Apenas caen los primeros aguaceros de la temporada de lluvia –en estas ciudades hechas para el desierto– y las calles empiezan dejan de usar el apelativo de “arroyos viales” para convertirse en arroyos de verdad; incluso en ríos caudalosos o lagunas apacibles decoradas aquí y allá de automóviles-isla abandonados por sus incautos conductores. Se levantan entonces las voces: ¡¿porqué no tenemos un drenaje pluvial?! Si una ciudad como León quisiera tener un drenaje pluvial tendría que invertir prácticamente todo el presupuesto de una administración municipal en eso, y para las tres o cuatro inundaciones anuales, parece más sensato utilizar el recurso en cosas más urgentes. Y aquí el asunto se torna interesante: ¿qué es más urgente? ¿El drenaje pluvial o las banquetas? ¿Las ciclovías o los pasos a desnivel? ¿Las escuelas o los parques? Es muy fácil enumerar los faltantes, pero cuando el presupuesto es una cobija individual para una cama matrimonial, las cosas se complican. Alguien tiene que decidir, y siempre van a faltar cosas.

¿Cómo decidir, en una democracia que aspira a ser verdadera, sobre los presupuestos? Hasta ahora, a la mayor parte de los ciudadanos se nos ha dicho que decidimos… pero de forma indirecta.  Elegimos a unas personas que van a ejercer el presupuesto, y ellas van a decidir sobre el dinero asignado a cada cosa. En el mejor de los casos, como en León, se crean instancias técnicas con alguna representación ciudadana que se encargan de la planeación y dan algunas pautas estratégicas. En el peor de los casos se arman proyectos estrambóticos que venden bien en una campaña electoral.

Desde los años ochenta del siglo pasado, en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, se empezó a practicar lo que hoy conocemos como presupuestos participativos. La idea de fondo va más allá de la simple decisión sobre cómo gastar: es en realidad una profundización de la democracia. Hay muchas modalidades, tanto en sus estrategias como en la escala de los presupuestos que se abren a la participación, pero básicamente, consisten en poner parte de los proyectos de la ciudad a la votación directa de la ciudadanía. Se puede votar por prioridades generales: ¿qué nos interesa más: la pavimentación de calles o la remodelación del Centro? Se puede partir de consultas en las que se definan prioridades sectoriales (por colonias, por polígonos) para establecer después prioridades municipales. Se puede empezar simplemente por consultar, mediante encuestas o centros de votación, pero se puede avanzar a espacios más deliberativos, con ayuda de las OSC y de las universidades.

Se puede hacer la convocatoria al diseño mismo de proyectos para espacios específicos, a escala de toda la ciudad o de pequeños espacios. Imaginemos que se abriera la posibilidad de presentar proyectos para hacer algo en las 10 cuadras del López Mateos que atraviesan el centro de la ciudad. Podrían publicarse los proyectos, las propuestas, discutirse en los medios, y luego hacer una votación abierta para decidir cuál proyecto es el que se debe realizar. O a escalas más pequeñas: participación de los colonos dando ideas en los proyectos para las áreas de donación. ¡Es increíble la poca capacidad de decisión que tienen los vecinos sobre lo que se hace en muchas de las áreas libres o terrenos municipales que hay en sus colonias!  Se pueden destinar presupuestos específicos por sectores o colonias de la ciudad e invitar que los ciudadanos propongan, o se puede presentar la cartera de proyectos del IMPLAN a los colonos, y que sean ellos quienes decidan las prioridades…

No es un asunto fácil, ni basta con crear una oficina que se llame así (como sucedió en el trienio pasado). En un documento sobre el tema, publicado por la Campaña Sobre Gobernanza Urbana de la UN-HABITAT (“¿Qué es y cómo se hace un presupuesto participativo?”), se establecen algunas condiciones básicas para implantar un Presupuesto Participativo. La primera de ellas es una clara voluntad política de las autoridades municipales. La segunda es la presencia y el interés de organizaciones de la sociedad civil y mejor aún, de la ciudadanía en general. La tercera es una clara definición de las reglas del juego, conjuntamente con la población. La cuarta, la voluntad de capacitar a la población y a los funcionarios municipales, tanto sobre el presupuesto en general como sobre el Presupuesto Participativo en particular. La quinta, la necesaria información a la población, a través de todos los medios posibles, y, finalmente, la sexta es la priorización de las demandas jerarquizadas por la población con criterios técnicos que consideren un análisis de las carencias en equipamiento y servicios públicos. No se trata de que todo el presupuesto se decida así, ni que se decidan las grandes líneas estratégicas de la ciudad por esta vía, y sobre todo, que se descuide la equidad y la justicia.

Dice el estudio de marras: “Cuando las condiciones locales no se dan en un momento determinado, esto no quiere decir que las personas o las instituciones interesadas deban abandonar la idea de implantar un Presupuesto Participativo. Se puede empezar con iniciativas limitadas como, por ejemplo, intentar tener más transparencia en el presupuesto. La organización de foros u otras actividades, con la presencia de entidades con legitimidad en la sociedad civil, puede ser un mecanismo de presión para la apertura de una discusión pública del presupuesto y su control por parte de los ciudadanos”.

Puede ser un camino largo y complicado, porque va mucho más allá que dar algunos puestos a la ciudadanía en espacios de planeación o en hacer consultas para construir el plan de gobierno; pero por esa razón, debemos empezar a caminarlo pronto.