TARDE Y MAL

Lo dicho: tarde y mal. La muerte de una pequeñita, hija de un indígena guerrerense empleado como jornalero en el campo de León, confirma que al Gobierno del Estado le pasan de noche, hasta que son un escándalo mediático, muchos asuntos que enojan a la opinión pública.

El caso de los indígenas jornaleros, ahora con una víctima mortal de las condiciones indignas en que sobreviven las familias de migrantes en busca de comida, escaló pronto al Congreso local.

En la sesión ordinaria de ayer, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista -que aquí nunca hemos dicho que haga todo mal- propuso un “punto de acuerdo de trámite de obvia resolución”.

Asientan en su exposición de motivos que año con año se repite la misma situación con los jornaleros agrícolas -en su mayoría indígenas mixtecas-, que llegan a los municipios de Guanajuato a la cosecha de chile, cebolla o pepino, una situación que conocen -o deberían conocer- las autoridades federales, estatales y municipales.

Esta vez, los verdes hicieron la tarea y recuperaron estadísticas por demás elocuentes: en el 2012, alrededor de 405 mil familias vivieron un continuo ir y venir de su lugar de origen a las zonas de cosecha en los estados; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, de la Secretaría de Desarrollo Social, un 78% de la población jornalera se encontraba en pobreza multidimensional. El 58.5% de los jornaleros, casi todos indígenas, proviene de municipios de alta marginación en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Como para que se enteren las autoridades estatales, señalan que los programas federales de atención a los jornaleros incluyen apoyos para la construcción, rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y equipamiento de inmuebles para alojarlos. A años luz de lo que aquí ocurre.

En cuestión de derechos humanos, alguien debería garantizarles condiciones de trabajo adecuadas, un salario equitativo, un hábitat digno, seguridad e higiene en el trabajo, descanso y tiempo libre.

Y así se siguen con las citas de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ordenados por la ONU; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. La utopía.

Dicen los verdes, y dicen bien: “Tenemos reconocidos los derechos, tenemos fijadas las atribuciones y en la misma época, año tras año, somos testigos de la triste situación en que los jornaleros agrícolas, en su mayoría migrantes indígenas, llevan a cabo sus tareas bajo condiciones de explotación”; más claro, difícilmente.

Reclaman también a los empleadores que en pleno siglo XXI generen o permitan condiciones que se aprovechen de su necesidad extrema. Y por fin, proponen el punto de acuerdo.

Que el Congreso local haga un exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Desarrollo Social, federales; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, con la finalidad de que intervengan “enérgicamente” en las comunidades de los municipios de León, Silao, Romita, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y cualquier otro municipio de Guanajuato que albergue temporalmente jornaleros agrícolas.

Se trata de que cada autoridad haga lo que le corresponda para que se cumpla con las condiciones mínimas de trabajo a las que tienen derechos los jornaleros, se respeten sus derechos humanos, les brinden asesoría y accedan a los programas federales de apoyo a los jornaleros agrícolas -que sí existen y están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que dirige, es un decir, Rosario Robles Berlanga.

El fallecimiento de la niña aceleró la producción de boletines de prensa. En la Secretaría de Salud del estado, informan de la intensificación de las acciones de prevención en atención de la salud de los jornaleros. Que ellos desde el 18 de mayo emprendieron acciones en las comunidades rurales donde se identificó a los migrantes.

La Secretaría de Salud hace lo siguiente: prevención y promoción de la salud; vigilancia epidemiológica; atención médica; protección contra riesgos sanitarios;  y salud mental, acciones que así descritas tendrían un espacio en un boletín cualquiera a propósito de nada.

Así que, precisan, en La Sandía, Los Vallejo, Rancho Nuevo de la Luz y Barretos, 75 consultas médicas, 2 referencias hospitalarias, expedido 85 cartillas de vacunación en adultos y niños, dispensadas 150 polivitaminas, aplicado 150 vacunas de niños y 185 tratamientos de desparasitación a jornaleros, un total de más de mil acciones preventivas. La suma no sale, pero en fin.

En León, los reporteros le preguntaron sobre el asunto a la alcaldesa, Bárbara Botello. Sin más, dijo que las deplorables condiciones en las que trabajan los indígenas jornaleros en Guanajuato son responsabilidad de los tres niveles de gobierno. “El presidente del empleo nos falló”, dijo.

Prefirió no buscar culpables y recomendó a todo mundo “ponerse las pilas”. Cosa de esperar al año próximo.

SOMOS POBRES

El Informe de Movilidad Social en México 2013 “Imagina tu futuro”, que presentó el Centro de Estudios Espinoza Yglesias en la sede Marfil del campus Guanajuato, hace eco a la afirmación tronante del Inegi, que causó revuelo nacional: no somos un país de clases medias, sino de pobres.

La encuesta se realizó en el 2011 a nivel nacional; participaron 11 mil  hombres y mujeres de entre 25 y 64 años de edad. Su objetivo fue identificar las opciones de movilidad social.

La movilidad social es la facilidad con la que los miembros de una sociedad cambian de nivel socioeconómico, a partir de su talento y esfuerzo y no de las circunstancias económicas en las que nacieron.

Resultados: el país tiene niveles bajos de movilidad. A mayor desigualdad, menor movilidad social: 70 de cada 100 personas que nacieron pobres siguieron pobres. Igual pasa con los ricos.

Respecto a la movilidad educativa, el origen condiciona el logro para preparatoria y nivel superior.

El rubro de movilidad ocupacional es consistente con el resultado en la educación: existe una barrera para cruzar de las manuales a las no manuales.

¿Cómo lograremos la movilidad social en México?: con igualdad de oportunidades y condiciones de competencia; una nutrición suficiente y de calidad; acceso efectivo a la salud, guarderías de calidad; educación para los padres; mejorar la calidad de la educación media superior y superior; favorecer el ingreso de más mujeres al mercado laboral.

Con todo respeto, pudieron ahorrarse el costo de la encuesta…

LA JAULA

Pues qué esperaban de un organismo independiente como el IFAI: el instituto no dará a conocer el número de averiguaciones previas, si es que existieran, en las que esté relacionado el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

La comisionada Sigrid Artz Colunga, quien de diciembre del 2006 a abril del 2009 ocupó el cargo de secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional por designación de Felipe Calderón, presentó un proyecto de resolución de un recurso de revisión para confirmar la respuesta que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a un particular.

Votaron junto con Artz Colunga tanto María Elena Pérez-Jaén como el comisionado presidente, Gerardo Laveaga.

Los tres son ligados públicamente con el exmandatario. Shulada de país.

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