Pasó esta semana por México la ex presidenta de Chile y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un primer acercamiento a la realidad mexicana de las desapariciones, ejecuciones y tortura. Muy timorata fue la cobertura de los medios a esta visita, como lo es en general cuando se habla de los ya más de 40.000 desaparecidos, o del cuarto de millón de víctimas violentas desde el sexenio de Calderón. Para la misma Bachelet, hija de un desaparecido por la dictadura de Pinochet, fue un regreso a su historia y una sorpresa, porque confesó desconocer la magnitud de las cifras, de las que también mencionó los 26.000 cuerpos aún sin identificar, 850 fosas clandestinas y nueve mujeres asesinadas al día.

Me parece importante que la misma Alta Comisionada mencionara en entrevistas posteriores a su gira, que la violencia que aún sacude a México es comparable con la dictadura chilena, y que considera que si el país austral “pudo avanzar y superar las grandes violaciones de derechos humanos en las líneas de la justicia, verdad, reparación, y de generar mecanismos que garanticen la no repetición, México también lo logrará.”

Buenos deseos que se plasmaron en la firma de dos acuerdos que ojalá sirvan para algo, aunque tenemos todos los elementos para dudarlo.

El primero de ellos consistió en un tratado para la Formación y Operación en derechos humanos para la Guardia Nacional, en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se comprometió a asesorar y asistir de manera técnica la formación y operaciones del cuerpo de seguridad. Un cuerpo cuya dirección la asumirá un militar en activo, cuando las mismas Naciones Unidas, el Senado, las organizaciones civiles y un muy extenso etcétera, solicitaron y acordaron con el gobierno de López Obrador que estaría en manos de un civil. Se avista una controversia constitucional y un pulso de película del Ejecutivo con el Poder Judicial.

Desconocemos qué acuerdos previos realizó AMLO con la cúpula militar en sus larguísimos meses de candidato electo, cuando anduvo de reunión en reunión con los uniformados. Por lo que se ve, todo parece dispuesto a mantener el statu quo, con unas fuerzas armadas muy costosas, muy letales e intocables. De lo cual no debería sorprendernos que la cifras no cambien.

El segundo acuerdo se realizó para  apoyar a la Comisión de la Verdad en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Tras cuatro años de verdades históricas, parece que por fin se buscará esclarecer lo que sucedió con los estudiantes de Iguala, Guerrero, y dar con su paradero, además de hacer justicia y castigar a los responsables. Sin embargo, previo al acuerdo no hemos visto ningún cambio sustancial en la Fiscalía General, con un titular que ha estado desparecido durante semanas, y del cual se han rumorado tanto enfermedad como una posible renuncia.

Respecto al caso Ayotzinapa el problema no sólo recae en la Fiscalía, culpable de buena parte de la impunidad reinante en el país. Los 86 tomos de la investigación, bien hecha o no, han pasado por las manos de cuatro jueces diferentes. Es decir, es casi imposible afirmar con certeza que hayan tenido tiempo para estudiar el caso a fondo. Y hay más: para dos de ellos, que ocuparon el cargo entre febrero de 2016 y el 30 de septiembre de 2018, fue su primera adscripción. Es decir, eran jueces novatos. Mientras que el juzgador actual tiene el caso desde el 1 de octubre del año pasado, ¿cree usted que hasta la fecha, y apenas tomando noticia de los cientos de asuntos que ya trae su juzgado, ha tenido tiempo suficiente para conocer a fondo el caso?

Una visitante que canta cifras incómodas y se compromete a ayudar donde nadie, al parecer, desea ayuda. Visto así, volveríamos a la consabida frase del Gatopardo: esta transformación quiere cambiarlo todo para que nada cambie. Mientras tanto, el problema mexicano, cuya violencia carece en buena parte tanto de caras como de nombres, sigue ahí.

Comentarios a mi correo electrónico: [email protected]