Desde el dos de julio experimentamos en nuestro país situaciones inéditas, no sólo porque ganó un candidato que podríamos ubicar –si esto es posible– hacia la izquierda, sino por la inusual actividad que se ha dado en torno a él y su equipo como si estuvieran ya gobernando. Esto ha suscitado también una febril actividad en grupos de la sociedad civil y partidos políticos, como si se hubieran abierto las puertas de un espectáculo intempestivamente, antes de tiempo, y todos entraran en tropel a ganar su lugar.

Uno de los fenómenos que ha estado a debate, es el de la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas. Sabemos que la relación de López Obrador con las organizaciones de la sociedad civil no es algo que fluya suavemente, sobre todo cuando no son dóciles o cuando, desde su percepción, representan grupos de interés ligados a “la mafia del poder”. Un ejemplo claro ha sido su resistencia a modificar la forma de nombrar al fiscal, desoyendo una propuesta ciudadana, empujada por Coparmex, que busca evitar que el fiscal le deba su nombramiento directamente al ejecutivo. Pero, paradójicamente, se anuncian consultas diversas y se ponen a discusión temas que para algunos no debieran sujetarse a la opinión popular, como el de la continuación del aeropuerto en Texcoco o la consulta para definir políticas públicas para la reconstrucción de la paz. Visto con poca atención, la posición de muchos miembros de la sociedad civi no deja de ser igual de paradójica, porque así como se oponen a las consultas sobre unos temas, insisten en influir en muchos asuntos de política económica o de política social que, podría pensarse, son competencia de las autoridades electas.

El asunto de fondo no es sencillo, porque parte de concepciones diferentes de lo que es, o debe ser, la democracia, o mejor dicho, del tipo de democracia que es posible o deseable en nuestro país.

Hay muchos que quieren construir una democracia liberal, representativa y tecnocrática. Parten del supuesto de que las personas comunes y corrientes buscan, principalmente,  intereses económicos y son, generalmente, incapaces de una racionalidad política. Por lo tanto, hay que dejar el gobierno en manos de quienes sí quieren gobernar. Y como la mayor parte de las decisiones son un asunto más de conocimientos técnicos que de política, hay que dejar la decisión en manos de las mentes cualificadas. Desde esta perspectiva, la participación ciudadana debe ser sólo electiva (cada tres o seis años) y consultiva, a través de órganos de consulta en los que participan únicamente los “que saben”. Su relación privilegiada con la sociedad, será a través de los organismos empresariales, universidades o grupos selectos de la sociedad civil. Para la participación real, sus peligros son evidentes: las consultas suelen concentrase en las élites, y las decisiones que obvian los aspectos sociales y políticos pueden fracasar cuando se trata de llevarlas a la práctica, por la oposición de grupos de interés populares (San Mateo Atenco, por ejemplo).

En otro polo existe otra idea de democracia sustantiva, social y, añadiría, corporativa. Desde esta perspectiva, el ciudadano es, fundamentalmente, un sujeto necesitado de ayuda. A este ciudadano, un poco infantilizado, se le consulta de forma masiva, más para que opine sobre el rumbo general y refrende las decisiones, que para conocer o explotar sus conocimientos sobre temas específicos. Como las decisiones son un asunto de masas, la necesidad de establecer y controlar las organizaciones sociales corporativas es una tarea primordial; la relación privilegiada con la sociedad civil organizada será a través de ellas.

Los peligros en este extremo, para la verdadera participación ciudadana, son varios. Quizás el mayor es la fácil manipulación de la “opinión del pueblo” para justificar decisiones ya tomadas, o la pretensión de tomar decisiones de carácter técnico que no pueden ser sometidas a mayoría de votos

Desde la perspectiva de la democracia participativa, le elección de representantes es sólo una parte de la democracia, y es legítimo considerar que la toma de decisiones públicas deben involucrar siempre a los interesados a través de mecanismos diversos. Participar sólo a través de organismos de élite o convertir las consultas en actos demagógicos son dos extremos igual de nocivos.

¿Son las consultas anunciadas en estos meses ejercicios reales de participación ciudadana? ¿Debe la sociedad civil incidir en la forma en la que se nombra el fiscal anticorrupción? Afortunadamente para mi causa (tengo más tiempo para pensar), se me acabó el espacio, por lo que prometo terminar esta reflexión en la próxima entrega. Aquí nos leemos.