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12:57h. Domingo, 21 de Octubre de 2018

“…se requieren acciones sociales con una mirada integral y con una perspectiva de derechos humanos, lo que nos lleva a los concepto desarrollados en la ONU de «seguridad humana» y «seguridad ciudadana»…”

La masacre ocurrida durante la semana que pasó, en el salón California de San Francisco del Rincón, es una tragedia de múltiples dimensiones. La humana, que rebasa en mucho las atrocidades que los propios seres humanos somos capaces de realizar a otros seres humanos.  La social, que muestra lo dañado que está el andamiaje entre la sociedad y  las instituciones del Estado, y la dimensión gubernamental, que muestra que es obsoleto el modelo de seguridad pública, si es que hay un modelo o estrategia para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos en Guanajuato.

Habrá ahora sí, acciones, planes y hasta operativos  para revisar las peleas de gallos clandestinas y otras prácticas que se dan en la ilegalidad, y propiciaran que se reúnan las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que el procurador, el secretario de seguridad pública y el gobernador vean que va a hacer, tomando en cuenta que ya está el Ejército en  Guanajuato y que la semana pasada el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida autorizó el envío de más elementos para implementar el programa “Titán Escudo”, para sumarlo a “Escudo” que ya se tiene en el estado.

Este lamentable acontecimiento se da dos días después de la glosa del sexto informe de gobierno de Miguel Márquez en el tema de “seguridad”, en la que cabe destacar tres cosas. La primera, la falta de una buena parte de legisladores y legisladoras del congreso local en la comparecencia de los titulares de Procuración de Justicia y Seguridad Pública. La segunda, la falta de preguntas y participación de la ciudadanía durante la glosa; y la tercera, la ingenua negación del problema de la creciente inseguridad, volviendo a insistir en que son únicamente los delitos  de orden federal los que eleven las cifras de homicidios dolosos, y que es la falta de leyes federales que sancionen con prisión preventiva a portadores de armas de uso exclusivo del ejército y a los huachicoleros, y de paso  se sigue sosteniendo que en muchos casos los ciudadanos son responsables de la inseguridad que padecen.

El problema de la inseguridad es sin duda complejo, multifactorial, y no hay respuesta simples, fáciles o únicas, pero sí hay muchas propuestas, acciones, programas, empezando por intentar entender cuáles son los elementos de orden estructural que la definen y propician.

Si se quiere crear seguridad y desmontar la percepción de la inseguridad, se requieren acciones sociales con una mirada integral y con una perspectiva de derechos humanos, lo que nos lleva a los concepto desarrollados en la ONU de «seguridad humana» y «seguridad ciudadana», que pone el acento en las acciones del Estado en las tareas de prevención del delito y la creación de las condiciones sociales, económicas, culturales y de la oferta de servicios  públicos de calidad, que van desde el alumbrado público, pasando por los servicios básicos –agua, vivienda, drenaje- y de educación, salud, recreación, deportes, cultura, y de la oferta de  espacios públicos –parques, jardines, centros culturales, bibliotecas, centros del saber, museos, centros deportivos, etc.-, que tienen la función de crear y recrear procesos de convivencia, de contacto personal y fortalecer identidades y pertenencia a las comunidades, barrios y colonias, para hacer o rehacer un tejido social sano y fuerte, en donde la cohesión social permita la formulación de acuerdos para la protección social y para la colaboración con las autoridades e instituciones.

De ahí que el problema de la seguridad, es decir, la protección de las personas, en su dignidad y derechos, junto con la protección de sus bienes, no se resuelve desde afuera. No se resuelve sólo con más policías, con más armas, con más patrullas, con militares en las calles, o con la gendarmería o la policía federal. Si estas acciones policiales no están dentro de un plan amplio, social, integral, que reconozca las demandas, condiciones y necesidades de la población, y en la que dicho plan parta de las diferencias y particularidades de colonias, barrios, polígonos, regiones, y que use las capacidades y competencias de las instituciones en los tres niveles de gobierno para realizar estudios específicos, investigaciones policiacas estratégicas, y cree un sistema de “inteligencia” para en su momento crear los operativos profesionales y necesarios para atender las condiciones en las que se gestan las acciones criminales, la percepción de la inseguridad seguirán y la violencia se mantendrá.

Ello implica desarrollar un profundo programa de prevención del delito que garantice en todos los casos, sin excepción y sin un manejo discrecional de las denuncias, el que habría justicia en todos los hechos que se denuncien. Que la sociedad sepa con certeza que los delitos se investigarán, que se creen verdaderos procesos de investigación policiaca de forma profesional, con protocolos de actuación seguidos a pie de la letra, con la participación de peritos forenses en todos los campos, con criminalistas, con laboratorios completos y modernos, con bases de datos sólidos y confiables de información, con plazos ciertos y definidos para realizar las indagaciones y aportar las pruebas necesarias para sancionar a quienes rompen la ley.

Se requiere que en ese programa de prevención del delito las autoridades entiendan que no basta el incremento de penas y sanciones para intentar inhibir la comisión de delitos, sino que se requiere un proyecto educativo, cultural y social para generar verdaderos procesos de reinserción social, de quienes son sentenciados a cumplir una condena. Se requiere una profunda revisión del sistema penal estatal y de operar nuevas estrategias de formación, educación, integración y adaptación social, creando programas específicos según la población penitenciaria. Se requiere invertir de forma inteligente, profesional y dentro de un programa social de readaptación que dé legitimidad al Estado, al gobierno, en el sentido de volver a tener credibilidad social y humana, como autoridad en la que se puede confiar.

Se requiere que el programa, desde el enfoque de la prevención del delito, cuente con una excelente policía. En donde las  y los policías tengan la formación y los recursos necesarios para realizar su función. Una policía preventiva que esté capacitada, que tenga una sólida formación para actuar, para hacer uso de la fuerza de acuerdo a las circunstancias, con una profunda convicción del respeto de las garantías y de los derechos humanos de todas las personas, y haga hace su trabajo con lealtad, profesionalismo, honestidad y misión de servicio para con la sociedad.

Eso implica tener instituciones policiacas con estándares claros, con certificaciones, con procedimientos de formación y actualización permanente, con un clima de trabajo que propicie y aliente la cooperación, la solidaridad, el compañerismo, pero que también reconozca el esfuerzo, la valentía, el arrojo, el servicio, el cumplimiento, y que tenga una serie de derechos y prestaciones que le den la certeza y la seguridad de que la institución para la que trabaja está comprometida con cada uno de ellos, con seguros de vida amplios, que obtengan un salario justo, decoroso, y tengan la oportunidad de efectuar una carrera dentro de la corporación y lograr ascensos en función de su desempeño y sus competencias profesionales, y que desde el testimonio de su trabajo, logren el respaldo de una sociedad que les respeta, les apoya, los reconoce y valora, y que necesariamente implica que es una policía profesional pero es también cercana, próxima y, sobre todo, confiable.

Por ahora, las autoridades del estado quieren absurdamente retener el agua hirviendo con los cuencos de sus manos, sabiendo que desde hace mucho se les ha ido y ahora les quema la piel, y siguen insistiendo que sólo con sus palmas y dedos de la mano va a poder retener el líquido que ha sido puesto a hervir  por la delincuencia y el crimen organizado.

Podrían empezar por usar una olla grande, que se llama prevención del delito y procuración de justicia.