“Pues no sé de qué los acusen, pero lo importante es que los dejen en la cárcel por un buen tiempo. Ya si quieren acusarlos de traición a la Patria, de portación de arma prohibida o de lo que se les ocurra, eso no importa. Hace unos años Salinas acuso a La Quina de acopio de armas y lo mandó al bote. Nunca supimos la verdad ni nos interesaba, nadie protestó, todo mundo sabía que ese líder era un delincuente”. Fin de la cita. El texto está sacado de uno de los innumerables comentarios de los lectores a una nota de Milenio sobre los jóvenes detenidos en el Zócalo.

“No sé de qué los acusen, lo importante es que los dejen en la cárcel”. Son culpables, a priori, porque así nos dijeron. Porque se parecen a los que hemos visto quemar y robar. Porque los mismos que los detienen funcionan como testigos de calidad. ¿Debido proceso? No nos vengan con tecnicismos. La espada de la justicia no cae necesariamente sobre los culpables, sino sobre los políticamente correctos. Y para muestra, este justiciero lector nos recuerda a la Quina: “todo mundo sabía que era delincuente”. Delincuente como muchos otros de su clase en el mismo partido gobernante, pero sólo él sintió la afilada hoja de acero en el cuello, porque el Señor Presidente así lo quiso.

La justicia en México no sirve para darnos certezas a todos los mortales; sirve para otra cosa: para afincarse en el poder, para castigar y premiar a discreción las fidelidades políticas. Es verdad que “se sabía” del enriquecimiento ilícito del líder petrolero de ese entonces, pero ¿por qué le tenían que fabricar delitos? Seguramente porque los delitos reales, por los que podría estar en la cárcel, involucraban a la totalidad del partido en el poder. La misma razón por la que Romero Deschamps goza cínicamente de su riqueza inexplicable. El día que lo quieran detener, porque no le sea útil al sistema, seguramente el desvío de dinero para las campañas del PRI no figurará entre los cargos.

La impartición de justicia, idealmente, debe generar expectativas claras respecto a lo que puede seguir a una conducta determinada. Debe predecir, de manera fiable, lo que va a suceder si me porto mal o si me porto bien. Si esto se rompe, no funciona como herramienta socio conductual. En México no hemos conocido esa justicia. Robar en el servicio público no conduce a la cárcel más que en contadas ocasiones y dependiendo de otros factores. Un crimen pude ser juzgado o no: la probabilidad es de 2 con sentencia contra 98 impunes. Un desaparecido tiene muchas probabilidades de ser encontrado, pero por error, en fosas en las que no se le estaba buscando.

Y frente a esta experiencia de la justicia, los ciudadanos se contentan con creer que de vez en cuando los malos van a la cárcel, no porque el sistema de justicia lo determine conforme a derecho, sino porque el poder en turno lo ha decidido, aun inventando delitos, sembrando pruebas o hinchando de agua con gas los pulmones de los elegidos como culpables. Y así resulta, por ejemplo, que Mireles esté en la cárcel y la Tuta esté libre, aunque nos diga que está cansado, como otros. Y los ciudadanos aplaudimos y nos contentamos cuando apresan a la Quina, cuando apresan a la Maestra, o al malo de principio de cada sexenio, suponiendo que el uso discrecional de las leyes no será dirigido en nuestra contra, porque nosotros no somos de los malos.

Es eso, esa prostitución de la Señora Justicia, lo que tenemos que cambiar. Es ésa una de las principales demandas; en eso radica la culpabilidad del Estado en Ayotzinapa. No en que el Presidente y la clase política en su conjunto hayan jalado el gatillo, sino en su ineficacia, en su incapacidad, en su ceguera, su indolencia y complacencia con esta forma de impartir justicia.

Una parte de la sociedad estábamos de acuerdo en que, efectivamente, era necesario actuar también contra la violencia de unos cuantos que ponían en riesgo la vida de otros y desvirtuaban las protestas legítimas. Era la oportunidad de hacerlo bien. De demostrar que se podía actuar conforme a derecho, de que en México podíamos aspirar a un sistema de justicia capaz de separar a los delincuentes de los rebeldes, a los violentos de los pacíficos. Y lo hicieron mal. Lo volvieron a hacer mal.

Los videos muestran a una policía desorganizada y desbocada. Las acusaciones se basan en los dichos de los mismos que apresaron a ciegas, no a los seguros culpables, sino a los que tenían a la mano. Los acusan, como antes, de delitos inauditos como el terrorismo, para justificar su detención y su envío a penales de alta seguridad, lejos de su casa.

La señal es la de siempre: la justicia opera al contentillo del Presidente, según el clima, según el mensaje que quiera mandar a quien él quiera mandarlo. Y estamos peor que al principio, porque como pasa siempre, los culpables siguen libres, los desaparecidos invisibles, y nuestra confianza en la justicia cada vez más debilitada.

Urge construir otra cosa, desde todas las trincheras. Es posible, a pesar de todo.