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18:43h. Lunes, 11 de Diciembre de 2017

“…La realidad no les afecta, no les importa. Son indolentes porque pudiendo hacer mucho no hacen nada, les da pereza actuar, tomar decisiones en favor del pueblo, de las personas que son víctimas de la delincuencia…”

Definición:

Indolente (Del lat. indolens, -tis, que no siente dolor.)

1. adj. Que no se conmueve o afecta.

2. Que no hace cosas por pereza

3. Que no duele.


 

En México el gobierno se pone cada vez más lejos de su pueblo, esto desde ya hace mucho tiempo. La clase política que gobierna en la actualidad, así como la estructura y organización del sistema de partidos políticos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, han logrado consentirse de tal manera que hay un “ellos” y un “nosotros”.

Los salarios, las prestaciones, la prebendas, los apoyos que recibe una élite gobernante van más allá de la mesura que recompensa con equidad un trabajo, pero sobre todo, esos privilegios en la mayoría de los casos son injustos y desproporcionados en relación con las carencias y la falta de oportunidades de gran parte de la población. “Ellos” tienen un concepto distorsionado de los bienes públicos, y con la mano en la cintura afirman que todo lo que tienen se debe a su trabajo y esfuerzo. Claro que hay políticos de profesión y servidores públicos con años de trabajo; sin embargo algo no cuadra, las cuentas no salen, y tener acceso a un puesto no pasa necesariamente por la calificación laboral o los méritos académicos para desempeñar una función.

La iniciativa 3 de 3 que concretó la ciudadanía empujo, obligó a que las y los legisladores dieran paso a la creación de una ley anticorrupción, que implicaba dar un marco jurídico que permitiera, con independencia del Poder Ejecutivo y con distancia del Poder Legislativo, perseguir a quien abusara, para beneficiarse, de su condición de poder o de su lugar de autoridad.

Pese a los instrumentos institucionales diseñados previamente, como la Auditoría de la Federación, la Secretaria de la Función Pública, o instancias estatales como la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, lo que prevalece es la corrupción. Los ocho ex gobernadores a los que se les sigue proceso penal  acumulan un desfalco de 256 mil millones de pesos. Con una quinta parte de ese dinero, que sabemos que está en alguna parte, se pueden atender los costos de la reconstrucción y atender los daños de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.


 

La presión social logró de una u otra manera incidir en la renuncia que presentó el Procurador de General de la República, Raúl Cervantes Andrade, quien se perfilaba como el Fiscal General de la Nación y fue etiquetado como “#fiscalcarnal”, quien sería sin duda alguna, un funcionario a modo para el gobierno federal. Su renuncia quitó una presión a presidente Peña Nieto, quien ha planteado mandar hasta después de las elecciones de 2018 el nombramiento del Fiscal de la Nación.

El nombramiento de Alberto Elías Beltrán –quien se desempeñaba como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales- al frente de la PGR se hizo notar de la noche a la mañana, al destituir al Fiscal de la FEPADE –fiscalía especializada que atiende las denuncias de los delitos electorales-, Santiago Nieto. La razón que se dio a conocer es que violó el “código de ética” de la PGR al dar a conocer que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, le había mandado una carta pidiendo su exoneración del caso de corrupción respecto a la empresa Obebrecht, relacionado con el posible uso de los 10 millones de dólares que él recibió, y en el que todo apunta a que ese dinero se utilizó en 2012 en la campaña electoral presidencial del PRI.

La medida tomada muestra algo muy simple. Si alguien en este gobierno hace bien su trabajo, no merece seguir en el puesto. Dicho de otra manera, se legitima la ineficiencia, la impunidad, la corrupción, y lo triste es que el aparato de Estado no logra entender, ver y sentir la desconfianza hacia el gobierno y sus instituciones por parte del 93% de las y los mexicanos. Se quiere olvidar que ocupamos el primer lugar en corrupción en América Latina y el 4º a nivel mundial, que estamos en octubre y se registrará la cifra más alta de homicidios dolosos desde hace 10 años. El propio gobierno registra a más 30 mil desaparecidos, que el número de tomas clandestinas para el robo de gasolinas se incrementó a más de 5 mil, siendo Guanajuato el que en este año desplazó a Puebla, siendo Veracruz y Tamaulipas los dos otros estados con el mayor número de tomas clandestinas de hidrocarburos.  

Algo va quedando muy claro: tenemos gobernadores, secretarios de estado, funcionarios públicos de los tres poderes y en los tres niveles de la administración pública, legisladores y legisladores federales y estatales, que son simplemente indolentes.

La realidad no les afecta, no les importa. Son indolentes porque pudiendo hacer mucho no hacen nada, les da pereza actuar, tomar decisiones en favor del pueblo, de las personas que son víctimas de la delincuencia. La distancia en la que se ponen “ellos” de “nosotros” no les permite sentir el dolor ajeno. Ya no pueden dejar pensar en sólo “ellos” mismos. La realidad ya no les afecta. “Ellos” nunca tienen la culpa de nada. Su indolencia se convierte un catálogo de excusas que se traduce en arrogancia y soberbia. Basta con escuchar las declaraciones de gobernadores, de presidentes municipales, de  secretarios de Estado y del propio presidente. Su indolencia es tal, que ni siquiera se pueden dar cuenta de que ya son otros tiempos y que se requieren otras formas de gobernar y otro proyecto de nación.