No hay tiranía más cruel que la que se perpetra
bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia.
Barón de Montesquieu

Los militares deben estar en los cuarteles en tiempos de paz. Las fuerzas armadas son muy importantes en las tareas de ayuda humanitaria que hacen en los casos de desastre natural, y está acotado su mandato a cuidar la soberanía y el territorio nacional de agresiones externas. A las fuerzas armadas las hemos visto actuar en la atención de muchas de esas contingencias de apoyo a pueblos y comunidades, y ponerlas ahora al amparo de una Ley de Seguridad Interior, que inventa  a su vez la noción de “seguridad interior”  y que los soldados y marinos actúen como policías, es degradar su función y es romper el orden constitucional.

Sin duda, los militares saben que desde que Felipe Calderón emprendió su guerra contra el crimen organizado, los expuso a una condición de vulnerabilidad. El caso de Tlatlaya es emblemático. Los soldados recibieron la orden de abatir a las personas que estaban en una bodega y así lo hicieron. Luego el Ejército tuvo que buscar la manera de salir y justificar su responsabilidad, queriendo jugar con el significado de la palabra “abatir”, y abusando los eufemismos para explicar las ejecuciones que se realizaron en ese enfrentamiento. Los soldados obedecen órdenes, no están entrenados para ejercer un criterio de acción desde los derechos humanos, no están preparados para tener una sensibilidad para actuar según el contexto social o las circunstancias particulares -ellos no buscan razonar-, la estructura de mando se rompería y no habría manera de dirigir a un pelotón, a un escuadrón, a un regimiento. Así no operan las fuerzas armadas.

La iniciativa de Ley de Seguridad Interior (LSI), propuesta por César Camacho, diputado del PRI, avalada por el presidente Peña Nieto y recientemente aprobada por la mayoría del PRI y sus aliados en la Cámara de Diputados, fue turnada para su discusión y aprobación al Senado de la República. Esta Ley,  por donde se le quiera ver, es un auténtico  ejercicio de tiranía, es el “te voy a pegar, pero es por tu bien” que un adulto le dice a un menor para justificar su abuso, su violencia y su arbitrariedad.

La Ley de Seguridad Interior tiene “letras chiquitas”, esas que hacen opaco el actuar de las fuerzas armadas si bien se quiere “avalar legalmente” que el Ejército y la Marina estén y  puedan seguir en las calles, en las carreteras, realizando revisiones arbitrarias, colocando retenes, haciendo labores de inteligencia en contra de la delincuencia común y para seguir enfrentándose a tiros -como lo han hecho desde que los sacaron de los cuarteles- en contra de células del crimen organizado.

Lo que hace La LSI que proponen el PRI y sus aliados, es legitimar la impunidad, la opacidad, y deja a las fuerzas armadas fuera del marco jurídico y la rendición de cuentas en las tareas de policía que se le encomienden. Algo que las propias fuerzas armadas deberían rechazar, si se apegan a la tradición y mandato constitucional que las respalda como instituciones del Estado Mexicano.

La ONU, cientos de organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como grupos de académicos e instituciones de Investigación y universidades, han sido claros, enfáticos y asertivos al expresar que esta iniciativa de LSI no tiene que ser aprobada por ningún motivo. En las redes sociales se ha hecho una campaña que ha logrado un respaldo contundente, para solicitar al Senado que no la apruebe. Ante la presión social e internacional, El presidente Peña Nieto ha pedido al Senado que escuche la opinión de la sociedad civil y se abra un debate amplio sobre esta propuesta de ley. Se espera que las comisiones del Senado atiendan el reclamo social, y que no actúen de forma arbitraria usando su mayoría legislativa, como lo han venido haciendo las y los legisladores del PRI y sus aliados, el Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social.

La creación de esta propuesta de LSI es una pésima idea, que no sirve en nada  para resarcir el fuerte desgaste de las fuerzas armadas, luego de las múltiples  tareas policiacas a las que los han obligado. Demuestra la incapacidad y negligencia del gobierno federal, tanto de Calderón Hinojosa como de Peña Nieto, para poder contar con policías estales y municipales honestas, preparadas, profesionales, bien remuneradas, con condiciones adecuadas para operar, con instalaciones, equipo moderno y armamento suficiente, y con un sistema de administración de justicia que funcione, y en el que la impunidad deje de ser la constante que vulnera el trabajo policiaco. Expresa la negligencia de la Secretaría de Gobernación para atender las tareas de seguridad y paz a las que está obligado.

Hay negligencia de gobiernos estatales y municipales que se lavan las manos ante el problema de la inseguridad, buscando excusas y pretextos, pero dejando de lado las tareas de prevención del delito, las tareas de inteligencia, las acciones de educación ciudadana, y la creación de mecanismos eficaces y eficientes para la denuncia y para la protección de las personas y sus bienes, y para realizar verdaderos acuerdos de trabajo en los tres niveles de gobierno para atender las causas reales del incremento de los delitos. Por lo pronto la iniciativa la Ley de Seguridad Interior se erige como un monumento a la “Negligencia del Estado Mexicano”.