Es importante construir una industria respetuosa del medio ambiente, que produzca bienes sin la necesidad de afectar el entorno. Las consecuencias ambientales de un modelo de desarrollo fincado en el establecimiento de empresas contaminantes son evidentes en Guanajuato. La contaminación del aire, suelo y agua en los distintos municipios, así lo determina.

Se trata de contrarrestar la dinámica de una industria contaminante y hacer que las empresas cumplan con la normatividad ambiental. Por mencionar unos ejemplos, tenemos el sector curtidor, las procesadoras de cárnicos, la industria cementera, refinerías, ladrilleras, entre otros.

Una alternativa consiste en pasar de auditorias ambientales voluntarias a obligatorias, efectuando las reformas respectivas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y en el Reglamento en Materia de Auditoria Ambiental, buscando establecer mecanismos de control que reflejen una disminución de los índices de contaminación en el estado de Guanajuato.

Esto se justificaría plenamente si consideramos que el 20 % de las empresas altamente contaminantes producen el 80% de la contaminación del suelo, aire y agua en el estado.

Se presentan tres escenarios posibles:

• No auditar en términos ambientales a ninguna empresa de la entidad. Esto significa el incumplimiento en la aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con los respectivos riesgos, debido a que si no se encuentran supervisadas por el gobierno, las empresas seguirían contaminando el medio ambiente.
• Auditar a las empresas más contaminantes de Guanajuato. Éste es un esquema ideal, debido a que como se mencionó con anterioridad, el 20% de la industria localizada en la región es la más contaminante, por lo que se estarían focalizando los recursos en atender de manera eficaz el problema de la contaminación.
• Auditar a todas las empresas localizadas en el estado. Además de ser inviable debido a la carencia de recursos e inspectores, acarrearía el cierre de muchas de ellas, lo que generaría desempleo, una menor recaudación de impuestos, descontento del sector empresarial, y a la larga afectaría toda la cadena de suministro de las industrias.

Las empresas que se deberán auditar son:

• Refinerías y oleoductos
• Empresas relacionadas con la curtiduría
• Rastros y procesadoras de carne
• Industria petroquímica
• Industria del cemento
• Industria eléctrica
• Exploración y beneficio de minerales
• Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como radioactivos
• Parques industriales.

Si bien es cierto que algunas empresas están dispuestas a no acatar las auditorias ambientales, otras aceptarán programar inversiones para cumplir con la ley, e incluso para ir más allá de lo dispuesto por la norma. La auditoría ambiental ofrece ese entorno a las empresas a desarrollar junto con la autoridad gubernamental, acciones de mejoramiento ambiental de forma gradual.

Si analizamos las causas para que las empresas mexicanas adopten una preocupación por el medio ambiente, encontraremos que la presión legal es el principal motivo, seguida por la reducción de costos, una mejora en la imagen, exigencias del mercado y el compromiso por el medio ambiente.

Es necesario entonces que las empresas y el gobierno adopten mecanismos de gestión ambiental más contundentes, para mejorar las condiciones de vida de la población. Se debe pasar de un esquema de auditorias ambientales voluntarias a uno que sea obligatorio para las empresas más contaminantes.

Esto implicaría una aplicación paulatina de la norma, sin afectar el funcionamiento de las industrias y manteniendo el esquema de empleo, pago de impuestos y economía en cascada.