Miércoles. 13.11.2019
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Arturo Mora Alva
10:54
12/08/19

La promesa de la seguridad

“…Lo acontecido en Celaya e Irapuato en esta semana deja en claro que el aparato de seguridad pública estatal y municipal está rebasado…”

La promesa de la seguridad

Lo acontecido en Celaya e Irapuato en esta semana deja en claro que el aparato de seguridad pública estatal y municipal está rebasado. Que la falta de trabajo policiaco se hace más que evidente. Se percibe sólo una respuesta reactiva por parte la autoridad, sin los resultados anunciados. No hay una evaluación entre los recursos invertidos y los resultados en seguridad pública, no se establece un sistema de control de calidad, entre las carpetas de investigación abiertas y los recursos disponibles autorizados por el Congreso Local para resolverlas.

No se logra entender qué se está haciendo en materia de prevención del delito, ni mucho menos en las tareas de inteligencia y el uso pertinente de la infraestructura tecnológica heredada del “Programa Escudo” y lo invertido hasta ahora en el “Sistema C5”. El argumento de que son hechos del fuero federal, es una manera ingenua y arrogante de lavarse las manos por parte de las autoridades. El que Celaya e Irapuato aparezcan catalogadas como dos de las ciudades más inseguras del mundo, muestra lo dramático que es para la ciudadanía vivir en esos territorios.

Uno de los elementos que contribuyen a la construcción de la seguridad pública, tiene que ver con las acciones para restablecer el tejido social, esto es, el trabajo de organización e integración de comunidades, colonias. Es una tarea que se debe abordar de forma integral y que pasa por garantizar un conjunto de servicios públicos básico, alumbrado de calles, pavimentación y espacios públicos para la convivencia y la recreación, así como una acción real de presencia de la policía, con esquemas de colaboración ciudadana y, sobre todo, como mecanismo de respuesta rápida. Pero también se deben incluir acciones de política social para atender las condiciones de vida y dignidad material, alimentaria y patrimonial de la población.

David Martínez Mendizábal, investigador sobre la política social en Guanajuato, ha insistido desde el año pasado —y ahora nuevamente- sobre la necesaria evaluación profesional del programa Impulso, estrategia panista de transferencia de fondos y de acciones sociales para atender a la población más vulnerable. El informe del CONEVAL deja ver que hay dos Guanajuatos: el del corredor industrial, financiando con dinero público dentro de la estrategia de atracción de inversión extranjera, y el de los municipios que están a los lados de este corredor, donde los indicadores de desarrollo social muestran aún carencias en una buena parte de los municipios. Uno de los señalamientos de Martínez Mendizábal, es que una constante en el estado, son los bajos salarios que se pagan en general a los obreros y empleados, factor que no se quiere reconocer por parte del gobierno del estado.

Habrá que considerar también los retos de Guanajuato en materia de oferta y calidad educativa. Los problemas de deserción escolar, abandono y reprobación en los niveles de educación, media y media superior, junto con la falta aún sustancial de espacios educativos, principalmente en el bachillerato, y la todavía débil oferta de educación pública de nivel universitario, son parte de los procesos sociales que se van superponiendo y van creando brechas cada vez más amplias y profundas en la sociedad guanajuatense, y que impiden una movilidad social, que vaya más allá de reducir los indicadores de pobreza extrema.

Trabajar en la seguridad pública también pasa por entender la responsabilidad del gobierno del estado en materia de la salud mental, con  relación al consumo de drogas, legales e ilegales, y la adición a éstas. Los temas asociados con trastornos psicológicos como  la depresión y suicidio, reclaman ser atendidos de forma integral a la brevedad. Tal vez esto, antes de estar pensando en contratar créditos para financiar obras de infraestructura estatal.

El problema de la violencia en contra de las mujeres y niñas se incrementa en Guanajuato, desde el ciberacoso, el acoso sexual y laboral, pasando por la violencia obstétrica en las instituciones de salud. La violencia física, psicológica y patrimonial en la esfera doméstica y hasta el feminicidio, dan pie para exigir la necesaria evaluación de las acciones implementadas  desde las instancias y dependencias gubernamentales. Los datos apuntan a que no han disminuido los eventos contra la seguridad integral y la vida de las niñas y las mujeres guanajuatenses, ni está garantizado el acceso a la justicia.

La atención de niñas, niños y adolescentes, reclama la puesta en operación con recursos económicos suficientes el  Sistema Nacional de Protección a nivel estatal y municipal, para que sea una prioridad como lo señala la ley. La situación de la trata de personas es otro frente que parece no estar en la agenda de prioridades de las autoridades estatales, y que si bien requiere la participación de las instancias y dependencias federales, el gobierno estatal debería liderar los trabajos coordinación y la puesta en marcha algunos de los 115 compromisos pendientes que los gobiernos estatales y el federal han hecho.

En resumen, Guanajuato ha permitido que se naturalice la violencia, ante la falta de una visión social de base en que la agenda por la construcción y restablecimiento del tejido social fuera un eje prioritario de toda política pública.

El gobierno del estado tiene la responsabilidad coordinar e impulsar acuerdos y consensos con los 46 municipios del estado, no sólo con los gobernados por Acción Nacional. Se requiere una visión integral de la administración pública, con mecanismos claros de evaluación de los acuerdos y de la necesaria transparencia y rendición de cuentas, como parte esencial de un gobierno democrático y abierto. El problema de fondo es que Acción Nacional ha tenido la oportunidad de gobernar Guanajuato desde 1991, pero no ha podido ser una gobierno que tenga miras y alcances de largo plazo, y no  ha podido gobernar para todos los guanajuatenses –simplemente porque no está en su ADN.

Lo que vemos en materia de violencia, crimen y delito, es una larga cadena de omisiones, de falta de evaluación, de una ausencia de autocrítica, pero sobre todo, de que han gobernado para sólo ganar las elecciones y no para atender los problema sociales estructurales, ni para garantizar el acceso y vigencia de los derechos humanos de los guanajuatenses.

La reciente declaración del gobernador, de que para el 2024 Guanajuato será el estado más seguro del país, confirma lo dicho: se gobierna sólo para mantenerse como partido en el poder. La promesa por la seguridad pública es igual a la del desarrollo y la justicia social del estado: sólo una promesa.

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