EL QUE MATA LA VACA

Interesante, muy interesante la declaración de José Abugáber Andonie, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, cuando afirma o reconoce que en determinados casos de corrupción no son sólo el gobierno y los políticos los involucrados, sino también el sector empresarial.

Por supuesto que el dicho de Abugáber llama la atención, porque no es común que un personaje del mundillo empresarial con un cargo de responsabilidad en las cámaras que los agrupan se aplique en la autocrítica y deslice la posibilidad de que sus agremiados comparten culpas en asuntos tan delicados como la corrupción que asfixia, de tanto en tanto, a la administración pública.

Abugáber define el punto como “de ida y vuelta”; es decir, si para que el acto de corrupción sea consumado se requirió la participación de un actor del sector empresarial, hay que someter a proceso a ambas partes: al político o funcionario, sí, pero también al empresario que se prestó al ilícito. Vamos, es como la “mordida” al agente de Tránsito: para que el cohecho exista, se necesitan dos.

Las precisiones de José Abugáber no podían ser más oportunas -e importantes, si se considera el cargo que ocupa-, porque se dan justo cuando están sobre la mesa dos discusiones importantes para la sociedad y para el actuar inmediato de los gobiernos de León y del estado de Guanajuato.

La primera es la discusión pública sobre el proyecto de construcción de una deportiva al norte del parque Metropolitano, cuyos terrenos se habrían pagado a sobreprecio, según estimaciones de la alcaldesa Bárbara Botello y su equipo, quienes primero cancelaron la iniciativa y ahora amagan incluso con proceder penalmente contra quien resulte responsable.

La segunda, porque la voz del presidente del CCEL se hace escuchar justo al día siguiente de que Federico Reyes Heroles, el presidente del Consejo de “Transparencia Mexicana”, vino a decirnos que el estado de Guanajuato cayó de su lugar 3 de privilegio, al lugar 16, media tabla en la medición de los índices de corrupción en los estados de la República.

La alcaldesa Bárbara Botello pide al gobernador Miguel Márquez ir juntos en la indagatoria de la compra del terreno para la deportiva tras el Metropolitano, y el jefe del Ejecutivo estatal simplemente respondió que no tiene objeción a que las autoridades ministeriales investiguen el caso.

Aquí habíamos apuntado ya que llevar a los hechos el discurso de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción que adoptó Miguel Márquez desde su campaña en busca de la gubernatura se complicaría en cuanto esos hechos involucraran a terceros, de la iniciativa privada.

Bien, pues como no hay plazo que no se cumpla, a Márquez le llegó ese momento y es hora de demostrar si su proclama es convicción o sólo parlamento. De ese nivel son los alcances de la declaración de José Abugáber.

El empresario apoyó su postura en el hecho de que el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno arrojó que un 42.2% de los guanajuatenses opinó que no son únicamente los políticos los que se involucran en actos de corrupción, sino también los empresarios que obtienen contratos de las autoridades.

Abugáber apela a la iniciativa del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, quien no ha tenido empacho en que se revise el actuar de exgobernadores como el de Tabasco, Andrés Granier, sin importar que militen en su mismo partido, en este caso el PRI.

De vuelta en Guanajuato, hasta ahora, el gobernador Miguel Márquez se ha concretado a ordenar la aplicación de auditorías y a señalar a funcionarios de menor nivel como en el caso de la compra de megáfonos a sobreprecio y el fraude en la adquisición de medicinas, ambas en la Secretaría de Salud.

Su secretaria de la Transparencia -denominación surgida en este trienio-, Isabel Tinoco, fue rápidamente devorada por la burocracia y ahora sólo se limita a anunciar los plazos para la entrega de resultados. En todo caso, queda mucho por ver.

AHORA SÍ, LA PREPA DEL POLI

Ya. Finalmente, luego de trompicones y alegatos entre el gobierno municipal de León y el estatal de Guanajuato, con la colocación de la primera piedra, finalmente arrancó la construcción de la vocacional del Instituto Politécnico Nacional, en la tan de moda zona de Las Joyas, en León.

En la prepa del Poli, el Gobierno del Estado hará una inversión de 467 millones 800 mil pesos.

Ayer, para la ceremonia, estuvo en León la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante, quien, discreta y prudente, agradeció a los gobiernos municipal y estatal que hayan retomado el proyecto que ellos mismos -apuntó sonriente- ya consideraban “desahuciado” por su coincidencia con la transición de poderes en el estado y la Federación.

No está de más recordar que en el impulso al proyecto de la “voca” del Poli en Las Joyas hubo un desacuerdo importante entre el gobierno municipal de Bárbara Botello y el estatal de Miguel Márquez, tanto por la ubicación del plantel como por la prioridad y los alcances reales del proyecto, desavenencias que, suponemos, ya fueron superadas.

En medio año, el próximo enero, estarán en las aulas los primeros 500 alumnos de la prepa del Politécnico en León, que ofrecerá como alternativas las carreras de Aeronáutica, Administración de Empresas Turísticas y de Alimentos, Metrología, Control de Calidad, Sistemas Automotrices y Comercio Internacional. Bienvenido el Instituto Politécnico Nacional a León.

LAS CÁRCELES DE LA VERGÜENZA

La Secretaría de Gobierno de Guanajuato anuncia que procederá a adoptar una medida que se ha pospuesto durante muchos años, para ser claros desde que inventaron el cuento de la “readaptación social”: cerrar las cárceles municipales.

Don Antonio Salvador García, el secretario de Gobierno de Miguel Márquez, adelanta que serán unas diez las cárceles municipales que dejarán de funcionar, porque son insuficientes y por supuesto que incumplen con los requerimientos mínimos para albergar a los internos, en clara violación a sus derechos humanos.

Hasta ahí, todo muy bien, pero Toño Salvador adopta luego un discurso un poco raro, dice que hay que coordinar muy bien las acciones y hacerlas de manera “sorpresiva”, para evitar que algunos internos tengan la oportunidad de interponer un amparo para evitar su reubicación y ello impida el cierre del penal.

Llama la atención que sea la autoridad, precisamente de un área como la Secretaría de Gobierno, con responsabilidades eminentemente jurídicas, la que juzgue conveniente “sorprender” a personas cuya custodia tiene a su cargo, para realizar una acción que considera conveniente y apropiada, en lugar de informar y persuadir a los involucrados; pero bueno, evidentemente esas son las formas en este gobierno.

Como quiera que sea, es loable que el gobierno de Guanajuato ponga atención en este asunto, visto de soslayo por todos sus antecesores; en realidad, hablar de “readaptación social” en estas cárceles siempre ha sido una necedad. Ahora, habrá que esperar a que decidan la fecha.

LA JAULA

Que siempre sí. Después del plantón de los panistas y el equipo del gobernador a las oposiciones que intentan un Pactito por Guanajuato, en la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, acordaron trabajar en una agenda común.

Harán -ya sabe usted- mesas de trabajo para incluir en esa agenda común los temas coincidentes de las diferentes fuerzas políticas.

Juventino López Ayala, el jefe del Congreso, destacó que el primer tema a tratar será el relativo a la reforma electoral. Respecto a la construcción del nuevo Palacio Legislativo, dijo que la Secretaría de Obra Pública del Estado revisa los presupuestos para darle continuidad al proyecto. Ah, bueno.

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