Soy de la generación de educación básica que en punto de las siete y treinta de la mañana de cada lunes, rendía honores con orgullo al Lábaro Patrio, motivado por estar a paso redoblado al compás de los tambores en aquella uniformada e impecable escolta; aquel alumno que se maravillaba al abrir el Libro Integrado, tras haber contemplado sin cansancio la obra "El Globo" de Cano Manilla, en aquella portada amarilla reconocida por cualquier mexicano mientras le refresca la memoria y le provoca una sonrisa; un afortunado que compartió, desde entonces, dos salones de clases y una terna de mentores para mi completa formación: en la escuela y el hogar, mi profesora y mis padres. De aquellas atenciones sólo quedan restos. 

Malos resultados en evaluaciones y apatía en el alumnado intocable según sus padres, los maestros con sus paros laborales y los niños sin clases, las plazas y calles llenas de sus exigencias y defensas a sus privilegios políticos y los salones de clases vacíos esperanzados de ver manos levantadas participando, gobernantes frágiles y ciudadanos molestos y sintiéndose ajenos al problema. Así sobrevive nuestro sistema educativo, sobre este suelo deplorable.

El derecho a la educación -como parte de los derechos en la niñez- dejó de ser importante y se dio prioridad a los derechos políticos, entregando el manejo de este sistema -como con varios se ha hecho- a un sindicalismo mal formado técnica y educativamente. En extinción está el objetivo de que se pueda acceder a una educación de calidad, pues ésta se ha topado de frente con los intereses de una élite política que lucha por mantenerse en el poder a cualquier precio. Un sindicato y una coordinadora que se dicen ser trabajadores de la educación, se han adueñado de la misma, viviendo de un negocio añejo del chantaje político, de venta de plazas y direcciones, y de tener un modelo educativo a base de plantones, marchas, bloqueos, cuotas, depósitos en cuentas de directivos y del charrismo en general.

No podemos decir lo mismo de todos. Reconozco la preocupación y el talento de maestros, alumnos y padres de familia que en conjunto construyen el camino ejemplar de la enseñanza en México. Pero para sostener las afirmaciones anteriores, basta voltear la vista a Oaxaca, ejemplo que abandera la sucia infraestructura en la materia.

Para un panorama general, tendríamos que empezar desde la "revolución romántica" de 1982, cuando el magisterio oaxaqueño arrebató la Sección 22 al SNTE; pasar por la creación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en 1992 por el gobernador Heladio, como órgano responsable de la educación de los niños, entregando a la Sección 22 el control de plazas y nombramientos de funcionarios del Instituto; la llegada de Elba Esther Gordillo al SNTE en 1989 y la creación de una nueva sección, la 59, buscando debilitar a la 22; la oposición en el 2013 por parte de esta última al censo escolar, dejando sin datos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la situación del alumnado en la educación básica en ese estado. Así se formó el IEEPO, mediante las ofertas de privilegios magisteriales que hoy se defienden, a cambio de beneficios en las urnas; un monstruo que alimenta a los agremiados con 90 días de aguinaldo, prima vacacional, bonos de productividad, estímulos por puntualidad, tres meses de vacaciones, derecho a tres préstamos anuales, canasta navideña y despensa, apoyo de transporte, quinientas becas (a discreción) para hijos de trabajadores, y de cínicamente percibir un sueldo de fondos públicos sin presentarse en las aulas.

Los maestros se convirtieron en políticos y secuestradores de la educación, y estos organismos en –otros- órganos deficientes y corruptos, dejando a los niños desde 1994 a la fecha, con más de 635 días sin clases, de acuerdo con el conteo de la organización Mexicanos Primero. De esta forma se creó este poder fáctico dotado de fuerza concedida por el Estado mexicano que hoy paga las consecuencias, sólo por las ambiciones políticas y electorales del régimen, por encima de la razón de ser de este ente: la educación. Por eso se entiende que el magisterio vea –de forma normal- como propiedad sus privilegios que defienden. No les es extraño dedicarse a la (co)acción política y no a la educación, pues para eso fueron creados; es normal que se nieguen a la actualización que el país requiere en materia educativa. Esos son sus orígenes, pero no significa que esta región esté condenada al rezago histórico de la educación por unos cuantos. Ya de por sí, a México nos tomará más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en matemáticas, y 65 en lectura. ¿Cuántos años tardarán en nivelar a los niños en Guerrero o Oaxaca, que no pueden cumplir un ciclo escolar completo desde hace tiempo?

