Hace unos días, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato publicó los resultados de la segunda convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para hacerse de recursos públicos como apoyo a sus labores sociales. Esta convocatoria es parte del programa Apoyos Impulso para Organizaciones de la Sociedad Civil, que repartió este año cerca de 45 millones de pesos en dos tandas.

Los resultados de la convocatoria, es decir, el anuncio de a quién y cuánto apoyo se da a las organizaciones, pasa generalmente desapercibido, menos para los que hicieron su carta a los Santos Reyes. Estos días, sin embargo, la nota pasó al nivel nacional porque en la segunda convocatoria, que repartió poco más de 24 millones de pesos, obsequió 16 al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Irapuato, es decir, un 64.4%. El resto se repartió entre otras 34 instituciones, que obviamente recibieron un porcentaje muy menor. Unas 25 más presentaron proyecto y se fueron con las manos vacías. Aquí es importante aclarar, antes de que me metan en el saco de los “monstruos que critican al Teletón sin haber pisado nunca un CRIT”, que no estoy en contra de la labor que hacen en estos centros. Pero no me van a objetar que el dato es interesante. Al menos tendríamos que saber por qué, para la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la tarea de la rehabilitación es tan relevante, comparada con muchas otras tareas sociales igual de urgentes y humanas; incluso frente a algunas preventivas, como el trabajo con madres embarazadas, que podrían evitar que muchos niños tuvieran que usar los centros Teletón. En esta segunda convocatoria presentó solicitud también un centro de rehabilitación en Celaya, y le dieron un 4%. La segunda que más recibió. Eso podría reforzar la idea de que para la Secretaría de Desarrollo Social la rehabilitación es prioritaria, y está muy por encima de cualquier otra necesidad social en el estado. Pero aún siendo el caso, ¿por qué dar el 64% a Teletón y sólo 4% a otro? ¿Cual es el criterio?

Un programa de apoyos a organizaciones de la sociedad civil debe fomentar el fortalecimiento de aquellas organizaciones que más lo necesitan para que se multipliquen los servicios en cantidad de destinatarios y en variedad de enfoques. ¿Puede explicar eso la decisión de dar 64% de los recursos de una convocatoria al CRIT Irapuato? El CRIT Teletón es una obra que tiene beneficios muy claros y destinatarios vulnerables –no queda la menor duda–, pero al mismo tiempo es una de las más favorecidas por las grandes empresas y patrocinadores. Una décima parte de los recursos dados al CRIT podría hacer la diferencia para muchas otras asociaciones que empiezan, y es muy probable que la sólida fundación del Teletón pudiera conseguir los 16 millones completos de otro lado.

La explicación más plausible para esta preferencia es que el gobierno del estado se obligó desde la fundación del CRIT a aportar recursos para que éste se estableciera en Guanajuato. Si fuera el caso, lo más lógico es que estos recursos salieran de un fondo de la Secretaría de Salud y no que se restaran de los exiguos fondos destinados a las OSC. 45 millones para todas las organizaciones civiles de Guanajuato que están trabajando en áreas sensibles, con grupos desatendidos por el estado, es muy poco. Son migajas, si se considera que la secretaria de Desarrollo Social y Humano en su conjunto cuesta casi dos mil millones de pesos al año.

Pero el problema de fondo no es sólo de cantidades, ni tiene que ver en resumidas cuentas con el CRIT. El problema es la poca claridad con la que se otorgan estos recursos. Hay convocatorias más o menos entendibles, pero después el proceso es oscuro y críptico para las organizaciones. La secretaría no se obliga ni se compromete a entregar resultados en fechas precisas. Hay un comité técnico sin participación ciudadana que decide con base en criterios que no están a la vista de los que participan de las convocatorias.

A nivel federal se ha avanzado más en la transparencia, porque participan personas de las organizaciones de la sociedad civil en la valoración de los proyectos, hay una calificación y una retroalimentación puntual de los mismos; y en el proceso no son sólo funcionarios públicos los que toman las decisiones. Buscar la participación ciudadana y plural en la evaluación de los proyectos, abona también a un uso democrático de los mismos, porque se favorece la existencia de organizaciones de la sociedad civil en todo el espectro del arcoíris, y no sólo en la gama de los colores gobernantes.

El tema es sensible porque una de las grandes dolencias en nuestro país es la escasa existencia de organizaciones sin fines de lucro. Esto puede tener razones culturales, pero en buena medida se debe a una legislación inadecuada y a prácticas gubernamentales que poco abonan a su nacimiento y maduración. Es importante también porque cuando estos recursos no se asignan de forma transparente, surgen las sospechas sobre el uso político o personal que se puede hacer de ellos.

El gobernador Márquez ha puesto un especial énfasis en la participación ciudadana. Transparentar la asignación de estos recursos y pensar en estrategias más claras para el fomento de las organizaciones de la sociedad civil es una tarea pendiente y pertinente a la que deberá poner atención.