La del jueves pasado en el Congreso del estado, una sesión ordinaria por definición y por agenda, justo a los ocho meses de la administración de Miguel Márquez, se puede significar, sin embargo, como el punto de quiebra de las relaciones entre el equipo y el partido del Gobernador y la oposición priista y sus aliados.

En la sesión referida por fin se dejaron de lado las cortesías simuladas y las fracciones evidenciaron posiciones que serán irreconciliables -salvo acuerdos de coyuntura, momentáneos-, conforme avance el sexenio.

Los priistas, torpes pero incisivos, olfatearon la sangre de una presa que les supera en número pero que se asume débil y se arrincona a cada embate de sus adversarios.

El grupo parlamentario del PRI, se sació en el banquete que le obsequió el propio Miguel Márquez, al que sus asesores convencieron de pegarse un tiro en el pie con la detención de tres funcionarios menores de la Secretaría de Salud, acusados de un fraude al Isapeg, a cambio de una nota periodística favorable que en estos tiempos de los portales electrónicos y las redes sociales, expira luego de unas cuantas horas.

Después de los efímeros flashazos de gloria, la lógica informativa -que puede consultarse hasta en los manuales más elementales-, regresó al equipo del gobierno del estado a la realidad que únicamente ellos no previeron.

Las consignaciones, quiérase o no, confirmaron de alguna manera la corrupción en el sector salud del estado, de la que todo mundo habla, y dieron paso, en automático, a un par de preguntas simples: ¿ellos actuaron solos con semejante impunidad, o se encubre a eventuales autores intelectuales de mayor jerarquía en el organigrama oficial? ¿si los detenidos pudieron delinquir durante seis años, qué hacían sus superiores y los responsables de las instancias de prevención, vigilancia y control?

Ambas interrogantes, susceptibles de eludirse y hasta ignorarse con facilidad extremas, se agravan al reparar que uno de sus jefes, como secretario de Salud del estado, es Éctor Jaime Ramírez Barba, hoy secretario de Desarrollo Social y brazo derecho del Gobernador al menos hasta hace unas semanas. Su antecesor, secretario también en el tiempo en el que se cometieron los latrocinios, Armando Aguirre Torres, incluso fue cesado aunque, eso sí, sin que trascendieran las investigaciones y menos sus alcances.

Peor todavía, el actual gobernador, Miguel Márquez Márquez. Era el secretario de la Gestión Pública a cargo de las auditorías preventivas y otras fantasías de la Administración pública.

En el apartado último, los asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso, a nombre del grupo Parlamentario del PRI, el diputado Gerardo Zavala Procell, exigió al gobernador Miguel Márquez -”que separe de sus cargos a funcionarios que hayan sido parte de la Secretaría de Salud para facilitar las investigaciones”-, sin ocuparse de los nombres pero en clara alusión al secretario de Desarrollo Social, Éctor Jaime Ramírez, a quien correspondió en ese encargo el cierre de la administración de Juan Manuel Oliva Ramírez.

Con evidente desparpajo, Zavala Procell, dijo textualmente: “las diputadas y los diputados del PRI creemos que debe hacerse una profunda investigación, determinar hasta dónde llegó la responsabilidad de los acusados y de sus superiores jerárquicos obligados a la supervisión y preservación de la legalidad de sus actos, y saberse si ya están en otras actividades privadas . . . , o siguen en la función pública”.

Ese mismo día, apenas concluida la sesión del pleno, se reunió la mesa de trabajo a la que convocó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para el análisis de la “Iniciativa de reforma al artículo 124 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y de Ley de Juicio Político”, que presentaron los priistas. Como anillo al dedo de esa jornada.

Las diputadas Yulma Rocha y Karina Padilla, y los diputados Óscar Arroyo, Luis Felipe Luna, Sergio Contreras, Sergio Bernal, Alfonso Ruiz Chico, Martín López y Juan Rendón, tuvieron como invitados a Carlos Téllez Guzmán, del Poder Judicial, y a Plinio Martínez Tafoya, coordinador jurídico del Gobierno del Estado.

Los panistas, otra vez, fueron a las cuerdas. Alfonso Ruiz Chico, hilvanó una argumentación ingenua y endeble. La propuesta legislativa no es nueva, dijo, y crear una ley específica de juicio político, cuando ya existe la figura en la Constitución local, “generaría situaciones de revanchismo político” en contra de funcionarios en lo particular. No, pues sí.

La priista Yulma Rocha -en su indiscutible papel de piedrita en los zapatos de los panistas en el Ejecutivo y en el Congreso-, precisó a su compañero de legislatura que en el tablero en el que juegan lo político y lo jurídico, van de la mano y que no, que el punto no está contemplado en los ordenamientos jurídicos.

Al margen del destino que aguarde al final del día a esa Iniciativa, es claro que desde el arranque de los trabajos de esta legislatura -no, desde antes-, los priistas, en su condición de primera minoría, arrebataron la agenda a los panistas y que los asuntos que le son conveniente, sobre todo en términos políticos y mediáticos, son los que dominan el orden del día en las mesas técnicas, en las reuniones de las comisiones y en las sesiones del pleno -muy probablemente-, también cuando se reúnen para tomar café.

De la multicitada sesión del jueves pasado, bien podríamos insistir en el desempeño lamentable del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, una mayoría difusa, pero mayoría al fin y al cabo, y el círculo que le (mal) acompaña.

Por motivos indescifrables, su estrategia -de algún modo hay que llamarla- los lleva a alargar hasta las discusiones que les son negativas, con participaciones por alusiones personales o para rectificación de hechos. En la sesión pasada, el colmo, a retar a los priistas a proceder por la vía penal -de una vez por todas, casi declamaron-, en obvio perjuicio de la Administración Márquez.

