Se acerca la época electoral y comienzan a barajarse nombres para ocupar los puestos de elección popular. Algunos de ellos responden a compromisos (negociaciones entre partidos), otros a conveniencias políticas (asegurar el triunfo para determinado partido) y otros más como prebendas (premios a servicios políticos). Los currículos son parte de la preventa política. Se escucha de las bondades de fulano, frente a las particularidades de zutano. Pero entre las ventajas de alguien no se menciona o toma en cuenta habilidades para expresar, enunciar o elaborar documentos con precisión. Me refiero a la capacidad para redactar y cuidar la ortografía.  

Estos deberían ser requisitos indispensables para ser legislador. Las leyes, cada uno de los artículos, finalmente, son enunciados que pretenden normar un aspecto de las múltiples aristas de la vida cotidiana. Enunciados imprecisos, ambiguos o francamente confusos alimentan la corrupción, el coyotaje y la injusticia.

Algunos precandidatos argumentarán que para eso está el personal del Congreso. Hay oficinas dedicadas a valorar la congruencia con otras normas (cuando se propone o se modifica algo) y a revisar la forma de enunciarlas (bajo lo que llaman técnica legislativa, que en mucho se centran en aspectos de ortotipografía, o sea, del uso, formato y estilo en que toda la legislación se ha enunciado). Idealmente, suena innecesario, entonces, que los representantes populares estén al pendiente de lo que estarán asesorados (indiscutible, muchos de esos empleados cuentan con una enorme experiencia, producto de varias legislaturas en operación).

El problema es que en no pocas ocasiones la jerarquía se deja sentir. Desde luego que el peso de un diputado frente a un empleado del Congreso (sea federal o estatal) es total y absolutamente determinante. Eso lo saben y lo dejan sentir. Recién llegados –he sabido– se muestran razonables y condescendientes con quienes los asesoran. Se dejan llevar como un estudiante frente a su orientador vocacional. Pero una vez que se familiarizan con el terreno, pueden llegar hasta la intolerancia, manifestada en la franca imposición. Finalmente, son ellos los que llevan sobre sus hombros la representación popular.

Entonces, ¿a quiénes se podría achacar los errores manifiestos de muchas normas? Por ejemplo, la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato (última reforma, 25 de septiembre de 2012), en artículo 17-A en alguna oración usa el vocablo *cercioramiento, sustituible por confirmación, verificación, certificación, más propios de nuestro idioma. En el artículo 80 a medio párrafo enuncia: «… esta persona firmará con el notario, anotándose dicha circunstancia, imprimiendo aquél su huella digital o firmando si pudiere hacerlo…». El gerundio (terminaciones –ando, –endo de los verbos) se desarrolla en la misma unidad de tiempo que el verbo principal de la oración y, en ocasiones como condición previa (eso indica la gramática). Por tanto, ¿cómo firmará la persona referida con el notario, si se está anotando (al mismo instante, por supuesto), la circunstancia y idéntico instante se imprime la huella, firmando? Evidentemente, se trata de actos que no pueden llevarse a cabo paralelamente, más aún si se trata del mismo documento. Sin embargo, de acuerdo a la Ley, así debería suceder. ¿Culparemos al legislador por su falta de pericia para redactar o a su apoyo?

Como fuere, más valdría capacitar al responsable. Al fin, la Legislatura pasará a la historia como la que enunció barbarismos. Si no los capacita su instituto político, por responsabilidad también deberían buscar conseguirlo.