Un espectáculo más bien deprimente fue el que ofrecieron esta semana todos los actores políticos que se subieron al tema de los “feminicidios”, con más ansias de salir en los periódicos que de resolver el problema.

Predecibles, su primera reacción fue desconocer el fenómeno, inocultable ya y presente en todos los espacios informativos del estado de Guanajuato.

En automático, coincidieron en su negativa a solicitar a la Secretaría de Gobernación una Alerta de Género para Guanajuato, el gobernador Miguel Márquez, su secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca, la senadora de la República, Pilar Ortega y, en León, el secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz García.

Días después, sin alternativa, primero salió al paso el secretario de Gobierno Antonio Salvador García López, quien se hizo acompañar por las diputadas al Congreso del Estado, María Guadalupe Sánchez Centeno, del PVEM, Yulma Rocha Aguilar, del PRI, Karina Padilla Ávila y Karla Alejandrina Lanuza Hernández, del PAN, y Ma. Guadalupe Torres Rea, del PRD, para presentar una propuesta de reforma al código penal diseñada sobre las rodillas y más para atemperar las críticas que para pretender siquiera resolver el problema de fondo.

Eso porque la iniciativa que leyó el señor secretario, se reduce a enlistar otras cuatro causales más para que en el Artículo 153-A del código penal, el homicidio pueda ser considerado como un “feminicidio”. De aprobarse en esos términos la iniciativa de reforma, ahora serían ocho y no cuatro.

En los hechos, el Gobierno del estado de Guanajuato le saca la vuelta, otra vez, a tipificar el “feminicidio” como un delito autónomo, una vieja demanda de los grupos defensores de los derechos de las mujeres.

Llama la atención que las diputadas de oposición, verdes, tricolores y amarillas hayan cobijado la propuesta de reforma del secretario, a la que simplemente agregó la promesa de organizar las consabidas mesas de análisis, siempre adecuadas para ganar tiempo antes del carpetazo al asunto.

Al día siguiente la iniciativa se presentó en el apartado de asuntos generales de la sesión del Congreso y se envió, como corresponde, para su análisis en comisiones. En declaraciones a la prensa y posicionamientos en tribuna, la solidaridad con las mujeres victimizadas, a flor de piel. Nada más.

En León, tras la nota, dos regidoras priistas y la verde ecologista, Beatriz Manrique, idearon una comisión de género en el Ayuntamiento, que se presentará a la alcaldesa Bárbara Botello ahora que regrese de su viaje a Francia y seguramente se subirá en el orden del día de la siguiente sesión del Cabildo.

Con la de las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de defensa de las mujeres, la de la regidora Beatriz Manrique ha sido precisamente una de las voces más insistentes en que el Gobierno del estado o el procurador de los derechos humanos en la entidad, Gustavo Rodríguez Junquera, soliciten a la Secretaría de Gobernación una Alerta de Género.

El fin de semana, Manrique anunció que ya había enviado un oficio en ese sentido al gobernador de Guanajuato Miguel Márquez. La de las organizaciones civiles, a las que se suma el discurso de la regidora, sigue siendo una prédica en el desierto.

Abusadillo que es, el procurador de los derechos humanos Gustavo Rodríguez Junquera, puso a sus muchachos de imagen a trabajar y le encontraron algo que se llama Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social A.C., con quien, presuroso, firmó un convenio de colaboración para establecer mecanismos de prevención a la trata de personas.

Rumbo al fin de semana, Rodríguez Junquera,  anunció que ya había abierto “una carpeta de investigación” del asunto de los feminicidios en Guanajuato.

Solicitó toda la información relacionada a la Procuraduría de Justicia del estado y una vez que revise caso a caso, emitiría una postura oficial respecto al fenómeno.

De la información solicitada a la Procuraduría de Justicia, dijo que se requirió el número de mujeres que tuvieron una muerte violenta, en qué municipio se cometieron los crímenes y un reporte del avance de las averiguaciones previas correspondientes. Junquera dice que la procu tiene hasta el fin de semana siguiente para entregar la información, así de seguro por ahí a finales de mayo ya conoceremos qué opina de todo esto el ombudsman de Guanajuato, total, cuál es la prisa.

Al procurador de Justicia del estado Carlos Zamarripa Aguirre, también le ordenaron salir a declarar. Convocó a rueda de prensa. Una rueda de prensa que fue cualquier cosa, menos eso. Zamarripa hizo malabares con las estadísticas terminó por decir, nada.

Bueno, que contabiliza 24 muertes violentas de mujeres y que de esos casos ya fueron  “esclarecidos”, quince. Ojo: “esclarecidos” y resueltos, no son sinónimos. Y además, para el señor Procurador de Justicia de Guanajuato, únicamente tres de esas 24 muertes, pueden considerarse como “feminicidios” y como tales se consignaron a un juez penal.

No, pues entonces tienen razón en el gobierno del estado: si en el escenario expuesto, el del jefe de los policías ministeriales es el criterio predominante a la hora de decidir las políticas públicas de protección a la mujer, suena absurda la posibilidad de una petición de alerta de género.

A su encuentro con la prensa, Zamarripa llegó acompañado del secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca, y no permitió preguntas de los reporteros, así que no fue mucho lo que aclaró.

En El Heraldo de León se dio cuenta ayer de dos posturas públicas más, en torno al tema, ambas interesantes, la del secretario de Desarrollo Social en el gabinete del gobernador Márquez, Éctor Jaime Ramírez Barba y la de la jefa de los restauranteros de la ciudad, Helen Anaya San Román.