Presidentes han pasado por la misma silla, desatendiendo con firmeza una de las necesidades más grandes de este país. Y a pesar del golpe estatal al IEEPO en esta entidad, el gabinete federal se sigue evidenciando de ser frívolo, incapaz y tembloroso a esta situación en Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Tenemos un secretario de Educación Pública que no pone orden, que utiliza la evaluación educativa y su suspensión como un mecanismo político con fines electorales –consolidada como práctica partidista-, que no se vincula ni consulta las demás dependencias educativas federales ni estatales, un secretario que ve una reforma educativa con ojos de reforma laboral, que cree imposible la atención pacífica y continua con los maestros sin poder entrar "en caos y anarquía", que desatiende a los padres de familia y a los niños, ignorándolos como meros clientes insatisfechos y dejándolos con el puño y cejas apretados por la impotencia de no poder brindarles a sus hijos una buena –o al menos “una”- educación.

Ante este panorama, que ni lo claro del gris se logra percibir, ¿qué hay por hacer?

Maestros, empecemos respetando el Estado de derecho para lograr una educación de calidad; retomemos la labor del maestro como formador de actitudes públicas con sensibilidad cívica, compromiso social y una digna formación académica. Dejemos la práctica política corrupta que sobra en el país, transparenten sus recursos y dejen de percibir sueldos –que las autoridades federales con tanta tranquilidad dan- mayores incluso que al de varios gobernadores (según el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, FONE), cuando ni en el pizarrón se han presentado alguna vez. Si se exige derechos a sus privilegios por antigüedad, la ciudadanía –que aportamos al fondo público de su salario- exigimos transparencia y rendición de cuentas ante los líderes millonarios del magisterio. Sobrepongan el interés superior del menor a la educación sobre el interés político, y con compromiso de profesionales, confronten una prueba de conocimientos y de confianza de la sociedad hacia ustedes.

Señor Chuayffet, hay que recordarle a cada maestro que su función es dar clases, no hacer política, como lo señaló el líder sindical, que justifica su alto sueldo como Trabajador de la Educación por su labor política, no educativa; suspenda a los profesores faltistas (pues a pesar de ello se les sigue pagando). No se puede hablar de "reforma educativa" si no se modifican los métodos pedagógicos de 60 años de antigüedad, piedra angular del sistema, y si no se deposita a la educación en una universalidad, gratuidad y calidad íntegra.

Es tiempo de "impulsar políticas públicas que estén enfocadas en el desarrollo humano para promover la productividad y disminuir la desigualdad en el país", en palabras del Nobel de Economía, James J. Heckman.

Señor presidente, dejemos de decir que invertimos gran porcentaje del Producto Interno Bruto en educación, cuando existe una fuga por la alcantarilla de la corrupción y el compadrazgo. Tal es el caso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), donde el presupuesto ejercido se utiliza para otros fines, como el pago de plazas a los líderes sindicales o devoluciones incorrectas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a grandes empresas, generando un recorte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y haciendo estancar el engranaje de la educación a causa de las prácticas de la corrupción.

Hay que ocuparse mejor en reflejar esta inversión del Estado a la educación, en gestionar adecuadamente ese 6.2% del PIB en las necesidades que la infraestructura demanda, recordando que según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2013, el 25% de las escuelas de educación básica están ubicadas en instalaciones no educativas, 24% no tienen agua, 10% no tienen baños, 8% carecen de luz, 10% no cuentan con pizarrón, 15% no tienen sillas para los alumnos. 

Apostémosle más a la educación, como pieza clave para acabar con la pobreza y aumentar la tasa de crecimiento anual, y dejemos de hacer mal gastos en imagen y lujosos viajes. Tomemos el ejemplo de Botsuana, en África –o más cercano: Cuba, Chile, Canadá- que en 1966 era uno de los 25 países más pobres del planeta, con un PIB per cápita de alrededor de 70 dólares. Y desde entonces, gracias a a la inversión en educación de 10% del PIB, se convirtió en uno de los países con más rápido desarrollo en el mundo, con una tasa de crecimiento de 9.0% anual, 33 años consecutivos y con un PIB per cápita de 17,531 dólares, según datos del Banco Mundial.

Hay que invertir más en formar a los maestros y a la educación en su totalidad, y menos en evaluar sólo a los maestros. Los resultados de la evaluación ya están: escasa y frágil cobertura, 47% reprobados (que por criterio de la Suprema Corte, si no aprueban la tercera evaluación, pueden ser separados o re-adscritos a otra área). Pero no podemos contar con maestros de primera cuando tenemos instalaciones de tercera, cuando no hay un pleno acceso a la educación de calidad y tenemos modelos educativos experimentales, cuando convivimos en nuestro país con más de seis millones de analfabetas y seguimos aferrados a la solución de un sistema de libros gratuitos obsoleto, cuando la infraestructura está a medias. Modifiquemos el salario paupérrimo de los maestros. Todo lo anterior es verdaderamente una reforma educativa, no una fracción, como la evaluación de los maestros generando reformas incompletas. 

¿Cómo exigir que miles de maestros aprueben, cuando tenemos un gobierno reprobado por miles?

¿Cómo exigir derechos políticos cuando no hay transparencia y además obstaculizan garantías a los niños?