El pasado 3 de mayo los gobernadores y la gobernadora que integran la CONAGO –Conferencia Nacional de Gobernadores- firmaron en Jojutla, Morelos, el llamado “Decálogo por la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas” en presencia del presidente Peña Nieto, documento y elaborado por el gobernador de Morelos Graco Ramírez, que firmaron los gobernadores en la sesión en dónde Ramírez Garrido dejó la presidencia de este organismo y en la que entregó la estafeta a Miguel Ángel Mancera. En el evento, Graco Ramírez aprovecho para hacer un discurso para quedar bien con el actual régimen, descalificando a Andrés Manuel López Obrador y agradeciendo al primer mandatario todo su apoyo en el año que estuvo al frente de la CONAGO. Mancera, en un tono conciliador con el gobierno de Peña Nieto, convocó a la “unidad nacional” y a impulsar una “pacificación social”, además de invitar al presidente Peña a buscar “nuevos horizontes comerciales” ante la creciente estrategia de Donald Trump de acabar con el Tratado de Libre Comercio. Un detalle: la única mujer en el club de gobernadores es Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, de Sonora.

El evento mostró sin duda la desazón y la esquizofrenia que existe en el país. Gobernadores cuestionados en sus mandatos, en relación a la transparencia y la rendición de cuentas, gobiernos estales en donde la opacidad y la discrecionalidad para la asignación de obra pública y el uso del erario público siguen siendo parte de las marañas con las que operan las entidades y dependencias y buena parte de servidores públicos. Gobiernos, que tienen cuentas pendientes en las auditorías de la cuenta pública, por miles de millones de pesos. Esquemas de concentración de los recursos federales en una cuenta única, que no permiten que el recurso federal etiquetado para programas sociales específicos se use de forma correcta, clara y transparente. Ya la Auditoría Superior de la Federación denunció en todos los estados del país, la poca transparencia en los padrones de las y los beneficiarios de los programas sociales y la cantidad de errores encontrados en la integración de los mismos, así como la opacidad en la comprobación del reparto y en el uso de esos recursos.

Con lo que la firma de éste “código de ética” raya en el absurdo, es cuando los gobernadores y la gobernadora firmaron 11 principios a los que se comprometen: para ser honestos, para cumplir la ley, para usar los recursos públicos para lo que son y transparentar su uso y rendir cuentas. ¿Qué acaso no juraron cuando tomaron posesión del cargo, cumplir y hacer cumplir la ley? ¿Ahora sí van cumplir su función y responsabilidad? Cabe señalar que se venció hace dos días el plazo para publicar en sus portales oficiales una serie de obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas que aplica al gobierno federal, estatal y municipal, en todas sus dependencias y oficinas, así como, a sindicatos y partidos políticos, quedando en deuda, pese a que tuvieron un año de prórroga para hacerlo, lo que deja en entredicho el acuerdo de ética recién signado. ¿O éste se firma sabiendo de antemano que no están dispuestos a cumplirlo? ¿Se firmó sólo para la fotografía? ¿Regresa el realismo mágico ahora como un género en la política?

Alejandro Moreno del Financiero en su nota del 21 de abril 2017, Déficit de credibilidad, muestra esta vez dentro de las encuestas y estudios de opinión que realiza, que la credibilidad y prestigio de la clase política están por los suelos, pero que también las redes sociales, los medios de comunicación y la llamada sociedad civil, están muy desacreditados. Así, Moreno reporta que 71% de los mexicanos y mexicanas no cree en los medios de comunicación; en las redes sociales sólo cree el 33% en ellos; y la sociedad civil tiene una incredibilidad del 73%. El INEGI, institución a la que relativamente le iba bien en la percepción social, ahora sólo tiene una percepción positiva del 11%. La cereza del pastel es que la no credibilidad de la clase política es 89%. El pueblo, la sociedad, no creen en su gobierno. Nunca habíamos tenido registros en este nivel tan bajo. El problema de fondo es que los gobernadores, el gabinete federal, el propio presidente y los partidos políticos, no alcanzar a ver lo que está pasando y no logran entender el momento social y político por el que pasamos.

La falta de compromiso de las y los legisladores quedó demostrada en la falta de trabajo legislativo. El tema del nombramiento del fiscal anticorrupción, el de la ley de seguridad interior, para regular y legalizar la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, entre muchos otros asuntos de orden legislativo, quedó en limbo, todo en espera de los resultados de las elecciones locales de Nayarit, Coahuila y del Estado México, y de los nuevos acuerdos y pactos bajo la mesa, que se darán de cara al 2018. La clase política quiere el poder en todas sus formas, “los partidos comparsa” negocian por migajas, los partidos grandes juegan a las promesas de justicia social y penal, pero éstas son sólo eslóganes en tiempos electorales.

Un país que es gobernado por personas que son avaladas, defendidas, protegidas por las estructuras –partidos políticos- y por mecanismos legales –que van más allá del debido proceso- y que ellos mismos han creado para evitar que estos nuevos delincuentes, que se anidan en la administración pública, sean sancionados a tiempo, no tiene futuro. Un país donde se reclaman acciones en contra de la corrupción y donde la clase política hace todo lo posible para evitar que se aplique la ley, por acción o por omisión, nos lleva a la desesperanza. Un país donde todas sus instituciones están vulneradas por la delincuencia organizada, la criminal y la del propio gobierno, como lo señaló Edgardo Buscaglia, nos llevan a pensar que vivimos en una sociedad inmersa en un realismo mágico, que se apodera de toda lógica humana, sensible y democrática, para sustituirla por la arrogancia, la soberbia, la insensibilidad y la falta de ética del gobierno, aunque firmen todo lo que quieran.