Los integrantes del grupo parlamentario panista, sin menoscabo de su extracción, pasan las de Caín cuando van a la tribuna. Sin guión son un desastre y sus discursos, amén del tono casi clerical, van a destiempo, plagados de lugares comunes y sin argumentos.

Y para rematar, sus recursos de comunicación, apenas atinan a la transcripción de las grabaciones, secuestran la voz de la oposición en los comunicados y se aferran como a un clavo ardiente a sus compadrazgos en los medios, para que los mantengan a flote.

Así, nada fácil la tiene el PAN en el Congreso. Suerte.

LA RUTA DE LA ALCALDESA

Al otro extremo, la presidenta municipal priista de León, Bárbara Botello Santibáñez, otra vez, le marcó el rumbo a la oposición panista.

La presentación del proyecto del nuevo Hospital del IMSS, con la presencia de su director general; del polígono de negocios Stiva, de inversión privada; y hasta la firma de la Cruzada contra el Hambre, con la delegada federal del ramo, son “carnita” para cualquier agenda oficial.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, estuvo en la sala de cabildos de León para intercambiar elogios con la alcaldesa Botello, y hasta se dieron tiempo para presentar el proyecto de la construcción del nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estará ubicado sobre el libramiento norte, por el rumbo de la Universidad Iberoamericana.

Suficientemente difundidas en la semana las características y los alcances de la nueva clínica del IMSS, habría que subrayar que la visita dio pie a la alcaldesa para capitalizar la formalización del proyecto y, de pasadita, la renegociación de la deuda del municipio con el Instituto, un verdadero dolor de cabeza en las administraciones municipales panistas anteriores.

Bárbara acompañó también a los inversionistas del Polígono de Negocios Stiva, al sur de la ciudad, donde ellos mismos anunciaron su potencial de generar hasta 12 mil empleos directos, un anuncio que no se escuchaba en León hace muchos, muchos años, mínimo, veinticuatro.

A Bárbara, ya tocó en suerte presidir la puesta en marcha de dos polígonos industriales de manera consecutiva.

Y para cerrar la semana, el viernes, la alcaldesa, Bárbara Botello y la delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social, Claudia Navarrete, firmaron en el salón del Ayuntamiento, la instalación de la Cruzada Peñanietista Contra el Hambre.

Obvio, la alcaldesa repasó los números de pobres en León, que le heredaron los panistas: más de 315 mil personas que padecen carencia alimentaria, es decir, el 20 por ciento de la población . . .

La delegada federal, Claudia Navarrete, diría que la Cruzada busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de 7.4 millones de mexicanos.

Y no deja de llamar la atención que la delegada de Sedesol, haya dicho de manera, textual:

-”Tendrá tres objetivos a corto, mediano y largo plazo (. . .), ya que en el estado participarán nueve municipios en esta cruzada”.

Todavía hace unos cuantos días, el secretario de Desarrollo Social del estado, Éctor Jaime Ramírez, difundía en gira de medios que no serían únicamente los nueve municipios anunciados originalmente, sino los 46 que conforman el estado de Guanajuato, gracias a la negociación directa del gobernador, Miguel Márquez.

¿A quién le creemos? Es pregunta.

FOX, PEACE AND LOVE

Devoto fiel de la estridencia, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, dio un campanazo esta semana. Fue del dicho al hecho y, partidario de la legalización de las drogas en México, presentó en los Estados Unidos de Norteamérica su plan de negocios para vender marihuana.

En traje de economista de corte internacional, ilustró que la droga reacciona con los mismos principios económicos que cualquier otro producto básico: cuando el suministro aumenta, los precios caen. Bravo.

Por supuesto, Fox no encontró de este lado del río Bravo quién secundara su iniciativa, menos al interior de su expartido, el PAN, donde ya la mera pronunciación de su apellido les causa urticaria.

Para Fox, “Legalizar es la gran salida de la trampa en la que estamos”, según expuso en un seminario sobre legalización de las drogas en Seattle, Washington.

En la nueva empresa de Vicente Fox, se disponen a empaquetar para su venta en cigarrillos, marihuana producida en los Estados Unidos, pero no descarta una pronta legalización en México para que pueda ser exportada, cual si fuera brócoli.

El Centro Fox, incluso generó un comunicado de prensa con los términos de la exposición de Vicente en Seattle, donde habría dicho que hay que tomar muy en serio el proceso de legalización en Estados Unidos, donde el precio de la mariguana ya se desplomó.

Mientras avanza su nuevo proyecto de negocios, hay una pregunta pública a la que Vicente le saca la vuelta: ¿Por qué no presentó la Iniciativa de Ley correspondiente, durante su mandato como Presidente de México de 2000 a 2006?

Fox, seguro tiene una respuesta que dará “nota”.

LA JAULA

Como parte de su guerra santa por la transparencia y la rendición de cuentas, el gobernador Miguel Márquez firmó un “Convenio de Colaboración” con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), para desarrollar proyectos y acciones en esas materias.

El CIDE, una institución de prestigio -aunque no el mismo de hace unos años, con otros nombres al frente-, iniciará un diagnóstico del estado de cosas en cuanto a esas áreas. El diagnóstico surgirá de 148 indicadores: 29 de archivos, 15 de información pública, 32 de mecanismos de asignación presupuestal, 23 de compra, 30 de contabilidad, 9 de monitoreo y evaluación, y 8 de fiscalización.

En la firma, Márquez insistió en que “no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, esa no tiene precio”.

Comerciales aparte, únicamente habría que agregar que el CIDE no suele firmar convenios, sino contratos… y esos sí tienen precio.

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