El 9 de marzo pasado, el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, Juan E. Méndez, presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la tortura en México, que mereció las más agrias respuestas de las autoridades mexicanas. El Relator basó sus conclusiones en una visita que hizo a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo del 2014. El informe, en pocas palabras, afirmaba que la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades mexicanas a los detenidos son generalizados. La conclusión no es nueva, puesto que otras organizaciones de la sociedad civil, nacional e internacional,  han afirmado lo mismo. El CIDE, por ejemplo, realizó una encuesta en la que el 57% de los detenidos en prisiones federales afirma haber sido golpeado durante la detención y el 34% sostiene que fueron forzados a modificar una declaración. Como si una mano del más allá acudiera en auxilio del relator, aparece la semana pasada un video en el que se ve claramente cómo se tortura a una mujer. La evidencia es irrefutable. ¿Es sólo un caso aislado?

Antes de esta evidencia palmaria, el gobierno se había encargado de descalificar la investigación del relator y se desató algo que, por su persistencia y por la participación tan machacona de algunos periodistas, pareciera una campaña de desprestigio contra defensores e instituciones de derechos humanos. Las puyas pudieran tener su origen en algunos enconos personales e ideológicos, pero se presentaron de forma tan curiosamente orquestada, que es difícil no ver la intención de matar al mensajero que nos trae malas noticias.

Lo peligroso de minar consistentemente el prestigio de los defensores de derechos humanos, es que hace de su trabajo de denuncia algo muy complicado, pues ante la falta de poder formal, el prestigio es casi todo. Organizaciones sociales desacreditadas pierden su poder ante la opinión pública, pero especialmente, los vuelve más vulnerables. Un producto no menos dañoso de estos ataques es que se ha puesto sobre la mesa una falsa disyuntiva, la que pone en contradicción la necesidad de respetar la integridad de los detenidos, con la urgencia de abatir los índices de impunidad. Se acusa insistentemente a algunas organizaciones de defender a los delincuentes que han sido torturados, y con ello evitar que sean castigados, negando la satisfacción a las víctimas. En pocas palabras, se sugiere que en tratándose de delincuentes, la tortura es, si no necesaria, cuando menos tolerable.

Parece mentira que a estas alturas del siglo tengamos que recurrir nuevamente a un pensador del siglo XVIII, Cesare Beccaria, que ya desde entonces daba razones suficientes para entender que la tortura no sólo es moralmente inaceptable, sino que es altamente ineficaz para impartir justicia. Escribía el ilustre italiano, apenas en 1764, que la tortura borraba la distancia que había entre el reo y el inocente. Si se usa la tortura, el acusado sufre un tormento antes de ser juzgado, y dicho tormento lo recibe por igual si es culpable o inocente. La verdad de una confesión bajo tormento se reduce en buena medida a la sensibilidad del sujeto: el más resistente tiene más posibilidades de salir bien librado. En cualquier caso, el culpable siempre tiene ventaja sobre el inocente, porque con el valor y la resistencia suficiente, tiene la oportunidad de  salir libre y el sufrimiento habrá valido la pena; mientras que para el inocente las dos posibles salidas son negativas: si soporta el interrogatorio violento, habrá sufrido un castiogo inmerecido; si se vence al tormento, recibirá además una condena inmerecida. En el caso del video publicado la semana pasada, sabemos que la víctima está en la cárcel, ¿qué certeza tenemos de que sea realmente culpable? La duda ha sido sembrada, no por los organismos defensores de los derechos humanos, sino por los torturadores.

Ninguna confesión obtenida bajo tortura nos da certeza de verdad, por lo que la línea que divide a los asesinos de los inculpados bajo amenaza desaparece, y la certeza que creen tener las víctimas al ver encerrado a un “culpable” es sólo ilusión. Más aún, la incertidumbre que genera este “método” de investigación al fabricar a un culpable, deja afuera a los verdaderos malhechores: a los culpables del delito y a los torturadores. Estos últimos, también malhechores, gozan de total impunidad. A pesar de los numerosos casos de tortura consignados, el gobierno informó al relator de la ONU de sólo 5 sentencias condenatorias en el ámbito federal; y en el Distrito Federal de 388 averiguaciones previas en 2008, sólo dos acciones penales fueron iniciadas.

¿Porqué tenemos que tratar bien a los secuestradores y a los narcotraficantes? ¿No está bien que sufran un poquito, para que no vuelvan a delinquir? Desde luego que hay respuestas ético filosóficas para esto, y me parece que no debería ni discutirlo. Pero aún suponiendo que no estuviéramos de acuerdo en que su condición de maleantes no les rebaja en nada su condición de seres humanos, la cuestión tiene respuestas simples y prácticas. Suponiendo que se tiene la certeza de que la persona es culpable, ¿quién debe decidir cuáles son las penas? La ley. Hacerse de la vista gorda ante la violencia de los cuerpos policiacos o el ejército nos hace vulnerables a todos, porque les estamos dando la facultad de decidir, más allá del juicio, quién merece castigo, y cuánto.

La ONU pedía al gobierno mexicano que reconociera que la tortura es un método usado sitemáticamente por las autoridades mexicanas. Ahora que se publica el video en el que se tortura a una mujer, hay quien se ilusiona porque el Ejército publicó una disculpa. Pero sólo se reconoce como un caso aislado y no sistemático. ¿Eso nos deja tranquilos? Difícilmente. ¿Quiénes más sabían de la tortura a esa mujer? Estaban filmando, evidentemente, bajo el consentimiento de los torturadores. Eso hace pensar que no tenían noción de que lo que estaban haciendo iba en contra de las reglas de sus instituciones, o lo estaban registrando con fines de información... ¿a quién?

El Relator de la ONU expresa al final del informe la necesidad de “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos”. Ese paso es el indispensable para poder discutir los mecanismos y las estrategias que nos lleven a un estado de derecho en el que podamos pintar con mayor claridad, la rayita que divide a los culpables de los inocentes.

La tortura es un monstruo que no distingue víctimas. Todos podemos ser parte de su desayuno si no la combatimos.