No se debe culpar a la multitud más que
a los príncipes, porque todos cometen
demasías cuando nada hay que las contenga

Nicolás Maquiavelo

Hace unas semanas le tocó ocupar un lugar en el “top-ten” de popularidad en las redes sociales, a una estudiante de Irapuato, la ya famosa “Lady 100 pesos”. La historia es de sobra conocida: conducía su vehículo en un estado de ebriedad absoluto ocasionando un accidente que, afortunadamente, no pasó a mayores. Lo novedoso fue que alguien la filmó cuando trataba de evadir a la justicia, sobornando con un billete de 100 pesos a los policías que finalmente, y con bastante diligencia, la remitieron ante los jueces calificadores. Eso, y su minifalda.

Lo que siguió de ahí fue una secuela inmensa de afirmaciones sobre la muchacha: que si sería modelo de varias revistas; que si daría autógrafos por todo el país; que si la contrataría televisa…  Fui de los que me escandalicé de esas noticias. Me indignaba que una persona que se hacía famosa por hechos tan lamentables, pasara al estrellato como premio. Muy pronto tuve la oportunidad de conocer, a través de una de sus maestras, la otra versión de la historia. Los hechos originales son los mismos, pero todo lo que se dijo después fue mentira: la chica, tras el lamentable y reprobable episodio, se recluyó en casa, cerró sus cuentas en Facebook y anexos y esperó (¿o espera todavía?) que la tormenta termine. A pesar de que se exilió de las redes sociales, siguieron apareciendo páginas con noticias y fotos falsas sobre su vida. Las condenas y ofensas a su persona se multiplicaron.

La joven sorprendida fue, literalmente, linchada públicamente. Desde luego que lo que hizo es grave. Es más, soy de los que piensan que las consecuencias por manejar en estado de ebriedad debieran ser mayores (retirar la licencia por al menos uno o dos años, multas económicas considerables, trabajo comunitario), porque los efectos de esa conducta irresponsable son muy graves. También debiera haber consecuencias legales por el intento de soborno. Pero una vez comprobado el ilícito, a quien toca juzgar e imponer la pena es a las autoridades. Ni más, ni menos.

Las redes sociales están sirviendo cada vez más para hacer este tipo de linchamientos. A veces son cosas más o menos jocosas, a veces son asuntos más graves. A partir de hechos, no siempre verificables, se convoca a las multitudes a declarar culpables. Como afortunadamente son medios virtuales, no se puede capturar a los malandros, colgarlos de un árbol y bajarles los pantalones; pero sí se alcanza, en muchas ocasiones, a destruir reputaciones sin que la víctima tenga el derecho más elemental a la defensa.

Estos linchamientos mediáticos no son lejanos en su forma a los linchamientos mucho más atroces, que suceden con demasiada frecuencia en nuestro país. Historias hay muchas: en julio del año pasado, en Ucareo, Michoacán, tres jóvenes fueron encontrados colgados de un puente. Habían sido acusados por la multitud de haber cometido un secuestro. La familia había pagado el rescate y luego los capturaron. En Tabasco, por esos días, dos hermanos fueron masacrados por un grupo que los acusó de lesionar a un albañil y a su ayudante. Los agredieron a machetazos frente a cientos de testigos, en un parque público. Unos años antes, en Guadalajara, los pasajeros de un camión fueron asaltados y cuando el chofer cerró la puerta para evitar que el asaltante huyera, los pasajeros se fueron sobre el maleante. Cuando las autoridades llegaron, no había ningún testigo que pudiera contar quién le había atado una cadena al cuello y segado la vida del frustrado ladrón.

En los casos anteriores, las multitudes justicieras parecieran tener las certezas suficientes antes de aplicar la pena de muerte. Pero a veces se equivocan: En Ajalpan, Puebla, dos pobres encuestadores mueren acusados de ser robachicos. Hace más tiempo, otros estudiantes perdieron la vida en Canoa, Puebla. Hay casos frecuentes ocasionados por atropellamientos en las carreteras, muchos de ellos verdaderamente accidentales.

El linchamiento es siempre una acción violenta “anónima” que genera en quienes la llevan a cabo un sentimiento de complicidad y de deber cumplido. Complicidad y sentido justiciero son las claves del anonimato, aunque sean miles quienes lo contemplen. En el caso de las redes sociales, hemos visto crecer como hongos a los vengadores anónimos, los jueces implacables que se esconden fácilmente en el anonimato de un avatar o un apodo.

Aunque con consecuencias y efectos diferentes, los linchamientos, en redes sociales y en las calles de los pueblos y las colonias, tienen orígenes comunes. Hay desde luego un componente educativo, la falta de una cultura de paz, de tolerancia, de pensamiento crítico. Pero eso no basta para explicarlo.

Raúl Rodríguez Guillén afirma que la falta de un poder común, de una autoridad –la ausencia de ley o de confianza en la existencia de la ley- está detrás de esta violencia. El linchamiento es una respuesta a la sensación de que si no nos hacemos justicia por nuestra propia mano, nadie va a tomar cartas en el asunto. Gran parte de las autoridades en México están excesivamente desprestigiadas y no parecen, en general, estar intentando algo que no sean programas publicitarios para corregirlo.

Ante la falta de confianza, las redes sociales ponen en la picota a los guaruras, ladys y mirreyes prepotentes. A veces, como en el caso de muchos linchamientos, son verdaderos culpables que merecen todo el peso de la ley. En muchas ocasiones estas exhibiciones han forzado a las autoridades indolentes a actuar y hacer justicia, y las redes sociales se convierten en una herramienta al servicio de la ley. Pero a veces el castigo puede ser desproporcionado o injusto, porque no le da a la parte acusada el derecho a una adecuada defensa.

Con todo el gusto que me da –debo admitirlo– ver sorprendidos a muchos prepotentes y corruptos que antes se escondían en las coladeras, me preocupa mucho más la vuelta a un sistema de justicia medieval, en el que afiancemos troncos en las plazas para atar y exhibir a las brujas y herejes antes de prenderles fuego.