlas de Riesgo Político Electoral ―realizado por OSC’s y especialistas― el saldo de los últimos doce años ha sido de 292 víctimas de asesinato, atentado, tortura o desaparición.

Estos actos afectan a las instituciones y, en nuestro caso, al desarrollo del proceso electoral de formas indefinidas. Por ejemplo, en Guerrero han renunciado ―sin sustitución― 440 candidatos, e incluso han declinado a la contienda dos planillas completas de candidatos a ayuntamientos. Aunque no se ha especificado que todos ellos lo hayan hecho debido a la violencia. Por otro lado, el porcentaje de participación de los electores también es una preocupación creciente: el miedo puede ser disuasorio del voto.

En respuesta, la autoridad electoral ha condenado estos actos.  En el comunicado de prensa 322 del 8 de junio, el INE ha demandado a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno condiciones adecuadas, así como también ha emitido un comunicado en contra de la violencia política de género. En el estado de Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) ha condenado enérgicamente en distintas ocasiones la violencia social y política que padecemos, y por supuesto el asesinato de dos candidatos.

Dentro de la violencia política, destaca la violencia de género; sin embargo, la creciente del crimen ha sido indistinta.  Según Etellekt, un tercio de las agresiones son realizadas contra mujeres. El pasado 14 de junio el Observatorio de Participación Política de las Mujeres convocó a una manifestación nacional del cual fuimos parte. El #AltoALaViolenciaPolítica se reflejó en las diferentes plazas como un llamado urgente y pacífico a las autoridades para que se detengan los asesinatos y las diferentes muestras violencia política contra las mujeres —y contra los varones.

Los procesos democráticos son enemigos de la violencia, son su antítesis; cualquier acto que busque minimizar la libertad política y que afecte la paz en los procesos sociales, y el ataque a las instituciones mismas, debe ser tomado con la seriedad que se requiere.

Colaboró: Diana Lilia Mejía Rodríguez