Las dificultades en materia de inversión productiva continúan para México. El INEGI acaba de informar que el Índice de Volumen Físico de la Inversión registra una disminución de -2.1% en el comparativo de los primeros cuatro meses de 2019 respecto a los mismos meses de 2018, lo cual se debe a una contracción de -0.8% en la construcción y una caída de -3.9% en maquinaria y equipo. Como lo señalamos hace unas semanas, lo que sucede con la inversión productiva en México es reflejo de la incertidumbre para hacer negocios en el país y también obedece a expectativas económicas cada vez más frágiles para lo que queda de este año y para el 2020.

En este contexto, el pasado 11 de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el documento “Declaraciones del Clima de Inversión 2019: México”, en el cual se hace una crítica a algunos aspectos de la vida nacional que preocupan al gobierno de Estados Unidos y, desde luego, a los empresarios de dicha nación. En esta entrega, presento un resumen de los aspectos más importantes mencionados en el documento.

El documento comienza con un diagnóstico de la posición competitiva de México en varios aspectos. Señala que en 2018 nuestro país ocupó la posición 138 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. En 2019 ocupamos la posición 54 de 190 países en el Reporte del Banco Mundial de Hacer Negocios (Doing Business Report) y en 2018 estábamos en la posición 56 de 126 países en el Índice de Innovación Global. Por su parte, el documento apunta que en 2017 había 109.7 miles de millones de dólares de inversión extranjera estadounidense en el país.

Se destaca que México es uno de los principales socios comerciales y de inversión de los Estados Unidos. El comercio bilateral creció 650% entre 1993 y 2018 y menciona que México es el segundo mercado de exportaciones y el tercer mayor socio comercial de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son la principal, fuente de inversión extranjera directa (IED) siendo ésta de 12.3 miles de millones de dólares en 2018, cifra que representa el 39% del flujo total de IED que llega a México.

La economía mexicana registra una tasa de crecimiento promedio de su Producto Interno Bruto (PIB) de 2.6% en el periodo de 1994 a 2017. Señala que México se ha beneficiado, desde la crisis Tequila de 1995, por una buena administración económica que le ha ayudado al país a sortear un periodo de bajos precios internacionales del petróleo y una volatilidad global significativa. Reconoce que el Presupuesto de Egresos de 2019 es prudente al tener como objetivo un superávit primario de 1% del PIB, además de que el nuevo gobierno ha respetado la autonomía del banco central. La inflación al cierre de 2018 fue de 4.8 por ciento, una mejora respecto del 6.6% registrado al cierre de 2017, pero aun por encima de la meta del Banco de México de 3%. Apunta que la inflación fue causada por la depreciación del peso frente al dólar y por los precios más altos de los combustibles, lo que a su vez fue ocasionado por los esfuerzos del gobierno de estimular la competencia en ese sector.

Dos temas que sin duda son relevantes para la atracción de inversión son los relacionados con las perspectivas de ratificación del Tratado México – Estados Unidos – Canadá (USMCA por sus siglas en inglés) en el 2019 y el cambio histórico en el gobierno mexicano el 1 de diciembre de 2018. Sobre esto, el Departamento de Estado señala que éstos se mantienen como las dos principales fuentes de incertidumbre para la inversión extranjera. Destaca que la nueva administración ha señalado su compromiso con políticas fiscal y monetaria prudentes; pero de cualquier manera, algunas de las  políticas públicas y programas implementados que están en conflicto, y la estrategia de comunicación de la nueva administración, han contribuido a la continua incertidumbre, especialmente en las reformas del sector energético y en la salud financiera de Pemex.

El reporte señala que “los inversionistas están cada vez más preocupados” porque el gobierno federal está minando la confianza en “las reglas del juego”, particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política  de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), así como de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El texto del Departamento de Estados señala “La administración designó cuatro de los siete miembros de la CRE por encima de las objeciones del Senado, quienes votaron dos veces para rechazar a los nominados, en parte por las preocupaciones de que con dichas nominaciones se erosionaría la autonomía política de la CRE“.

De igual manera, el reporte señala que los recortes presupuestales de la administración han resultado en despidos significativos, lo que ha complicado la capacidad de ciertas oficinas gubernamentales de realizar su trabajo, lo que constituye un factor clave en las decisiones de inversión.  

El reporte también destaca que la mayoría de las instituciones financieras, incluido el Banco de México, han revisado a la baja sus expectativas de crecimiento del PIB para 2019; mientras que las principales calificadoras de riesgo han degradado o puesto con perspectiva negativa, la calificación de la deuda soberana de México. 

Se destaca que la administración federal cumplió la promesa de campaña de cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto, recortar los salarios de los trabajadores gubernamentales, suspender las subastas de energía, pro también ha debilitado los organismos autónomos. La incertidumbre respecto al cumplimiento de los contratos, la creciente inseguridad y la corrupción continúan debilitando el crecimiento económico de México. Estos factores elevan significativamente el costo de hacer negocios en México.

El Departamento de Estado reconoce que un pilar clave de la campaña presidencial de López Obrador fue combatir la corrupción en todos los niveles. Sin embargo, menciona que la complicidad del gobierno y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con elementos criminales es todavía un tema de “preocupación significativa”; y agrega que “aunque la corrupción pública y privada se puede encontrar en muchos países, la colaboración de actores gubernamentales (frecuentemente debido a intimidación  o amenazas) con organizaciones criminales representa un reto serio para el estado de derecho en México.”

Finalmente, el Departamento de Estado también señala que la inseguridad se mantiene como una fuerte preocupación para las empresas que consideran invertir en México. “La Cámara de Comercio de Estados Unidos en México estima en su reporte bianual que los costos de seguridad para los negocios representan hasta el 5% de sus presupuestos operacionales. Muchas empresas eligen tomar precauciones adicionales para la protección  de sus ejecutivos. También reportan crecientes costos de seguridad en los traslados y envíos de mercancías.

Después de leer el reporte del Departamento de Estado, queda claro que hay enormes retos que atender si queremos ser competitivos en la atracción de inversiones. Lamentablemente a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, no le preocupa la economía por lo que entonces es de esperarse que ésta se deteriore más y más. Entonces es evidente que es responsabilidad de los empresarios el exigir que se den las condiciones mínimas suficientes para que se de la inversión nacional y la extranjera. El estado de derecho, la certeza jurídica, la lucha contra la corrupción y la inseguridad deben ser prioridad.

Director General GAEAP*

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