Hay corruptotes y corruptitos. Algunos corruptotes se iniciaron como corruptitos, pero en general son especies diferentes, aunque se parecen en lo esencial: son personas que anteponen su deseo de lucro personal a los derechos de las demás y se pueden embolsar el dinero del erario y el de los particulares, sin o con poco remordimiento. Tan poco que no les tiembla la mano para gastarlo luego con sus hijitos, sin sentir que el dinero sucio los mancha. Los corruptotes se roban, de formas muy diversas y creativas, grandes cantidades de dinero. Y digo roban aunque a veces se usen eufemismos como “desvían recursos”, o como “cometen irregularidades”. Este último, por cierto,  es de lo más inexacto, porque la conducta de los corruptotes es mucho muy regular, desgraciadamente. Robar no es necesariamente que los descubran con costales de dinero al hombro (que los hay, también), sino que obtienen ganancias exorbitantes gracias a su información privilegiada, al arreglo de contratos, a los moches famosos. Pero por más sofisticados que sean los métodos, son cacos, tal cual.

Los corruptitos, por su parte, no es que apenas estén aprendiendo, o que sean corruptotes en estado larvario. No. Lo que los hace corruptitos es que el lugar que ocupan en la estructura de su organización los hace buscar a sus presas de forma diferente. Digamos que responden a su hábitat. Son como pequeños roedores que se alimentan de a poquito. Los corruptotes generalmente terminan lesionando al erario y a grandes contratistas del gobierno. Los corruptitos se ceban sobre el hombre común. Los corruptitos son los que piden mordidas o compensaciones en las oficinas públicas; los que se adueñan de las banquetas públicas y piden pequeñas cuotas por usarlas; los que le piden “propina” obligatoria a las personas de las colonias populares por recoger su basura. Podemos pensar que los corruptotes son más letales que los corruptitos, y puede ser cierto, porque al vaciar las arcas públicas nos meten un poco la mano a todos y a todas (a los bolsillos, se entiende). Pero los corruptitos se alimentan especialmente de la gente más pobre, lo que los hace muy dañosos.

Los corruptotes sobreviven gracias a un eco-sistema que les es favorable: leyes laxas, falta de vigilancia, cultura política de la corrupción, simulación, impunidad... Quizá, sólo quizá, estemos avanzando en las leyes que irán creando otro microclima legal que les favorezca menos.

Los corruptitos, como los virus, son más canijos. Los favorecen todas las condiciones que mencionamos arriba respecto a los corruptotes, pero además los favorece el hecho de que los gobiernos son proveedores muy grandes de servicios de primera necesidad, en muchos casos únicos, frente a los cuales los usuarios se sienten incapacitados para exigir o reclamar. Lo comentaban muchas mujeres que recibían pésima atención al inscribirse a un programa social de apoyo: “qué le vamos a hacer, antes nos ayudan”. Y aun sabiéndose sujetos de derechos, con la facultad de exigir mejores servicios, difícilmente los ciudadanos con más carencias cuentan con las herramientas y los canales suficientes para exigir. De esta asimetría nace el clientelismo, que es una forma de convergencia de corruptitos y corruptotes.

Combatir a los corruptitos es complicado porque los mecanismos de control interno difícilmente llegan a detectarlo, aun suponiendo que no hay complicidades en la cadena de organización gubernamental. Lo único que puede funcionar es la contraloría social. Ésta es un mecanismo de participación institucionalizado en el que los ciudadanos ejercen el control, vigilancia y evaluación de los programas y de los servicios que ofrece un gobierno, y de la forma en que gasta los recursos. Es institucionalizado porque opera dentro de las reglas del juego, es decir, sigue los canales institucionales: leyes y reglamentos como conductos establecidos legalmente, a diferencia de otras posibles formas de control y protesta, también válidos, como la protesta callejera, los plantones y otras formas de expresión ciudadana.

Recientemente me tocó participar en un grupo de ciudadanos –universitarios, miembros de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de la Contraloría Municipal– para pensar en un Consejo Ciudadano de Contraloría Social para el municipio. La idea era sustituir el comité anticorrupción con algo mucho más ambicioso, que tuviera más posibilidades de vigilar y controlar, pero sobre todo, que impulsara la participación de más personas en esta tarea toral para construcción de una gestión pública transparente y limpia.

El resultado fue publicado el pasado 24 de junio en el Periódico Oficial del Estado. Se creó el Consejo Ciudadano de Contraloría Social del Municipio, un organismo que, hasta donde sé, tiene características únicas en el país: un consejo formado por 9 ciudadanos y ciudadanas, que serán elegidos mediante un procedimiento que procura evitar las típicas cuotas partidistas o las invitaciones a los mismos ciudadanos de siempre, mediante una convocatoria abierta y un comité de selección también ciudadano.

El Consejo colaborará con la Contraloría en su labor de vigilancia y podrá recibir directamente quejas y denuncias de la ciudadanía. Pero quizá lo más importante será la encomienda de buscar otros mecanismos de participación de la ciudadanía en la contraloría social, para que el usuario final pueda decir algo para cazar a los corruptitos y los corruptotes.

 Es una apuesta nueva, que tiene riesgos como todo lo que inicia, pero ofrece también muchas nuevas posibilidades. La siguiente semana, según se establece en el mismo reglamento, se deberá hacer una convocatoria pública para encontrar ciudadanos y ciudadanas que quieran formar parte. Es muy importante encontrar a las personas idóneas, deseosas de participar, para que una nueva forma de hacer contraloría tenga éxito y permanezca.