Hace un mes, exactamente, en los “Tigres de papel” del domingo 28 de abril, a propósito de la idea genial de los asesores del gobernador Miguel Márquez de  convertir a Miguel Salim en un “chivo expiatorio” para sus problemas de corrupción y opacidad, citamos el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA.81/2013, y  escribimos:

“En los considerandos, la Secretaría de Transparencia aclara que ‘las facultades para instaurar, sustanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa conferidas originalmente son competencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos’ -a cargo de Rodrigo Sierra Ortiz-; el dato se consigna aquí porque el nombre del funcionario dará mucho de que hablar en unos cuantos días”.

Bueno, pues ahora es público que el implacable verdugo de la rimbombante Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, Rodrigo Sierra Ortiz, es uno más de los empleados públicos del gobierno de Márquez que gustan de violar la ley.

El nombre del director de Asuntos Jurídicos de la  STyRC aparece en el Sistema Estatal Único de Registro de Servidores Públicos Sancionados, de la propia dependencia en la que cobra, con fecha 15 de febrero de este año.

Este empleado público se permite estampar su firma de cuatro trazos sobre el escudo nacional y la leyenda “Poder Ejecutivo de Guanajuato”, luego de la consabida sentencia: “Esta autoridad resultó competente para resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa…”. ¿Qué tal?

En el catálogo de servidores públicos sancionados, Rodrigo Sierra Ortiz fue fichado con el número 1,127, aunque ahí únicamente se consigna la fecha en la que el castigo es vigente y no se detallan los cargos con los que se acreditó.

Esos serían los primeros datos duros del expediente de Rodrigo Sierra que apenas asoma, pero luego el caso se pone de lo más interesante.

Todavía un día antes de la formalización de la sanción, Rodrigo ofrecía entrevistas telefónicas en vivo a los medios de comunicación y quince días después, volvía por sus fueros para declarar, muy quitado de la pena en su papel inquisidor, sobre las trapacerías descubiertas en la oficina del Registro Público de la Propiedad en León.  Vamos, Rodrigo Sierra -panista, por si a alguien se le ocurría preguntar- es el director jurídico, pero también la voz oficial -que en los hechos le arrebata a Isabel Tinoco- y el verdadero poder en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, a cargo de Miguel Márquez. La Iglesia en manos de Lutero.

Hace unos cuantos días, el polifacético Rodrigo Sierra -porque además es defensor oficioso de la Administración estatal- hacía malabares para explicar a los periodistas la compra nebulosa de 500 megáfonos para la Secretaría de Salud, que se compraron con un sobreprecio del 300 por ciento.

Hay un dato sobrecogedor en esta historia: en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, el registro de servidores públicos del Poder Ejecutivo del estado sancionados está bajo el control, precisamente, de la Dirección de Asuntos Jurídicos; sí, la de Rodrigo Sierra Ortiz.

Su dirección lleva el registro, ojo, cancela las inscripciones y expide las constancias de no antecedentes disciplinarios. Esto es de lo más importante, porque ahora habrá que preguntar si esta es la única ocasión en la que Rodrigo Sierra Ortiz ha sido sancionado…

Ups, creo que ya nos adelantamos otra vez.

LOS PANISTAS EN SU LABERINTO

Ayer anduvo por acá el senador panista Fernando Torres Graciano. Quiérase o no, vino a dar su versión sobre el cuartelazo que el jefe nacional del PAN, Gustavo Madero, le dio a Ernesto Cordero, al que separó de su cargo de coordinador de los senadores azules. Fernando no dejó muchas luces que digamos.

A ver.

Fernando Torres Graciano bordó su declaración sobre el calificativo de la “prueba de fuego” que según él representa para el Pacto por México el impulso de una reforma electoral que, dijo, empate la agenda del pacto con la que ya ha planteado el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República.

Juego de palabras aparte, precisamente ahí fue donde se “despeñó” Ernesto Cordero. Sin acuerdo con su jefe partidario, los senadores panistas se permitieron presentar una iniciativa de reforma política, justo unos días después de que Gustavo Madero impulsara otra.

Para no darle vueltas al asunto, el cese de Cordero fue la reacción de Madero a lo que consideró un desacato del senador. Punto.

Por supuesto, Fernando defiende que no existe una confrontación entre los senadores panistas, lo que haría difícil explicar que 24 de los 38 senadores blanquiazules se inconformaran por escrito con la decisión del presidente de su partido, y que únicamente uno de esos 24, el senador Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, se presentara a la reunión a la que citó Madero para designar al nuevo coordinador, José Luis Preciado.

Es vox pópuli que la división panista va más allá del desencuentro entre senadores o de senadores con su jefe de partido; el PAN está fracturado en maderistas y calderonistas, una versión confirmada por un sinfín de voces con reconocimiento en ese partido.

El senador guanajuatense dice acá en su tierra que a partir del nombramiento de José Luis Preciado como su nuevo coordinador, habrán de diseñar una agenda que garantice que los acuerdos que se firmen en el Pacto por México “no sean un techo sino un piso”.

La aseveración de Torres Graciano no tiene desperdicio: primero, efectivamente, de la imposición de los acuerdos del pacto sobre el trabajo de diputados federales y senadores se quejan no sólo los panistas; lo hacen también los perredistas. Los priistas no pueden y además ya están acostumbrados; y segundo, el mensaje que subyace es claro: o el partido -Gustavo Madero- acuerda con los senadores, o estos van a ignorar a Preciado.

Fernando, de plano, dice desconocer los términos de la reforma político-electoral propuesta por el Pacto por México, pero que espera considere puntos como la  reelección legislativa, sanciones severas a quien rebase los topes de campaña y la añeja cantaleta de una segunda vuelta en la elección presidencial.

Por lo pronto, asegura Fernando Torres que él ya puso sobre el escritorio de su coordinador incómodo su renuncia a la responsabilidad de vicecoordinador, para que este decida. Pues sí.

LA JAULA

En León, ya casi tenemos una policía departamental.

Ayer lunes de honores a la bandera, la alcaldesa Bárbara Botello presentó a 50 efectivos que desde ahora serán identificados como la Policía Especializada en Eventos Masivos, un compromiso de la presidenta municipal, después de aquella paliza de los gendarmes a la porra del equipo de futbol de los Tigres de la Universidad de Nuevo León en el estadio.

Los 50 uniformados fueron los mejor calificados en la capacitación que diseñó y aplicó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, tuvo a bien informar Bárbara Botello. Pero eso no es todo. La Administración priista de León ya prepara otro escuadrón de la policía municipal, cuya misión será atender a los turistas. La Policía Turística orientará a los visitantes sobre los lugares de interés de la ciudad.

Sus integrantes también serán capacitados en derechos humanos y, además, hablarán inglés -prevista la oleada asiática, mandarín no sería una mala idea-.

Así que, pronto, de León serán una referencia los policías de a pie, los policías antimasivos, los policías turísticos… ah, y los policías corridos.

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