“El señor Don Juan de Robres,

con caridad sin igual,

hizo este santo hospital...

 y también hizo a los pobres”

Juan de Iriarte

Cada vez que CONEVAL, o cualquier otra institución, publican nuevos índices o datos sobre la pobreza y la desigualdad, la opinión pública voltea a ver a las dependencias encargadas de lo que llaman “el desarrollo social”. Ellas son las encargadas de resolver un asunto para el que están seriamente limitadas. Esta limitación tiene su fuente en dos grandes cuestiones: la primera, su incapacidad para incidir en la verdadera fuente del problema, que es el sistema económico que produce a los pobres. La segunda, en la contradicción que existe, generalmente ,entre la lógica de la administración gubernamental y el verdadero desarrollo comunitario.

La primera cuestión la describe ingeniosamente Iriarte, poeta del siglo XVII en el epigrama que nos sirvió de epígrafe al presente artículo. Valdría la pena hacer un cartel con este poema satírico y pegarlo en todas las oficinas públicas y en todas las empresas gobernadas por empresarios filantrópicos. Todos los niveles de gobierno poseen estructuras dedicadas a paliar los efectos de una economía que produce, con una naturalidad asombrosa, pobreza y desigualdad. Mientras se crean estas dependencias y se hacen esfuerzos considerables por atender a los grupos vulnerables, las políticas económicas y muchas de las decisiones de las empresas que después crearán fundaciones filantrópicas, ayudan a construir las condiciones en las que muchos nuevos pobres se convertirán en usuarios de sus también nuevos programas de asistencia.

Las dependencias abocadas al “desarrollo social” se parecen a los empleados de limpia que resignadamente tienen que entrar después del Festival del Globo, o de eventos similares, a recomponer los destrozos, luchando con recursos siempre insuficientes, distribuyendo “aspirinas” para males estructurales.

La segunda gran cuestión es, dadas estas circunstancias,  la necesidad de intervenir para paliar los efectos de estas políticas (aún cuando estos efectos fueran menos catastróficos) ¿Cuáles deben ser las metodologías que permitan que los ciudadanos en desventaja se conviertan en sujetos de su propio desarrollo, que los conviertan en ciudadanos autónomos y no en dependientes eternos de los programas asistenciales? ¿Es posible, desde la administración pública desatar procesos de esta naturaleza?

Hay algunos principios básicos y clásicos en el desarrollo comunitario, que parecieran, en principio, luchar contra típicas lógicas gubernamentales. De entrada, es fundamental partir de las necesidades sentidas de las comunidades. Esto supone procesos de auto-diagnóstico con métodos que ayuden a pasar de la necesidad individual a las necesidades colectivas.  Esto supone un proceso, a veces lento, y una gran flexibilidad en los planes. No se entra a la comunidad con un programa, sino que se construye y define con ella. Esto choca frecuentemente con la urgencia de aplicar presupuestos y la necesidad de definir programas a gran escala que se dan en la lógica gubernamental.

En la escuela del desarrollo autogestivo se trata de evitar al máximo la dádiva y la reducción del desarrollo a la obtención de satisfactores básicos. El acento está en el proceso mismo, en la organización. A veces, aún estando en condiciones de solucionar una necesidad es necesario no hacerlo para posibilitar la organización comunitaria, que es un bien más valioso que la necesidad misma. Esto entra frecuentemente en contradicción con la necesidad de mostrar resultados, de publicitar acciones, propia de la gestión gubernamental, sobre todo en democracias competidas.

La tecnocracia y la búsqueda de una pretendida eficiencia ha llevado a la creación de indicadores que, para ser fácilmente cuantificables, se reducen a números: cantidad de acciones de vivienda, de asistentes  a cursos, de cobijas repartidas, calentadores, metros de calle, etc. En el desarrollo comunitario estos números pueden no servir de mucho. Un curso, por sí solo, desarticulado de un proceso más amplio, no cambia, generalmente  nada.

El asistencialismo gubernamental ha marcado a las comunidades rurales y urbanas, a tal grado que ha introducido taras difíciles de vencer cuando se inician procesos que exigen a los ciudadanos esfuerzo y compromiso. Se han creado profesionales de la asistencia social;  personas que navegan a sus anchas entre los programas sociales, viviendo de la caridad gubernamental y negándose a dar nada de sí si no hay “premios” de por medio. En las mismas comunidades marginadas los saben identificar muy bien. El buen trabajo de desarrollo comunitario debe construir, al contrario, autonomía y capacidad en las personas para mejorar por sí mismas.

¿Tiene sentido, entonces, el trabajo de los dependencias dedicadas al desarrollo social? Desde luego que sí. Pero para responder a las cuestiones planteadas arriba, es necesario, en primer lugar que se constituyan en dependencias con la jerarquía necesaria para impulsar políticas transversales que orienten todo el trabajo gubernamental con una lógica de equidad. Dependencias capaces de reflexionar y de incidir en las políticas públicas referentes a la economía, la salud, la educación etc.

En segundo lugar se deben buscar estrategias de inserción permanente en la comunidad. Los centros impulso, las plazas de la ciudadanía son intuiciones valiosas, si no se convierten solo en casas de la cultura, en espacios para talleres; sino en verdaderas centrales capaces de orientar el desarrollo en sus microregiones. Pueden ser los puntos de engarce, de vinculación comunitaria entre pobladores y OSC, que impulsen planes de desarrollo articulados y definidos a nivel micro (polígonos de desarrollo) y ayuden a canalizar los recursos gubernamentales de forma estratégica y con decisiones compartidas por los habitantes de la zona.

En cualquier caso, lo más urgente, es dejar de producir pobres...