La democracia, como una moneda, tiene dos caras. Por un lado es un sistema que establece las reglas para que todos aquellos que quieran acceder al poder puedan hacerlo de manera más o menos pacífica y sin sobresaltos. Por otro lado, es un régimen en el que los ciudadanos y ciudadanas nos damos el gobierno que queremos. Una cosa no puede ir sin la otra, pero no es lo mismo ver de un lado que del otro. En teoría, en un mundo ideal y en las campañas, los que acceden al poder lo hacen para servir a la ciudadanía; no buscan el poder por el poder, sino para servirnos mejor. Si así sucediera siempre las dos caras de la moneda se podrían fundir en una sola. Pero la realidad es diferente.

Son dos lógicas que se expresan en visiones no siempre coincidentes respecto a lo que tenemos que modificar en nuestras normas político electorales. Si se ve desde la necesidad de la ciudadanía, una buena reforma electoral debería garantizarnos el acceso a los y las mejores candidatas y candidatos; el mayor control sobre los gobernantes; los mayores espacios de participación en la elección de los candidatos, incluso en los procesos internos; la mayor eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de nuestros impuestos en la organización de los comicios, etc.

Si uno ve la Reforma Político Electoral a punto de ser ratificada, se puede notar que está hecha, principalmente, desde la óptica de ellos mismos. La pregunta generadora ha de haber sido: ¿Cómo le hacemos para que no nos hagamos trampa otra vez entre nosotros mismos? ¿Cómo le hacemos para que nuestra democracia no deje de ser una partidocracia?

Un ejemplo muy claro es el asunto de la reelección de legisladores. Ciertamente había una demanda ciudadana que apuntaba a la reelección. Pero uno de los argumentos principales para proponerla, era que el legislador volteara a ver más a sus representados. Al depender de ellos la reelección, se suponía que el legislador podría depender menos mecánicamente de su partido. Pero los legisladores pusieron un candado: si se quiere reelegir tiene que ser a través del mismo Partido que lo postuló. O sea que aunque haga buen papel, y quede bien con los ciudadanos, a fin de cuentas es el Partido quien tiene la llave para su reelección. Quieren evitar que un diputado entre por un partido y luego pueda reelegirse como independiente ¿Qué tendría eso de malo si se gana el puesto a pulso?

Por otro lado, se establecen dos propuestas que pudieran ser contradictorias: por un lado se aumenta el porcentaje para mantener el registro como Partido Político (de 2% a 3%) pero se confirman las candidaturas independientes. Claro que falta mucho para saber cómo funcionaran éstas, porque dejan otra vez para una ley secundaria los requisitos para postularse, que como hemos dicho antes, pueden hacerlas inviables si estos se vuelven exagerados. Algunos especialistas han dicho que para una democracia es mejor facilitar la creación de partidos políticos, que alentar candidaturas independientes, porque estos pueden tener un mayor impacto a futuro, fomentan más la participación y son más fáciles de auditar y controlar en su permanencia. No es verdad, como se argumenta en el dictamen, que más partidos nos cuesten más. Como usted seguramente recuerda, el botín que se reparten los partidos está vinculado al padrón electoral y el salario mínimo y no aumenta si son 3 o 10 partidos.

En lo que toca a la creación del INE, uno se pregunta si vale la pena tanto brinco si al final no acaba de solucionar el motivo que le dió vida, que era quitarles poder a los gobernadores. A decir de María Marván, recién nombrada Presidente del desahuciado IFE, nos dará muchos más dolores de cabeza que remedios, por las grandes lagunas que existen, especialmente en lo tocante a su relación con los nuevos Organismos Estatales Autónomos.

Exigencias ciudadanas muy claras como la disminución del financiamiento a los Partidos; la reducción de las cámaras; los salarios exorbitantes de los diputados, senadores y ministros de la Corte; la modificación en la forma de elegir a los representantes plurinominales... no aparecen...

Quizás lo que más debería sorprendernos, es que un país tenga que reinventar sus leyes e instituciones electorales cada tres o seis años. No porque los ciudadanos estemos inconformes con los procesos – que tendríamos razones para estarlo – sino porque los competidores son tan tramposos que no saben qué inventar para impedirse y ponerse las trampas unos a otros. En unos cuatro años empezaremos a hablar de otra Reforma, que enderece la que va a nacer en estos días.