El pasado 25 de octubre, la senadora Ninfa Salinas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB), apodada por otras organizaciones como la “Ley Cero Verde”.

Por el lado institucional, escuchamos a los iniciantes defender los 237 numerales  y 11 artículos transitorios que abrogan la Ley General de Vida Silvestre y derogan el Título Segundo de la Ley General del  Equilibrio  Ecológico y la Protección al Ambiente, al tener objetivos ambiciosos, con propósitos de mantener a México a la vanguardia de mecanismos de protección y cuidado al medio ambiente y el patrimonio natural durante las próximas generaciones, así como asentar las bases para el establecimiento de políticas públicas integrales y la protección legal y eficaz a la biodiversidad.

Y paralelamente encontramos argumentos de que la presente iniciativa es un nuevo proyecto de ley que amenaza a la biodiversidad, que compromete los recursos naturales, y que las comunidades rurales quedan desprotegidas y a merced de la industria para aprovecharse del saber indígena, la flora y fauna.

Partimos de la idea de que México cuenta con las condiciones favorables para generar riqueza biológica. Precisamente, como lo señalan Lucila Neyra y Leticia Durand, «la variedad de ecosistemas, orígenes, formas de vida y lenguas, se equiparan a una inagotable diversidad cultural, donde los recursos naturales son parte significativa como fuente de vida e identidad de muchos pueblos».

Lo anterior ha hecho posible el desarrollo y subsistencia histórica de diversos grupos étnicos que dieron origen a comunidades a lo largo y ancho de la República. Tan solo de la superficie territorial del país, el 51% pertenece a núcleos agrarios, lo cual quiere decir que más de la mitad del territorio está en manos de ejidos y comunidades. En dichos núcleos existen grandes riquezas naturales: se encuentra el 80% de los bosques y selvas, el 64% de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país.

Sin embargo, la relación hombre-naturaleza, y la adopción de los modelos de desarrollo como los son el de sustitución de importaciones, el estabilizador y el neoliberal, han puesto de lado a la biodiversidad del país para ponerla a disposición de la industrialización y urbanización. Lo anterior trae graves consecuencias, desde la extracción y saque de recursos, hasta el abandono forzoso de las tierras de cultivo de familias campesinas.

En este contexto de bosques y selvas como propiedad social, la problemática en torno al tema, nos empieza a arrojar chispazos de alternativas, como el regular a favor de las comunidades, garantizar la cantidad y calidad de las provisiones de agua, vigilar selvas y bosques deteniendo la circulación del 70% de madera ilegal, evitar la extinción de especies derivado del mercado ilegal de mascotas (tan sólo de 2013 a 2014, la PROFEPA aseguró 5,774 ejemplares de vida silvestre)

México es uno de los cuatro países con mayor número de especies animales y vegetales a nivel mundial. Se encuentra entre los países “megadiversos” que alberga entre 50% y 70% de la diversidad conocida en el planeta.

Para legislar en tema de biodiversidad, como el elemento más valioso que posee nuestro país, es necesario escuchar a las partes interesadas, principalmente de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Inclusive, así lo obliga el artículo 2 Constitucional y el Convenio 169 de la OIT, donde se señala que el Estado mexicano como un Estado pluricultural, está comprometido con la protección de la relación que los pueblos indígenas y comunidades tienen con sus territorios y recursos naturales. Garantizar, construir y proteger un espacio para que estos grupos ejerzan su derecho de participación, enriquece el trabajo legislativo para incluir mecanismos para el diálogo intercultural y protección al patrimonio natural. Se necesita ser más incluyente en el proceso legislativo ahora presentado.

Optar por el fast track dentro del senado en un tema tan importante no es el camino digno. Con más tiempo para discutirla, se podría enriquecer su contenido, pues al hacerlo con premura, volvemos a perder la oportunidad para poner el valor de la biodiversidad en el nivel que merece.

Involucremos principalmente al sector social, a quienes impactan directamente las disposiciones de la presente iniciativa, para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Creemos incentivos para aquellos habitantes en la tarea de la protección de los bosques.

Siendo omisos a lo que entre bosques se escucha, abandonamos el resguardo de aquellos que sin voz piden a gritos protección.