Uno de los retos más grandes que enfrentará la próxima administración del gobierno federal, la cual será encabezada por Andrés Manuel López Obrador, será el combate al contrabando y las demás prácticas ilegales de comercio internacional. Estas actividades, que se derivan de un marco legal anticuado y por los problemas de corrupción en las Aduanas del país, son sumamente perjudiciales para la planta productiva nacional y afectan la cantidad y calidad del empleo en México.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, parece entenderlo ya que en su pasada reunión del 9 de julio con las cámaras industriales que conforman la Concamin, se comprometió a luchar contra las diversas formas de ilegalidad, habló de la importancia de erradicar la venta de facturas e inclusive mencionó que la persona que esté al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante su administración debe ser como “un santo”. Este pronunciamiento arrancó los aplausos de los empresarios presentes en la reunión.

Desafortunadamente al día de hoy, la evidencia apunta a que en México el problema de ilegalidad va en aumento desde hace ya varios años. Los casos de importaciones introducidas en condiciones de ilegalidad son una constante, lo que ocasiona graves problemas para las empresas formalmente establecidas, más conflictos con las autoridades federales y más confusión para el consumidor. Los datos muestra que las Aduanas permanecerán porosas a pesar de las “buenas intenciones” gubernamentales por sellarlas; lo que nos lleva a la pregunta de cómo debemos entonces combatir el contrabando o comercio ilegal.

Desde tiempos del presidente Calderón, México ha suscrito diversos acuerdos y planes aduaneros con varios países para fortalecer la cooperación y coordinación entre sus aduanas. Se han implementado diversas iniciativas específicas que abarcan temas tales como la cooperación para fortalecer la integridad del personal aduanero; la automatización de todos los procesos de despacho aduanero; la coordinación de las operaciones diarias y proyectos de infraestructura en la frontera común con Estados Unidos; el fortalecimiento de las acciones en materia de aplicación de las leyes para combatir con mayor efectividad el contrabando, el fraude aduanero y delitos relacionados; el aumento de la cooperación en materia de seguridad, especialmente en el caso de cargamentos de mercancías que por su naturaleza requieren controles especiales, entre otros. Sin embargo, nada de esto ha funcionado para combatir la ilegalidad y vemos como en sectores como el calzado cerca del 40% de lo que se importa “legalmente” al país lo hace con precios por debajo de su costo de materia prima.  En los sectores textil y del vestido, al igual que en muchos otros, las estadísticas son igualmente preocupantes.

En México la forma en que se lleva a cabo el contrabando ha cambiado. Ya no estamos hablando de los grandes cargamentos de zapatos, textiles, perfumes, electrodomésticos y aparatos electrónicos ocultos en maletas, en cajas de cartón y a bordo de vehículos de doble cajuela que cruzan por ciudades fronterizas o en embarcaciones por puertos como el de Panamá y que terminan en la distribución y venta en mercados de los tianguis del país.

Actualmente, las mercancías de contrabando entran por la puerta grande; pasan las aduanas en grandes contenedores y sobre ellas está la mirada de los agentes aduanales; sin embargo, se trata de  embarques ilegales facturados en un país distinto al lugar real de su origen, triangulado con el fin de evadir impuestos. Otra modalidad es el declarar un valor de la mercancía inferior al real con el fin de evadir las correspondientes contribuciones.  Estos dos casos son ejemplos del denominado "contrabando técnico".

Cuando en México la autoridad ha firmado algún acuerdo en materia aduanera, en principio todo suena muy bien, pero el problema es que están ausentes las medidas o acciones concretas para combatir el “contrabando técnico”.  Por su parte, la situación se agrava por la ausencia de percepción de riesgo entre los importadores subvaluadores y esto se debe a que en lo que va del actual sexenio ningún empresario a pisado la cárcel por este delito, no obstante que hay órdenes de aprehensión giradas en su contra. Además de que el gobierno mexicano no se ha preocupado por firmar acuerdos internacionales para que se sancione a empresarios extranjeros que coadyuven en la falsificación de una factura o un pedimento aduanal.

