Los hechos concretos del 2 de enero están todavía sumidos en más incógnitas que certezas: cuál fue el número real de decesos, quién les ordenó a los soldados federales y a los campesinos agraristas disparar contra la multitud, cuál fue el papel efectivo que tuvo el gobierno de la entidad, por qué  no cayó algún miembro de la dirigencia, ni siquiera herido; etcétera. Hay muchos dichos, muchos testimonios, pero todos interesados, ya sea a favor de la UCL o bien en favor del Gobierno. El propio Ernesto Hidalgo, que fue defenestrado casi inmediatamente después de los sucesos mediante la desaparición de poderes que decretó el Senado, se sometió voluntariamente a un juicio melodramático ante la crema y nata del periodismo nacional, que lo exculpó; de ahí nació su libro “Guanajuato ante la conciencia de la Nación”, publicado ese mismo año.

En este sentido, esos sucesos me parecen muy similares a los acontecidos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Ambas masacres fueron una respuesta por parte de un gobierno temeroso de las multitudes que demandan sus derechos.  La respuesta fue violenta y mortal, pero igualmente se intentó correr una cortina de humo y de desinformación que buscó disimular la responsabilidad del gobierno federal en turno. Los dichos y versiones abundan y se contradicen. La exageración no está ausente: sobre el 68 he leído versiones contradictorias que olvidan la verdad en beneficio de las banderas políticas de cada conjunto en la polémica. La cantidad de muertos, nuevamente, se hace bailar entre los 30 y los 600, incluso hay quien habla de miles de ejecutados y desaparecidos. ¿Cuál es la verdad? No creo que la sepamos nunca, ante tantos velos que se han proyectado sobre los hechos. Hasta el ejército ha buscado pintar su raya.

Me parece natural que en el caso de los sucesos de Tlatelolco las conmemoraciones anuales corran a cargo de la izquierda y sus partidos: ellos son los herederos naturales del programa que el movimiento estudiantil defendió entonces. Son sus mártires, y deben honrarlos. En el caso de León, los herederos del movimiento cívico en pro de la democracia municipal son los grupos de derecha y conservadores. Así se ha hecho desde 1946 y se había mantenido este entendido a lo largo de las distintas administraciones gubernamentales. Los ocho gobiernos panistas que gobernaron entre 1988 y 2012 honraron al movimiento de manera natural, incluso teatral, como en el año pasado.

Pero ¿qué pasa ahora? Una nueva administración priísta acaba de homenajear a los mártires del 2 de enero. La alcaldesa Bárbara Botello encabezó un evento donde dirigió palabras de reconocimiento a una lucha que su partido combatió en su momento. Comprendo su deseo de buscar el reencuentro entre los polos políticos de León, pero recuerdo que la mayoría de los líderes de la UCL fueron cooptados por el partido hegemónico luego del 46. Hubo uno, Herculano Hernández, que llegó a la presidencia municipal bajo la bandera del PRI en 1950. Poco les importó a esos líderes el costo en vidas humanas: supieron negociar y obtener ventajas personales y de grupo. Eso explica por qué se desmovilizó tan rápidamente la UCL, y durante 30 años no volvió a haber auténtica oposición política, hasta 1976 y el fortalecimiento del PAN.

Como siempre, los políticos no dejan de sorprendernos. Pienso que la congruencia es una de sus principales carencias, y que el pragmatismo los obliga a buscar quedar bien con todos. Eso es imposible. Como el movimiento del 68 y la izquierda, el del 46 debe mantenerse y respetarse dentro de la égida de los grupos conservadores. El PRI tiene su propia iconografía, incluso en León. Pero hace falta que la conozcan mejor y la reivindiquen. A cada quien lo suyo.

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