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12:23h. Miércoles, 22 de Noviembre de 2017

"Es deseable que entre que todo lo que sucede, seamos capaces de exigir a los partidos políticos que dejen la frivolidad y el populismo. Que se pongan a trabajar en serio, en todos los aspectos que la vida política y democrática exige en estos momentos..."

La tragedia sigue. Las estructuras del Estado, las políticas de gobierno y los gobernantes muestran su fragilidad con la ingenuidad propia de la ineficiencia que caracteriza desde hace ya varias décadas al Estado Mexicano.

Las respuestas que los gobiernos de las entidades que sufrieron los estragos de los sismos son meros paliativos, propios de un voluntarismo institucional que habla de la falta de oficio y de la carencia de estrategias de contención ante la tragedia. Algunos funcionarios se quisieron pasar de vivos desviando la ayuda que se mandó de forma casi inmediata a Morelos, Puebla, Oaxaca y Chipas, usándola para sus propios intereses, esos que nacen desde el uso del poder de forma irresponsable.

La sociedad civil, hombres, mujeres, niños y niñas, con la expresión de la solidaridad y con rostro de juventud dieron la respuesta real, esa, en donde las manos están ocupadas sacando escombros, cortando varillas, usando un mazo para romper lozas y derribar bardas fracturadas o levantando el puño en alto, haciendo del silencio un momento necesario para hacerle un espacio al ruido de la vida.

El desastre natural vivido nos pone a prueba y nos da la sacar lo mejor de todos y de todas como sociedad, como comunidad, como vecinos y amigos, como familias. Pero el gobierno no entiende que la desconfianza que se le tiene se la ha ganado a pulso, día con día. La corrupción, la impunidad, la ineficacia, el abuso de la autoridad, la institucionalización de la incompetencia han logrado que tengamos esa suspicacia y muchas veces la certeza de que algo no está bien, cuando del gobierno se trata, por más buena fe que le tengamos.

La ayuda a los damnificados está siendo dosificada o controlada por el aparato de Estado y empiezan a presentarse situaciones de robo, de acaparamiento y de uso discrecional de la ayuda. La realidad que viven los afectados va más allá de la pérdida de sus viviendas, están en literalmente en la calle y en lugares como Juchitán y municipios de Istmo se han visto sumergidos en el agua, producto de las constantes lluvias, lo que ha puesto en situación de mayor vulnerabilidad a la población. La situación es ésta en Morelos, Chiapas y Puebla, sobre todo en las comunidades más alejadas y con mayor marginación

El anuncio del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México de que se ofrece ayuda de 3,000 pesos como apoyo para renta para los damnificados que no tienen donde vivir, y de los créditos de hasta 25 mil pesos para los dueños de pequeños negocios que han sido afectados por el sismo es parte de atender lo que sucede en la ciudad,  son sólo acciones de contención, pero el hecho de que las personas no quieran ir a los albergues, y que estén resguardando sus bienes ante la desconfianza y la falta de seguridad pública, es un signo de lo que se terminó de fracturar con el sismo es la credibilidad de las autoridades y de sus instituciones.

Las y los ciudadanos  en todo el país se expresaron en contra del excesivo financiamiento público del cual son objeto por ley, situación que se agrava con el volumen de los recursos que reciben para las campañas políticas, que por demás se tiran o se usan para las estrategias de compra y coacción del voto, como se evidenció en las elecciones pasadas en el Estado de México, Coahuila o Colima, o como lo usó el PRI o el Partido Verde en la elección presidencial.  El colmo es que ahora en un acto de populismo, los partidos políticos quieren destinar algunos de los recursos que reciben como parte de la prerrogativas que tienen, para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por los temblores, situación que pone en evidencia la falta de compromiso democrático y la apuesta por venderse al mejor postor.

El PRI lanzó la iniciativa de que se quite el financiamiento público a los partidos políticos y que se reduzca el número de diputados plurinominales, 100 menos. Ambas propuestas dejan en claro que los priistas, que están dispuestos a vender de forma abierta su actuar político a favor de empresas nacionales e internacionales, y legitimar así las triquiñuelas que hacen para asignar contratos y beneficios a empresas como OHL, Odebrecht, Carso, Televisa, Grupo Salinas o Grupo Higa, entre muchas otras con las que se han coludido  las esferas del poder político. Queda claro que las empresas buscarían favorecer al PRI, al PAN y PVEM, que han sido sus representantes en la historia del país, castigando a los partidos de oposición y de izquierda, a la vez de  legitimar de alguna manera el dinero que podrían aportar los diversos cárteles del crimen organizado. El INE tendría que salir en la defensa del financiamiento público, prerrogativa que deberá ser racional, proporcional y equitativa para crear condiciones de competencia electoral democrática y plural.

Por otra parte, la iniciativa propuesta muestra que al PRI no le interesa la representación democrática plural, que es la forma de representación democrática de todos los partidos políticos que nos hemos dado después de décadas de autoritarismo. Se puede proponer, si de reformar se trata y de ahorrar, que sean sólo 200 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, lo que sería el mismo ahorro, que es el argumento que dio el PRI, pero sería una medida que ampliaría la representación democrática en la Cámara de Diputados, además de ahorrar, si de eso se tratara, pero el PRI quiere -ante todo- ser el partido político de del siglo pasado.

Los sismos de septiembre de 2017 marcan el rumbo de una nueva agenda social, política y legislativa, sobre todo en la lucha por la democracia y por atender de alguna manera el fracaso del Estado mexicano, pasando resolver por todos los pendientes legislativos acumulados, que se han usado por los partidos políticos como prendas de cambio en favor de sus intereses, y como pretexto para seguir simulando su trabajo como poder legislativo. Temas como el nombramiento del Fiscal General, la Ley de Seguridad Interior, y tareas urgentes como la revisión del V Informe del presidente Peña Nieto, la aprobación del Presupuesto de Egresos e Ingresos, son ejemplo de la parálisis legislativa y de las tareas relevantes que tienen en puerta.

Cabe señalar que si de ahorrar se trata, habría que revisar las pensiones de los expresidentes, los salarios y prestaciones de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Secretarios de Estado, de Directores de paraestatales como el INFONAVIT, el Banco de México, Pemex, CFE y del Consejo General de INE,  incluida la Estructura de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones de ajuste y ahorro ante los costos humanos de la tragedia y de la destrucción material. 

Las y los mexicanos se movilizaron y se movilizaran más allá de la eventualidad que ahora nos une y que nos anima a ser mejores. Tenemos la responsabilidad moral de exigir un mejor gobierno, mejores autoridades y el derecho a tener excelentes servicios en las instituciones del Estado -salud, educación, seguridad pública, vivienda, empleo e infraestructura-, y a contar con muy buenos funcionarios y funcionarias públicas.

Es deseable que entre que todo lo que sucede, seamos capaces de exigir a los partidos políticos que dejen la frivolidad y el populismo. Que se pongan a trabajar en serio, en todos los aspectos que la vida política y democrática exige en estos momentos y que sean responsables de todo lo que vendrá, si es que se quiere configurar una nación renovada, que tendrá que realizarse con honestidad y transparencia para crear las condiciones del desarrollo social, económico y cultural que requiere México y con justicia social como el eje central en la reconstrucción nacional.