En este contexto, vale la pena recordar lo señalado en el libro de 2005 de Moisés Naím, titulado “Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo”. En su obra, Naim hace un análisis impactante acerca del problema global del contrabando de bienes, drogas, armas de todo tipo y tamaño, dinero lavado, propiedad intelectual, recursos naturales y hasta gente y sus órganos.

Naím asegura que el tráfico ilegal es lo suficientemente penetrante como para amenazar la estabilidad mundial y juega un papel primordial en la lista de problemas nacionales e internacionales. En su libro el autor menciona que México, junto con Colombia, Rusia, Afganistán y muchas partes de Asia y Africa, son ubicaciones  donde “los traficantes de bienes ilegales, que están conectados a redes globales, tienen un papel definitorio en los asuntos económicos, políticos y militares”. Y agrega que ''En estos países las redes de comercio ilícito pueden 'capturar' fácilmente organismos públicos: aduanas, tribunales, bancos, puertos, policía... Además, raramente se olvidan de reclutar periodistas, políticos y líderes empresariales''.

El problema del contrabando a nivel global es realmente preocupante. Si el monto del lavado de dinero puede ser utilizado como una aproximación para la actividad de contrabando global, entonces tenemos que éste ha crecido en 10 veces desde su nivel de 1990, a poco más de un billón de dólares ahora en día – equivalente al 10 por ciento del comercio legítimo. La mayor parte de esto es narcotráfico, que suma aproximadamente 900 mil millones de dólares al año. Las ventas ilegales de armas suman 10 mil millones de dólares al año; la descarga ilegal de basura toxica entre fronteras suma 12 mil millones de dólares; el contrabando de personas (incluidas mujeres y niños para explotación sexual) suma 7 mil millones de dólares; la piratería de películas 3 mil millones; arte robado 3 mil millones (todas estas son estimaciones generales de fuentes oficiales y asociaciones comerciales.)

Así pues, la conclusión que se obtiene de todo estos es que entre menos esté preparado un país para hacer frente al problema del contrabando (por falta de tecnología, infraestructura o simplemente por corrupción), más apetitoso se vuelve para las grandes bandas internacionales.

Habiendo dicho todo lo anterior, es urgente centrar nuestra atención en modificar el marco legal para que las autoridades tengan más elementos para desechar valor en la Aduana cuando se pretenda importar una mercancía claramente subvaluada, además de que se deben endurecer las penas y aplicar sanciones más severas para quienes incurren en contrabando técnico. En este respecto se debe señalar que cuando varios de los sectores productivos han hecho propuestas de cambios, los funcionarios del SAT generalmente las desechan, dicen que son de difícil implementación o cualquier otro pretexto para que las cosas sigan igual; tal parece que no tienen mayor interés en modificar el marco legal que les ayude a hacer mejor su trabajo.

Para combatir el contrabando, también es importante aumentar las revisiones físicas que se realicen a los contenedores que entran al país. Las autoridades de Aduanas han implementado un sistema en el cual las revisiones físicas se han disminuido dramáticamente argumentando una simplificación aduanera, pero la realidad es que este tipo de medidas también disminuyen la percepción de riesgo, y los importadores tienen el incentivo para realizar una incorrecta clasificación arancelaria (clasificar la mercancía erróneamente en alguna fracción que pague una menor tasa arancelaria) o declarar falsamente la cantidad de mercancías que se van a importar. Esto es algo a lo que se arriesgan porque lo más probable es que no los van a descubrir, y si los descubren sin ningún problema pueden decir que fue un error, corregir, pagar la multa, y se acabó el problema.

Este es un problema muy importante que afecta a las empresas y a los cientos de miles de familias en México que viven de la industria del calzado y el cuero, así como de la industria textil y del vestido, y éstas se están viendo seriamente afectadas por el cierre de empresas y pérdida de empleos.

A manera de conclusión no basta más que decir que se requieren modificaciones al marco legal para que se defienda la economía de esas familias y la de todos los mexicanos. De igual forma, se debe erradicar la corrupción en las Aduanas y se deben ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de importadores subvaluadores que descansan en algún cajón de la Procuraduría General de la República. La entrada del  nuevo gobierno representa una magnífica oportunidad de cambiar lo que evidentemente no funciona bien, confiamos en que así sea.  

* Director general GAEAP

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