A ver, ¿cómo está eso de que el municipio “informa y supervisa”, pero no tiene facultad alguna sobre las empresas de seguridad privada, más de cien, que se supone funcionan en la ciudad?

Manuel Sánchez se llama el coordinador de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Él dijo a los regidores de la Comisión de Gobierno, Régimen Interior y Seguridad Pública del Ayuntamiento que el gobierno del municipio “supervisa” un padrón de 105 empresas con el fin de regular el servicio de seguridad privada que brindan, sobre todo, a colonos de fraccionamientos.

Según don Manuel, les dan “seguimiento a las actividades y obligaciones” de las empresas de seguridad privada en el municipio de León. Que tienen un padrón de 105 empresas de seguridad privada que tienen “conformidad” municipal y que se han realizado más de 650 supervisiones “para que su servicio sea el correcto y cubran la normatividad jurídica”.

Pero enseguida llegaron las precisiones. Resulta que al municipio únicamente le corresponden la “supervisión e información” -cualquier cosa que eso signifique-, mientras que el Gobierno del Estado “realiza la acción jurídica y administrativa”. En buen cristiano, estos negocios le rinden cuentas al estado, no al municipio.

Manuel Sánchez asegura que llevan el control y el registro de toda la documentación de las empresas de seguridad, de las altas y bajas de su personal. Que trabajan en coordinación con el Gobierno del Estado para regular a las que no cumplen con las normas.

Y aquí el tema se pone de lo más interesante, porque mientras por una parte el funcionario sostiene que se trabaja con las empresas que no cumplen los requerimientos, para que se regularicen, por la otra confiesa que tan sólo 55 empresas de seguridad privada (de las 105 que tienen en el padrón) cuentan con el permiso estatal correspondiente.

Esto es: prácticamente la mitad de las empresas de seguridad privada que funcionan en León lo hacen de manera ilegal. Valiente supervisión.

Pero, bueno, ilustra Manuel Sánchez que las que no cuentan con el permiso están en revisión de documentos y que esos son tratos con el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional. A esas instancias son a las que deben acercarse para proporcionar la información jurídica y administrativa. Eso ya nos da tranquilidad.

El control de los policías privados es una vieja demanda social. Son un problema no sólo en los fraccionamientos -donde, dicho sea de paso, violentan la garantía constitucional de libre tránsito-, sino en los “antros” y en edificios de oficinas, por ejemplo.

La gendarmería privada, como la regulación de los taxis, es una de esas viejas tradiciones de control priista que hace un buen rato debieron pasar a mejor vida. Ahí hay un par de asuntos interesantes para que la alcaldesa de León, Bárbara Botello, ponga a prueba el ánimo descentralizador del gobernador Márquez. Habrá que preguntarles.

EL TREN

El diputado federal panista Juan Carlos Muñoz hace un interesante ejercicio de reduccionismo político: dice que únicamente es cuestión de “voluntad”, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apruebe el proyecto del Tren Interurbano, que correría de León a Celaya, y con el que sueña el estado de Guanajuato.

Desde la óptica del legislador, si se tiene al 100 por ciento el proyecto ejecutivo, y el 95 por ciento del derecho de vía liberado, el de Guanajuato es mucho más viable que el tren que irá de la ciudad de México a Querétaro -”que está en ceros”-, y que anunció el presidente Enrique Peña Nieto.

El voluntarismo optimista del diputado Muñoz ocurre luego de la entrevista que tuvo el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en la que el mandatario guanajuatense logró al menos que el proyecto quedara inscrito en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La verdad, sin exigirse en el análisis, el diputado juzga que, cubierta la viabilidad técnica y económica, el único riesgo sería que, por tratarse de “un estado panista”, el gobierno federal vacile para dar el banderazo al proyecto.

Según Muñoz, con una inversión estimada en los 14 mil millones de pesos, el Tren Interurbano de Guanajuato sería el más económico de los proyectos planteados.

El gobernador Márquez consideró en su momento que en unos tres meses, a partir de su entrevista en la SCT, se conocería la resolución del gobierno federal. Ya estamos más cerca del desengaño.

EL PACTO

El guanajuatense Luis Alberto Villarreal, jefe de los diputados federales panistas, esta vez va de la mano de los perredistas en la solicitud de un juicio político para Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, y Javier Duarte, gobernador de Veracruz, a los que panistas y perredistas acusan de desviar los recursos federales de la Cruzada contra el Hambre, con fines electorales.

Villarreal cabildeó el acuerdo, directamente con el coordinador de los diputados perredistas, Silvano Aureoles, y con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Luis Alberto está tan o más enojado que su líder nacional, Gustavo Madero, por los comentarios del presidente Enrique Peña Nieto, posteriores a su denuncia, en los que, al micrófono, le pidió a Rosario Robles que se despreocupara de las acusaciones. Madero diría después que no es crítica, que es denuncia penal.

Villarreal no se quiso quedar atrás y, en declaraciones a la prensa, dijo: “Que lo tengan claro estos mapaches disfrazados de funcionarios, hoy somos más en este país los que queremos y merecemos un régimen de libertad y democracia”.

Madero, por su parte, mide el terreno y, si bien no arriesgó el retiro del Partido Acción Nacional del Pacto por México, anunció que no acudirá a ningún evento del pacto hasta que “se aclare” el uso de programas sociales para beneficiar al PRI en las próximas elecciones, en el caso concreto de Veracruz.

Su protesta iniciaría en la presentación de la iniciativa de reforma financiera, que finalmente fue pospuesta por el presidente Peña Nieto, lo que ya se tomó como una consecuencia concreta de la inconformidad panista, a la que se sumaron los del sol azteca. Un eventual retiro de los blanquiazules del Pacto por México sería decisión de la comisión política del PAN a la que ya convocó Gustavo Madero.

El presidente Peña Nieto, por su parte, informó en comunicado de prensa que las actividades públicas relacionadas con el Pacto por México se suspenden temporalmente, porque buscará un “diálogo franco que permita superar los desencuentros”.

De madrugada, se informó de la cancelación del evento que se tenía programado para este martes 23 a las 10 horas en el salón Tesorería de Palacio Nacional, para la presentación de la iniciativa de reforma financiera.

LA JAULA

El lunes, en San Pancho, el IACIP organizó un encuentro con empresarios y funcionarios municipales, en el que explicaron los procedimientos que deben realizar las empresas para la protección de los datos personales de sus clientes y sobre el aviso de privacidad.

El consejero Juan José Sierra Rea detalló que, si bien en el caso de los datos personales en posesión de particulares la autoridad competente es el IFAI, en Guanajuato, el IACIP cumple con una función orientadora…

Empresarios de San Francisco del Rincón, León, Irapuato, Celaya y otros municipios han hecho llegar ese tipo de inquietudes al Iacip, así que el instituto programa una serie de encuentros con material proporcionado por el IFAI y con participación de funcionarios del propio instituto federal.

Asistieron el alcalde de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña; el consejero general del IACIP, Juan José Sierra Rea; el secretario de Ayuntamiento de ese municipio, Felipe Frausto Chagolla; el presidente del Consejo Directivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de San Francisco del Rincón, Marcos Anguiano Velázquez, y el secretario ejecutivo del IACIP, Francisco José García Plascencia. Poco a poco, pero avanzamos en la apropiación del derecho a la información.

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