Los acontecimientos de violencia atribuidos al crimen organizado en Michoacán son un reflejo de la ingobernabilidad, colusión, omisión e incapacidad de los distintos niveles de gobierno para solucionar los problemas que ahí se presentan.

En esta entidad la situación se agravó en las dos últimas administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, que a pesar de ser la alternancia frente al PRI, no pudieron o no quisieron romper con el lastre que le ha significado a Michoacán vivir en un estado de violencia generado por décadas de convulsión social. A lo anterior se suma la imposibilidad de que Fausto Vallejo gobierne debido a los problemas de salud que presenta. Ante ello, los poderes formales se ven disminuidos.

En este momento hay entidades que presentan problemas de violencia en grado extremo, es el caso de Tamaulipas, Coahuila, Guerrero; y también donde la incidencia se focaliza en municipios e impacta la vida económica, política y social de sus habitantes, es el caso de Chihuahua, Jalisco, Durango, por mencionar algunos.

Ante esta coyuntura, el estado de Guanajuato no presenta un mejor estado de cosas. En los últimos meses se han incrementado los delitos en materia del fuero común y del fuero federal. Las cifras de la Procuraduría de Justicia del Estado así lo confirman en relación con el robo con violencia, homicidio doloso y extorsión. Aunque ha disminuido el secuestro, lo anterior contabilizando el 2012 y lo que va del 2013.

Cabe mencionar que en los municipios colindantes con Michoacán el clima de inseguridad es latente. Estamos hablando de Acámbaro, Salvatierra, Moroleón, Abasolo y Pénjamo.

Todo lo anterior nos lleva a determinar que se presentan escenarios de ingobernabilidad en algunas zonas del país. Situación grave que los gobernantes no han querido aceptar por el costo político que esto les acarrea. Pero no hay que perder de vista que el peor costo que pagamos todos es el acotamiento de las libertades y de los derechos de las personas.

Pero ante ello… ¿qué hacer?

En muchos casos la complicidad de la autoridad es evidente y no se puede ser pasivo; el señalamiento, la exigencia y el generar conciencia social es el primer paso.

Por el lado de la estrategia, la respuesta se encuentra plasmada en distintas investigaciones de profesionales en la materia; uno de ellos es Edgardo Buscaglia.

Se requiere voluntad política de los gobernantes para solucionar el problema.

Y la que considero más importante: una amplia demanda social, para que los ciudadanos se movilicen y exijan a sus autoridades que realicen su trabajo.