El martes de esta semana fue electo como ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora. Desde el punto de vista de cualquier ciudadano, incluyendo a los que militan en un partido político, lo más importante que debe tener un ministro para ocupar el cargo, es que suscite confianza. Lo que a todos conviene es que cada que vez que los 11 ministros de la Suprema Corte se pronuncien por una sentencia, más allá del acuerdo o el desacuerdo natural, es que no nos queden dudas respecto a la honradez y competencia de cada uno de ellos. Sin necesidad de entrar al fondo del asunto respecto a todo lo que se dice de Medina Mora, es claro que sostener su propuesta implica que las decisiones del máximo juez de la nación estarán manchadas de origen. ¿Qué necesidad había de nombrarlo? ¿No hay otras 20, 50, 100 personas capaces y con trayectorias menos conflictivas para ocupar el puesto?

La semana pasada, el Senado había ratificado a Arely Gómez como procuradora General de la República. Nuevamente, en un puesto en el que la confianza en la imparcialidad del funcionario es fundamental, surgen, natural, aunque discutiblemente, las sospechas sobre su vinculación con Televisa a través de su hermano. No es que la burra fuera arisca, pero hay qué recordar el papel de la televisora en la elección de Peña Nieto. Sin ambargo, la cuestión más importante es su vínculo de 25 años con el PRI, cuando se supone que la nueva fiscalía –a la que naturalmente aspirará siendo procuradora– debe tener un perfil independiente del Ejecutivo. Si al transformarse la Procuraduría en Fiscalía se mantiene a Arely, aplaudiremos menos que cuando nos anunciaron que un subalterno de Peña estudiaría el conflicto de intereses de Peña. ¿Qué necesidad había de nombrarla? ¿No había nadie más? ¿Por qué la ratificaron tan rápido y prácticamente sin discusión?

En Guanajuato, en abril del 2013, la Secretaría de la Transparencia inhabilitó por dos años a Miguel Salim, por irregularidades durante su gestión como director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG). "Es una inhabilitación para ocupar algún puesto público; quiero decirles desde aquí que no estoy interesado en ningún puesto en la administración pública, no tengo ningún interés en regresar a la administración pública”, afirmó frente a los medios. Su desinterés por la política duró justo el tiempo de su inhabilitación, porque el PAN lo postula ya como candidato por la vía plurinominal, el mejor camino para ocupar un puesto público sin que los electores se den cuenta. Su partido lo defiende: “ya cumplió su castigo”. Es verdad, ¿pero qué necesidad? ¿Tan mal están que no pueden encontrar candidatos frescos, de limpia trayectoria? Si le rascamos un poco al Google para ver biografías comparadas con listas plurinominales, encontraremos bastantes joyitas por el estilo, que se estarán colando a una cámara o a los ayuntamientos.

Cuando he planteado este problema en diferentes círculos, algunas de las razones que se me han dado para justificar la elección de estos personajes, se resume en tres: “Por que tienen derecho de aspirar a un cargo público”; “porque la ley lo permite” y “porque harán bien al país (el estado, el municipio) desde ese cargo”

El primer argumento es interesante porque refleja una tensión frecuente: ¿Qué es más importante en la democracia: el derecho de los y las ciudadanas para ser electos, o el derecho de todo el pueblo a elegir a los más idóneos, a decidir cómo quiere ser gobernado? En un final de ensueño, el candidato que aspira a ocupar un puesto coincide con la idea que tiene el pueblo respecto a quién quiere que lo gobierne. Pero si un candidato a un puesto público, a pesar de tener todos los méritos, y de tener todo el derecho, no conviene a los intereses del pueblo, deberá buscar trabajo en otro lado. Además hay qué decir que en los tres casos citados en los primeros párrafos, no es que los vayamos a encontrar pronto en la indigencia.

Que la ley permita que se haga algo, hace que eso sea legal, pero no necesariamente idóneo, ni mucho menos moral. Y esto de que “hará mucho bien en ese cargo” nos lleva a preguntarnos si los cuadros en los partidos serán de verdad tan limitados que no encuentren otro/otra que pueda hacerlo igual de bien, o si no sería bueno probar a miles de ciudadanos que estarían dispuestos a probarse en esas lides.

Ha sido reconocido por el Presidente y por personajes políticos variopintos, que en México existe una crisis de confianza, de credibilidad en las instituciones, en los partidos y en la clase política en general. Uno esperaría que los partidos y los gobernantes estuvieran tomando en cuenta este problema en todas y cada una de las decisiones. Pero parece que, como le dijeron a Peña, no entienden, o que los nombramientos y listas plurinominales obedecen a otras razones. Entonces sí, abrimos la puerta a los malos pensamientos: ¿Qué negoció el PAN en el apoyo a Medina Mora? ¿Qué negoció Televisa con Peña Nieto para poner a Arely? ¿Qué favores le paga el PAN o Madero a Salim, para apoyar a un candidato tan incómodo?

Era tan fácil evitarse estas preguntas buscando otros candidatos, que no puedo dejar de hacerlas.