La elecciones en el Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, son muestra de la podredumbre del actual sistema de partidos, donde el árbitro electoral -el INE- sucumbe ante las prácticas del poder de los Organismos Públicos Electorales, y donde si bien se cuida la elección con la estrategia probada de que los ciudadanos y ciudadanas son los que llevan a cabo el proceso de votación y el conteo de resultados, los costos de la desconfianza hacen que seamos un sistema electoral por demás caro.

Está el tema del recursos públicos que reciben los partidos políticos, que cada vez de incrementa año con año. Las y los diputados se asignan montos que son ya un insulto, ante las carencias y necesidades no atendidas de millones de mexicanos y mexicanas. La propuesta de Pedro Kunamoto en el Congreso de Jalisco es sin duda un primer paso para restringir el uso del dinero público, y ponerlo en relación con el número de votos que se reciban en cada elección por partido político. Por algo se empieza, pero falta mucho por pensar, y diseñar un sistema electoral que realmente sea un ejercicio de ciudadanía y política y no un negocio de grupos y familias.

La compra y coacción del voto son ahora los dos elementos críticos que aún no son atendidos por el INE como el encargado de la fiscalización de las elecciones; por otra parte, la FEPADE recibe múltiples denuncias que no puede o no quiere atender. Las denuncias quedan para las estadísticas y no hay consecuencias; la impunidad también se expresa en lo electoral.

Las alianzas electorales en Nayarit y Coahuila para las elecciones a gobernador muestran la porosidad de los principios políticos que los partidos políticos tienen. Siempre que les convenga harán pactos más allá de sus doctrinas y plataformas electorales, así un PRD que hace alianzas con el PAN, un PAN que hace alianzas con el PT y PSR, partidos de izquierda en Nayarit. La ya fincada alianza de rémoras del Partido Verde y Nueva Alianza con el PRI en el caso de Coahuila, donde el Partido Revolucionario Institucional forma coalición con los partidos locales: Socialdemócrata Independiente, Partido Joven, Partido de la Revolución Coahuilense y Partido Campesino Popular, ésta compitió con la coalición hecha por Partido Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila y Partido Primero Coahuila y Partido Encuentro Social.

Funcionarios públicos metidos en campaña, de todos los partidos. Gobernadores que usan los programas sociales para llevar agua a su molino. Operadores políticos que buscan tener votos cautivos a cambio de promesas que no cumplirán.

Partidos políticos que realizan parte de sus obligaciones, como lo es la educación cívica sólo en tiempos electorales y que se reduce a hacer proselitismo sin que tengan mayor remordimiento de usar el dinero público destinado a ese fin para otras cosas.

Más allá de los resultados electorales, tal vez no nos hemos dado cuenta de que una buena parte de gobernadores está denunciado por robo, fraude, nepotismo, desvío de fondos, tráfico de influencias, de recibir sobornos, peculado entre otros delitos, y eso nos debe poner a pensar de qué sirve que elijamos a nuestros gobernantes, si pareciera que se les da un cheque en blanco para delinquir con el dinero del erario público una vez que llegan al poder.

Las campañas fueron un ejercicio de lanzar lodo y basura a los contrincantes. Los supuestos debates fueron alegorías a la descalificación personal y las propuestas de gobierno brillaron por su ausencia.

La organización de la elección corre a cargo del INE y la forma en que se conducen los OPLES son verdadero lastre político. Esas instancias deben desaparecer, son un gasto innecesario y son, en un sentido, la mano de gobernadores en los procesos electorales en las entidades federativas.

Las elecciones de este 4 de junio muestran que lo logrado con la reforma electoral de 1994 se ha perdido. Se requiere un Consejo General del INE ciudadano y no por cuotas políticas. Lo avanzado en el servicio civil de carrera del INE se puede perder ante la falta de autoridad y de acción ante las formas en que los partidos políticos interpretan el marco legal electoral.

Vienen retos en materia electoral, la reelección de diputados y diputadas, de alcaldes y ayuntamientos. Sigue el reto de la exigencia de cumplir con el principio de la paridad de género, y está pendiente el tema de la rendición de cuentas y transparencia de los partidos políticos, sobre las prerrogativas que reciben. La elección de este 4 de junio mostró que el camino de la democracia representativa y de calidad es aún muy largo.