Entre el gobierno –toda esa estructura enorme que vive directamente de los impuestos– y la iniciativa privada –todos los ciudadanos, los particulares, que se organizan para producir bienes y servicios con fines de lucro– existe un mundo, más pequeño que ambos, que no siempre se ha podido definir a sí mismo más que como negación de los otros: las “ONG, organizaciones no gubernamentales” –ante el sector público-, las organizaciones sin fines de lucro –frente al sector privado-. El “tercer sector”, dicen otros; las “OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil” se acepta más comúnmente, aunque siga siendo impreciso.

Es, como sea, una parte de la población mexicana que asume como propias las preocupaciones públicas, sobre todo las relacionadas con la atención a los grupos en una situación de mayor vulnerabilidad y marginación. Como no son parte del aparato del Estado, no reciben más que un mínimo y condicionado apoyo económico del erario. Como no son entidades con fines de lucro, no producen bienes y servicios para sobrevivir. Pero prestan un servicio a la sociedad que es indispensable, ya que ni el Estado ni las empresas lo pueden prestar.

Las OSC utilizan, generalmente, métodos de trabajo más flexibles y cercanos a la gente, aunque sacrifiquen el alcance en número de los programas gubernamentales. Ofrecen apoyos a sectores que frecuentemente quedan fuera de los servicios del Estado: niños que no alcanzan escuela, personas fuera del sistema de salud, ancianos, huérfanos, niños en situación de calle. Fortalecen a grupos populares en la construcción de sus demandas y en la solución de sus propias necesidades. Concretan un aspecto central en la democracia participativa: la inclusión de la ciudadanía en la atención de los problemas que la afectan y en el seguimiento de las acciones gubernamentales. No hay democracia completa sin las OSC.

Los mexicanos presumimos de nuestra solidaridad, lo que podría llevar a pensar que México sería un país con un gran número de organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, los estudios contradicen esto. Un documento de USAID (“Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana”) calcula que por cada 10 mil habitantes, existen en los Estados Unidos 65 organizaciones no lucrativas, mientras que en México hay sólo 1.7.

Bueno, me dirá usted, no podemos comparar nuestras economías.  Otros números: en Chile hay 63.8 organizaciones por cada 10 mil habitantes; en Argentina 29.3; en Brasil 17, en India 10.

Está bien, pero ¿qué tal si lo que sucede es que en México tenemos pocas organizaciones pero muy grandes?

Un documento del Centro de Estudios sobre la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins, realizó un cálculo de la población económicamente activa que trabaja en el sector no lucrativo. Es un estudio comparativo entre 30 países y como era de esperarse, los que aparecen en la cima son del primer mundo. El primer lugar son los Países Bajos, en los que el 14.4% de su población económicamente activa trabaja en organizaciones sin fines de lucro; 14 de cada 100 holandeses trabajan en OSC. En los Estados Unidos la cifra baja al 9.8%. ¿Nos comparamos con los de nuestro tamaño? Ahí va, descendiendo: Argentina 4.8%, Perú, 2.5%, Colombia 2.4%, Kenia 2.10%, Brasil 1.6%, México...0.4%, en el último lugar de los 30 países.

Ser pocos no es el único de nuestros males. El estudio de la USAID da cuenta de la gran informalidad de las OSC en México. Esto puede tener relación con la gran informalidad que hay en nuestro país en todos los niveles, pero también “con la complejidad del marco normativo que rige a las OSC y el alto costo que implica su cumplimiento en términos de tiempo y dinero”; así como una cultura en este sector, construida desde la resistencia, que ve al gobierno siempre como enemigo, y la informalidad y precariedad como un atributo y signo de honestidad y coherencia.

Esta fragilidad se relaciona también, en buena medida, con los pocos fondos que hay en México para este sector, lo que les impide obtener recursos humanos cualificados o que puedan tener trayectorias largas y productivas en las organizaciones. Una de las causas, sin duda, son las restricciones que el mismo gobierno pone a las organizaciones para utilizar en su fortalecimiento administrativo los recursos que obtienen: rara vez se pueden dedicar los recursos públicos donados para gastos administrativos o personal de base. O las trabas impuestas a las organizaciones para que ellas puedan obtener recursos de actividades comerciales, aunque éstas tuvieran el único fin de su autofinanciamiento.

Hay datos internacionales que hablan de esta problemática. En el promedio internacional las asociaciones reciben el 35% de sus recursos del gobierno, 12% de donativos y 53% del cobro de cuotas. En México sólo reciben el 6% de donativos, el 9% del gobierno y el 85% de cuotas, es decir, del cobro de sus servicios. En parte esto se explica porque la gran mayoría de las asociaciones civiles son asistenciales o escuelas que cobran parte de sus servicios. La inequidad también afecta a las OSC en México: de los recursos privados que se donan en el país, más del 60% son entregados sólo al 7% de las organizaciones y para colmo, muchas de ellas son las más apoyadas con recursos públicos (incluya a Vamos México y el Teletón).  El 81% de los donativos va para organizaciones de tipo asistencial, lo que deja un 19% para organizaciones con trabajo más educativo y de empoderamiento social.

Aunque rara vez las OSC son noticia, recientemente salió a la luz la Ley que está a punto de aprobarse en Guanajuato para el Fomento de las Actividades de las OSC. Ésta es una buena iniciativa, porque es necesario regular y mejorar el marco normativo que las rige. Pero es fundamental que las mismas organizaciones ciudadanas tengan un papel más protagónico en la construcción de la misma Ley. El marco legal de las OSC está construido más para controlarlas que para fomentarlas. Esto tiene su origen, en buena medida, en el abuso y la desconfianza, pero mientras no cambie la situación, las OSC seguirán siendo pocas y estarán más preocupadas por sobrevivir que por cumplir con su objeto social.