Como guanajuatense de nacimiento y querencia, he testimoniado con mucho dolor cómo mi entidad se ha batido en sangre desde hace tres o cuatro años. Según Newsweek Guanajuato, en 2015 hubo 863 homicidios intencionales; después en 2018 la cifra montó a 2,609 asesinatos dolosos, un 202% de incremento. Eso colocó al estado en el segundo lugar nacional en ese último año, después de Baja California. Si sumamos los homicidios culposos Guanajuato sube al primer lugar nacional, con 4,277 casos mortales.[1] Ahora bien, dado que la estimación de la población de Guanajuato de 2015 fue de 5 millones 853 mil 677 personas, obtenemos un índice de 44.6 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes en 2018. La tasa nacional de ese año fue de 25. Claro, las fuentes de información estadística con frecuencia difieren entre sí, a veces por motivaciones políticas, por lo que prefiero referirme al clima social y la percepción sobre esta situación.

Hasta hace poco los guanajuatenses gustábamos de concebir a nuestro espacio social como una ínsula de paz, ajena a las violencias padecidas en Michoacán o Jalisco; más bien cercanos a la tranquilidad de Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Pero todo ha cambiado. Resulta que ahora experimentamos masacres horrendas como la del antro de Salamanca donde se ejecutó a 15 personas el pasado 9 de marzo, o los cuatro funcionarios de Salvatierra ultimados el 27 de marzo, o las 18 ejecuciones acumuladas en la antes plácida Guanajuato capital —180 mil habitantes— en estos últimos tres meses. Según nota de ayer de Salvador Camarena, “el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [señaló que] la entidad registró 479 homicidios dolosos entre enero y febrero, un alza de 46 por ciento con respecto al mismo periodo de 2018. Sólo tres municipios (Irapuato, León y Salamanca) concentran el 43 por ciento de los homicidios.”[2]

Una auténtica guerra delincuencial se libra en los 30 mil kilómetros cuadrados de Guanajuato. Un estado de gran dinamismo económico —4.8% anual de crecimiento desde hace varios años— que por lo mismo atrae la codicia de los cárteles fuereños, y que además su situación de nodo petrolero del centro del país lo ha convertido en el paraíso del robo de combustibles, generando su propio cártel nativo, el del incorpóreo Marro.

Las acciones oficiales no han impedido ni moderado esta situación. De poco ha servido el oneroso programa Escudo, que sembró de cámaras de videovigilancia la geografía urbana y carretera de la entidad, y que no disuade a los macuarros ni provee elementos para su persecución. Las corporaciones locales de seguridad están diezmadas y desarticuladas, siempre padeciendo deserciones, filtraciones y escasez de arreos, armamento, salario y profesionalización. El miedo cunde entre las huestes policiacas. Además, los celos y rivalidades partidistas entre autoridades no ayudan a la consolidación de un aparato tripartita de reacción e investigación eficaces.

Pero todo queda corto cuando observamos la baja estima que la población evidencia hacia la ley, el orden y la autoridad. El bandidaje es venerado entre el pueblo, porque todavía no hemos sabido construir ciudadanía. Robar o delinquir se justifica como reacción de autodefensa ante el mal gobierno, o ante el poderoso. Chucho el Roto vive en el corazón de muchos: lo vimos en Santa Rosa de Lima, donde la gente se lanzó a proteger al villano benefactor, al Señor del Huachicol, que roba al rico —Pemex, el gobierno— para darle al pobre. La ley y el derecho son vistos con desconfianza, como parte de un sistema que oprime al necesitado y protege a los “de arriba”.

La crisis de la violencia es estructural y de largo plazo. Hoy por hoy, los incentivos del crimen son muchos y muy poderosos. Toda una generación de mexicanos se está dejando seducir por el lado obscuro de la fuerza, y sucumbe a la tentación de la plata y el plomo. La estrategia de atención debe ser multidimensional y desde dos frentes: la prevención y la contención. Prevención mediante programas de desarrollo social efectivos y subsidiarios, no asistenciales —ojo, 4T—; junto con programas educativos, culturales y de reconstrucción del tejido social. Contención mediante la imposición legítima del estado de derecho y el reforzamiento de los recursos de coerción y persecución con visión de derechos humanos.