Por ahora somos todavía una nación en construcción, con profundas brechas de igualdad, equidad,  género y oportunidades. La agenda por la vigencia de los Derechos Humanos en su sentido más integral, es un gran faro que puede ir orientando el desarrollo social, económico, político, cultural y económico. No hay nada que se  pueda cuestionar cuando se trata de hacer posible la dignidad humana. El desafío es que pase de ser una declaración social y políticamente aceptada, todavía no se apuesta por hacerlos vigentes en la práctica en todos los ámbitos de la vida en sociedad.

Pareciera, hasta ahora, que la única manera de gobernar es fragmentando, dividiendo y  excluyendo a la sociedad y sus ciudadanos. Gobernar desde los Derechos Humanos, es una posibilidad de gobernar para el bien común, y que dicho sea de paso, está mandatado desde la reforma realizada y publicada el 10 de junio de 2011 en el Artículo 1ero. Constitucional:

          “Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

          Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

          Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

          Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

          Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Leer con detenimiento esté artículo y los otros que le dan sentido y coherencia jurídica en el texto de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los Derechos Humanos, puede ser el insumo principal para evaluar las acciones de gobierno, en los tres niveles de la administración pública y para los tres poderes que conforman al Estado Mexicano.

El reto que se presenta en la llamada sociedad de la información,  es que nos vamos quedando con la inmediatez de los hechos y con los matices de los problemas que los medios de comunicación de todo tipo imponen. No hay tiempo para pensar, se buscan generar reacciones, generar tendencias de opinión de las y los ciudadanos que están expuestos a lo que se circula y se difunde en las redes sociales.

Se va creando a la par una agenda política, social y mediática, que está cargada de intereses y de contradicciones, en la que los diversos actores sociales, políticos y económicos se expresan y se mueven, y en la que  usan los mecanismos propios en lo que se conoce como el “manejo” de los medios de comunicación, incluida la manipulación, las noticias falsas, la información parcial, los reportajes “pagados”, y algunas de las editoriales de los medios que imponen la agenda política. Todo ello en el contexto en forma en que resuelven la propia economía de cada uno de los propios medios de comunicación, junto con las estrategias que impulsan y realizan las oficinas de Comunicación Social de las dependencias oficiales y de toda la administración pública.

Hoy, el terreno casi exclusivo de la lucha política se centra en la arena de los medios de comunicación, ahí, las élites del poder,- reales o simbólicas-, junto con los partidos políticos y toda la gama de grupos de interés: cámaras de industriales, organizaciones de la sociedad civil, universidades -académicos e investigadores- así como los poderes fácticos, crean y fabrican escenarios reales o ficticios,  en las que se explota la incertidumbre, el miedo y la desconfianza, atmósferas en donde lo que se busca dirigir y controlar la opinión pública.

Lo que no somos como país, aún nos define, pero también brinda la posibilidad para pensar, colectivamente y como personas en lo individual, sobre lo que sí podríamos ser, si es que nos ponemos como meta social, cultural, ambiental, económica  y política el que se logre la plena vigencia de los Derechos Humanos para todos y para todas. Preguntar si tal o cual acción de gobierno, si una iniciativa de ley o cada uno de los programas sectoriales, así como todas las políticas públicas, -municipales, estatales y federales-,  junto con los planes y programas de gobierno, logran pasar el tamiz de la perspectiva de los Derechos Humanos.  

En una sociedad que se va polarizando, entre el actuar y los resultado de los gobiernos y los partidos políticos, en el que se busca mantener distinciones que estereotipan y generalizan, el que podamos tomar la acción social por la plena vigencia de los Derechos Humanos, sería una verdadera oportunidad para buscar construir la unidad nacional y con ello aprender a trabajar colectivamente, por todo lo que nos falta –lo que no somos- para ser un país incluyente, igualitario, equitativo, productivo, sano, sustentable y sobre todo justo, ahora que se habla de civismo, de Filosofía y Ética.