Se ha vuelto un lugar común hablar de la labor de demolición institucional que sistemáticamente ha emprendido nuestro actual presidente. Hay que decir que, cuando se habla de esto, generalmente se habla de las instituciones que se habían construido a partir de la alternancia, es decir, durante los últimos veinte años, los mismos en los que tuvimos la oportunidad de sentar en la silla presidencial a tres opciones políticas diferentes. Algunas de estas instituciones de las que se habla no llegan a tanto: han sido más bien formas de proceder, políticas administrativas, como la gestión de recursos públicos a través de fideicomisos, que trataban de romper con la discrecionalidad en el gasto que había sido propia de los gobiernos del siglo XX, o la forma de dar recursos a algunos programas sociales.

En la lógica de la 4T, se requiere de un Estado fuerte para dirigir una transformación de la envergadura que se proponen, y la concesión de espacios de decisión a entes ciudadanizados (con el escozor que el tema le produce al presidente) resta libertad de maniobra. Muchos vemos riesgos en esta obra de destrucción porque nos remite a épocas de mayor discrecionalidad y de concentración de poder. Otros ven el apocalipsis o algo más que eso. Pero me llama la atención que, a pesar de la ingente difusión de memes y de publicaciones editoriales, el fenómeno de reconfiguración institucional no ocupa ni preocupa a las gran mayoría de los mexicanos.

Se podría argumentar que esto se debe a la supina ignorancia de las masas, que no alcanzan a entrever el tamaño del estropicio y sus efectos a largo plazo. Nos podemos quedar con esa tranquilizadora idea. Pero, otra posibilidad, es que los efectos de la mayoría de esas instituciones por las que nos rasgamos las vestiduras estuvieran muy lejos de la vida cotidiana de las mayorías y que no hayan mejorado sensiblemente su realidad.

Para el 60% de los compatriotas el cambio del año dos mil no significó que pudieran tener un ingreso mensual que les permitiera cubrir sus necesidades más elementales. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, tuvimos un crecimiento por encima de la media nacional en estos veinte años, pero mantuvimos en la pobreza a la mayoría de la población. Se habla de la destrucción del sistema de salud, como si viniéramos de una cobertura universal de calidad, pero más de la mitad de la población tenía que hacer cola con sus ancianos enfermos desde las cinco de la mañana para ser atendidos en los centros de salud. Se habla de las instituciones que nos permitieron tener más transparencia y reducir la corrupción, cosa que nunca sucedió, y los ciudadanos de a pie fuimos extorsionados como siempre por las policías, y miramos atónitos las cifras millonarias que se embolsan los políticos, o las obras faraónicas que se piensan sólo para favorecer a unos pocos. Se nos vendió la reforma energética, y nunca vimos un descuento en el precio que pagábamos por los combustibles. Es innegable que esta construcción institucional, estas formas de hacer política, y de administrar los recursos públicos beneficiaron a muy pocos.

No comparto la opinión de que todas esas instituciones fueran inservibles o que, como gusta de polarizar el presidente, estuvieran estratégicamente pensadas para favorecer a “los conservadores”. Tampoco comparto la idea de hacer tabula rasa y empezar a construir desde cero. Pero, con (y sin) esas instituciones que hoy se desmantelan, el país no le ha respondido a la inmensa mayoría.  “Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente” decía una canción de protesta chilena en los años setenta. Más allá de lo que pase en los próximos años, con un presidente como éste o con otro, tenemos que pensar en qué tipo de instituciones, políticas y formas de proceder tenemos que construir para que, efectivamente, generen un bienestar para las mayorías, un país para todos y todas.