“La acción colectiva es un medio mediante el cual se protegen y defienden los intereses y derechos que corresponden a una colectividad o grupo de personas, así como para el ejercicio de derechos personales, particulares o individuales que corresponda a los miembros de un grupo”.

La semana pasada, escribí: “Guanajuato esta en los primeros lugares de homicidios dolosos y tiene 2do lugar de feminicidios y  de muerte violenta de menores. Se requiere una estrategia que implica el actuar con profesionalismo y desarrollar políticas públicas desde una visión soportada en la seguridad humana, para desplegar acciones  de prevención de la violencia y el delito, que pasa por algo simple: cumplimiento de metas con plazos, en donde la vida y la seguridad de las personas es la principal responsabilidad y prioridad, respetando el Estado Derecho y la vigencia plena de los Derechos Humanos. Por ahora los plazos están vencidos y ya no debe la sociedad dar ninguna prórroga”.

Habrá que agregar que “Guanajuato terminará en 2019 con el primer lugar consecutivo de homicidios dolosos, en 2018 -3,290-, siendo también el estado con el mayor número de agentes de seguridad ejecutados en 2018 y en 2019. De 2015 a 2019 el número de mujeres heridas con armas de fuego y punzocortantes atendidas en unidades de salud paso de 117 a 776, un 563%. […] Guanajuato es  segundo en el número de denuncias por lesiones dolosas contra mujeres (5,669), es quinto en víctimas mujeres de secuestro (15), cuarto en víctimas mujeres de corrupción de menores (93), séptimo en violación (188) y tercero en llamadas por acoso u hostigamiento sexual (618) y en llamadas por violencia familiar (59,194)”*. Es en este contexto que junto con asesinato de Ana Daniela que la protesta de los y  las universitarias se concretó en el paro de la Universidad de Guanajuato.

Las jóvenes mujeres universitarias de la Universidad de Guanajuato, junto con muchos universitarios, no le dieron ninguna prórroga a las autoridades, tanto de la  universidad, como del municipio y del gobierno del estado, incluido el Gobernador y el Fiscal General del Estado. Las negociaciones mostraron la fuerza, el enojo, la convicción y el talento, desde una mirada crítica, social e incluyente de las universitarias, pero sobre todo en la claridad de las demandas y necesidades de las jóvenes mujeres, logrando contra todo pronóstico el que fuera escuchada toda la comunidad universitaria. Convirtiendo su protesta legítima en una acción social emergente, que habla por toda la sociedad ante la ineficiencia, la omisión y el desenfado con el que las autoridades han dicho y dicen atender el problema de la inseguridad.

La visión de entender el fenómeno de la inseguridad como un problema social que no solo afecta a la comunidad universitaria y con ello exigir el derecho a la seguridad humana y a no tener que estar viviendo con miedo, implicó  exigir de las autoridades su trabajo y compromiso para evitar y erradicar  todas la formas de violencia, en especial contra las mujeres y exigiendo acciones concretas para frenar  y sancionar el acoso sexual dentro de la universidad.

La acción colectiva ha crecido en capacidad organizativa y ha logrado la empatía social en la población. Las muestras de apoyo, la solidaridad y la suma de otros universitarios a la demanda por seguridad, tanto de integrantes de instituciones públicas y privadas no se ha hecho esperar. Con ello se marca un antes y después en Guanajuato. La movilización social en Celaya de hace unos meses, también exigiendo seguridad y justicia ante el homicidio de un joven estudiante, mostró el cansancio social ante un gobierno municipal y estatal, que han sido en el menor de los casos omisos e irresponsables ante la creciente ola de violencia y del incremento de los delitos en buena parte del territorio guanajuatense.

Una de las cosas básicas en la teoría del Estado, es entender que la responsabilidad de la seguridad pública es potestad exclusiva del Estado y de las instituciones que han sido creadas para tal fin. La visión neoliberal ha creado y vendido la idea de que el problema de la seguridad es un asunto privado, de ahí que se invierta en protecciones en casas y negocios, en cámaras de vigilancia, en seguridad privada, en la compra de seguros contra robos, en autos blindados, etc., y a tener que cambiar hábitos y rutinas producto del temor, con lo que se ha hecho pensar que se necesita comprar seguridad, y con ello se ha creado un lucrativo negocio que muestra día con día que no resuelve de fondo el problema de la inseguridad, ni tampoco inhibe la comisión de delitos.

Sin duda hay un nivel de corresponsabilidad de las y los ciudadanos, pero el cuidado y bienestar de la población en su integridad, su vida y en sus bienes es responsabilidad única del Estado, como garante del orden constitucional y de la vigencia del Estado de Derecho, en apego irrestricto a los Derechos Humanos.

Las y los estudiantes de la Universidad de Guanajuato han dado una lección en la práctica sobre Derechos Humanos se puede leer y reconocer en diversos espacios en las redes sociales, pese a intentos difamatorios promovidos por el propio gobierno estatal y es en este contexto de lucha que los y las jóvenes universitarias han creado, que se refuerza la urgente necesidad de exigir a las autoridades que trabajen en favor de la sociedad, para algo muy simple y es que se hagan cargo de su responsabilidad para lograr que cada niño, niña, adolescente, mujer y toda persona que habita en Guanajuato pueda “vivir sin miedo”.

En los años 70’s en Alemania el Partido Verde impulsó una campaña política bajo el lema: “gobernar para vivir sin miedo”.  En México, en Guanajuato el reto es poder construir y exigir gobiernos que garanticen el poder vivir sin miedo alguno, esto es, sin miedo a andar en la calle a cualquier hora del día, sin miedo a decir lo que se piensa, sin miedo a ser mujer, sin miedo a vestir como se quiera, sin miedo a ser niño, niña o adolescente, sin miedo a denunciar la corrupción y la impunidad, sin miedo de exigir nuestros derechos constitucionales: al trabajo, a la salud, a la educación de calidad, a un medio ambiente sano, a la vivienda digna, a la seguridad social, a la recreación, a la cultura, al desarrollo social y a la justicia.  

Las y los jóvenes universitarios nos invitan a exigir nuestros derechos. Se necesita  dar a conocer el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que dicho sea de paso no está publicado después de un año del arribo del nuevo gobierno estatal. Nos tocará a todas y todos sostener el impulso y el ejemplo de las “Abejas” para exigir el derecho humano, político, económico y social de vivir sin miedo, respetando toda nuestra dignidad como personas, de ahí el profundo valor de la acción colectiva que las “Abejas” han puesto ya en la historia de Guanajuato.

*Datos tomados de la columna “La Olla”. Periódico A.M. 8 de diciembre 2019.