Éctor Jaime, acostumbrado a llamar a las cosas por su nombre, dijo sin rodeos que ni con ocurrencias ni con “mesas de trabajo” es como se debe atender la violencia en contra de las mujeres ¡Vaya! Que se requiere, desde la familia, de manera temprana, detectar las amenazas y los perfiles de violencia contra la mujer e instrumentar mecanismos de alerta. Un día de estos, el gobierno le hace caso a las organizaciones civiles.

La declaración de Helen Anaya es, en verdad, para tomarse en cuenta. Dice dos cosas que no pueden pasarse por alto: la primera, que en sus negocios ya se ven obligados a trasladar con medios propios a las mujeres, de su domicilio al trabajo y viceversa, y la segunda: que los legisladores y funcionarios que los acompañan, no deberían tomarse tanto tiempo para las decisiones de protección a las guanajuatenses. ¿En verdad es tan difícil entenderlo?

Esta vez, los declarantes de siempre recibieron al fin de semana como un verdadero bálsamo. Las agresiones a las mujeres continuaron. El único cambio real, es que aquellos comienzan ahora a leer el periódico en otra sección.

ORIENTALES

Es vigente el amago de apertura del Dragon Mart en Cancún, como cabeza de playa de los productos chinos para invadir, desde México, toda América Latina. Tienen ya los permisos ambientales y en estos días, seguro, el gobierno municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, les expide el permiso de construcción.

Es una amenaza grave para la industria del calzado de León, por más que los discursos oficiales y oficiosos insistan en que no. Sin embargo, el Dragon Mart, con todas sus implicaciones de comercio desleal, no es el único peligro en el horizonte de la cadena productiva del cuero-calzado-marroquinería que identifica a nuestra ciudad.

El primer aviso vino, si lo recuerdan, de la  vecina comunidad de San Cristóbal, San Francisco del Rincón, sí, de los dominios del expresidente panista de México, Vicente Fox Quesada, quien organizó un “Encuentro México-China”, en el que anunció que los orientales traen en la bolsa miles de millones de pesos para invertir en el estado de Guanajuato, en aeropuertos si fuera el caso.

Por supuesto, el encuentro y las declaraciones de Vicente causaron el revuelo previsto y prácticamente rompió lanzas con los hombres de negocios de la ciudad. De proteccionistas a vendepatrias, fue lo menos que se dijeron.

Enseguida, la alcaldesa Bárbara Botello anunció que iría a China a buscar inversiones para León, porque conocía del interés de traer el dinero hacia acá y ella propondría la apertura de industrias en Las Joyas. Finalmente la Alcaldesa canceló la gira, pero sí envió a sus funcionarios de la Dirección de Economía, que recién vuelven de su excursión.

Estos funcionarios informaron a los regidores del Ayuntamiento reunidos en comisión, que llegaría a León una curtiduría china, que abastecería de las vestiduras a las armadoras de carros, instaladas en el estado de Guanajuato.

Tanto candor sorprende. Traer una curtiduría china a la cuna del cuero-calzado en México, suena a llevar la soga a la casa del ahorcado. Dirían en el barrio: ya ni sal le echan.

Los empresarios reunidos en el Consejo Coordinador Empresarial, que capitanea José Abugaber, alzaron con toda razón la voz, para solicitar un par de explicaciones al gobierno de León. Pero la jefa no está. La alcaldesa Bárbara Botello se encuentra en Francia, a donde fue invitada por la Agencia de Viajes Iplaneg, para participar en un seminario que tiene que ver con las zonas metropolitanas.

La acompaña, claro, Chela Amaro, quien tiene a su cargo el Implan. El caso es que los empresarios de la curtiduría y el calzado de León la esperan con ansias para que les informe, no del rollo metropolitano, sino de los chinos que dicen vendrán a León a curtir pieles.

El Dragon Mart, el encuentro México-China en San Cristóbal y la curtiduría asiática que llegaría a León, parecieran una mera coincidencia. Pero en la política las coincidencias no existen.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, regresa apenas de un viaje internacional, precisamente a la República Popular de China, donde dejó más que explícita su voluntad de consolidar las relaciones de comercio con ellos. ¿Así, o más claro?

Si la alternativa de inversión extranjera que ya decidió el Presidente de la República es precisamente esa, poco o nada pueden hacer los empresarios de esta sufrida patria chica. Los chinos vendrán.

Ahora bien, los empresarios no pueden decir que nadie les avisó. Aquí fuimos muy puntuales en interpretar la declaración aquella del senador y exgobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks, respecto al Dragon Mart de Cancún. El secretario de Economía federal confirmaría luego los primeros dichos, y los hechos posteriores nos darían la razón. El dragón marcha, despacio pero avanza.

Y los chinos no son los únicos orientales que toman por asalto la plaza. Ahí están los japoneses que llegan a Salamanca, de la mano de las armadoras de autos. Guanajuato, León, son comunidades amables. Bienvenidos, todos, si se trata de invertir y respetar la ley. Pero ese es el quid de asunto.

LA JAULA

Justo mientras en Guanajuato se agota una semana pródiga en informaciones sobre los feminicidios en nuestro patio, en Burdeos, Francia, la alcaldesa de León Bárbara Botello eligió el tema de las mujeres para su presentación en el Foro del Consejo para el Desarrollo.

“El lugar de las mujeres en México” fue el título de la ponencia de la Presidenta Municipal de León en aquellos lares. Se refirió a la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Una pena, la verdad, la distancia entre los papeles y los hechos. La alcaldesa ya despacha hoy en León.

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