Siguiendo la tragedia que ha significado el arranque del año hasta ahora, no queda más que seguir insistiendo sobre la urgencia de que las tareas que son responsabilidad del Estado sean atendidas. En el campo de los tres poderes que lo constituyen –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- presentan serios vacíos de actuación y de responsabilidad. No sólo es lo que hacen, sino lo que dejan de hacer, y lo poco que hacen deja mucho que desear en una sociedad que en su conjunto tiene baja confianza en las instituciones del Estado y una casi nula credibilidad en la política, en las y los políticos, así como en los partidos políticos, lo que fomenta el que se den una serie de percepciones propias del teatro del absurdo o en la ambigüedad:

• Un gobierno que cree que hace su trabajo y una sociedad que espera resultados;
• Un gobierno que se autoelogia por lo bien que trabaja;
• Un gobierno que no acepta la crítica;
• Un gobierno que ha incrementado su menú de excusas y pretextos;
• Un gobierno que se mantiene ofreciendo dádivas y favores desde el poder;
• Un gobierno que usa para sus fines e intereses de grupo los programas sociales.

La ineficiencia y la ineficacia son el rasgo característico de los gobiernos de la Republica en las últimas cuatro décadas. Tal parece que es un juego el gobernar. Se puede todo y no se avanza en nada. Se pueden reinventar los programas sociales y poner nuevos nombres y siglas, pero nada cambia. Al contrario, la constatación de la ausencia de un estado eficaz se confirma.

En unos días más se cumplen 25 años de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social -SEDESOL-, y el porcentaje de pobres es ligeramente mayor que cuando se creó por decreto de Carlos Salinas. Si vemos los datos de crecimiento de la población en ese mismo plazo, la condición de vivir en pobreza millones mexicanos y mexicanas se incrementó en números absolutos, y esto después de que por la SEDESOL han pasado más de 1 billón 514 mil millones de pesos, dinero que en teoría ha estado destinado a los programa sociales que buscaban abatir la pobreza. Hoy tenemos más personas en condición de pobreza que cuando se creó esa dependencia.

Esto debería ser suficiente para mostrar que el Estado no puede cumplir con sus encomiendas o que simplemente el gobierno -incluidos los miles de servidores públicos- están de plano perdidos y no saben qué hacer, cómo hacer que los programas sociales den los resultados esperados. Sin embargo, hay una variable que no debemos dejar de ver. La situación de vida de los pobres en México ha sido utilizada de forma perversa. Despensas por votos. Lo mismo pasa con la obra pública sea agua potable, energía eléctrica, drenaje o alumbrado público que han sido canjeado por votos. Hay casos denunciados de todos los partidos políticos que han utilizado los programas sociales con fines electorales, en cualquier tipo de elección.

Otro elemento sustancial que se considera como relevante, es el fracaso del modelo económico impuesto. Es la inviabilidad estructural del Modelo Económico Neoliberal, proyecto que arrancó con Miguel de la Madrid, al que Carlos Salinas le dio la forma que tiene hasta ahora, y que tanto Ernesto Zedillo como luego Vicente Fox y Felipe Calderón lo apuntalaron, hasta llegar a consumar las reformas constitucionales –reformas estructurales- que Peña Nieto y su gabinete han festejado y siguen celebrando como el máximo logro del sexenio, que pese a que los resultados evaluados a través de indicadores para medir el desarrollo social, muestran que el modelo es por demás injusto, desigual, y que no resuelve de fondo las causas estructurales, productivas, económicas y socioculturales que hacen la pobreza se mantenga, y que el progreso, la justicia social o el desarrollo social y humano, sean sólo bonitos discursos de los gobierno en turno.

En el terreno de la corrupción, la impunidad y de la impartición de justicia, la realidad habla por sí sola. Los miles de desaparecidos, la cantidad de denuncias que no terminan en sentencia, la cantidad de reos esperando sentencias, el autogobierno y el cogobierno de grupos criminales en buena parte de los centros de readaptación social, en donde lo que brilla por su ausencia son la falta de políticas y programas de readaptación e integración social, o el incremento de los homicidios dolosos especialmente en lo que va del 2017, todos son claros ejemplos de la ausencia de autoridad, de la ausencia del Estado, de la carencia y vigencia de un Estado de Derecho.

La falta de compromiso y trabajo de las y los legisladores es una burla más para la sociedad. No sólo se trata del monto de los salarios que reciben o de los apoyos que tienen, ni del costo de la estructura de funcionamiento de las cámaras legislativas –asesores, bonos, viajes, viáticos, apoyos administrativos, automóviles, seguridad-. Se trata también del uso del pleno de la cámara, del uso de la tribuna, de la falta de oficio y profesionalización de la tarea legislativa por parte de quienes nos deben representar, de la falta de seriedad en las mesas y comisiones que deben atender. Además se ha impuesto un estilo de legislar que está asociado y amañado a los interés de los propios partidos, en la que se manipulan y condicionan votos en relación a acuerdos y componendas por debajo de la mesa, en la que se ha institucionalizado las tácticas de facturación de favores entre los propios partidos políticos, en donde los temas de relevancia nacional pasan a segundo o último término. La Ley de Seguridad Interior, que es una urgencia social, quedó en el aire. El nombramiento del Fiscal anticorrupción quedó en espera de tiempos mejores, es decir, de la mejor conveniencia para los partidos políticos y sus intereses; mientras tanto, el ejército se manda solo haciendo tareas de seguridad pública –que no sabe hacer- y la corrupción sigue untando miles de manos y bolsillos de funcionarios del gobierno.

En el nivel de los gobiernos estatales y lo que sucede en los municipios, en esencia es lo mismo. La ineficacia, la ineficiencia, son los atributos que definen y caracterizan a los gobiernos. En resumen, estamos ante un Estado ausente, en donde sólo hay intentos de ser gobierno y muchos gobernantes están perdidos, queriendo gobernar por ocurrencias, y en donde todo el Estado ya ha perdido la batalla de la honestidad.