Una buena y una mala

Para la Procuraduría de Justicia del estado de Guanajuato, ayer, una buena y una mala: la buena es que dieron un golpazo a las bandas de ladrones de vehículos que operan en la entidad; la mala es que continúan las ejecuciones, específicamente en León: ahora fue a una mujer en su auto, en el estacionamiento de un antro.

La Procu y la Secretaría de Seguridad del Estado informaron ayer de uno de sus triunfos más sonoros: la captura de 37 presuntos integrantes de bandas de ladrones de autos y la recuperación de 117 unidades. La verdad, no es poca cosa. El tráfico de vehículos robados es crimen organizado y el delito más lucrativo después del tráfico de drogas.

Ambas instancias, a cargo de Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, respectivamente, dan a conocer la realización de 18 cateos –queremos suponer que con las respectivas órdenes giradas por un juez-, en 18 municipios entre los que enumeran a Acámbaro, Yuriria, Cortazar, Apaseo el Grande y Guanajuato. Hasta la entrega de los “Tigres…”, la única versión a la mano era la resultante de los nada formales tuits a los que el procurador de justicia y el secretario de seguridad estatal, son tan aficionados.

Deslizaron ahí que entre los vehículos recuperados se encuentran 13 tráileres, 14 remolques y dos tractores agrícolas, además de cien toneladas de mercancía robada. A decir de los funcionarios con estos operativos fueron desarticuladas seis bandas de ladrones de vehículos, una de ellas con tentáculos incluso en Sudamérica.

Si como es sabido, el estado de Guanajuato se encuentra debajo de la media nacional en cuanto al robo de vehículos y por encima en sus índices de recuperación, el número de detenidos, vehículos asegurados y mercancía recuperada, son apenas un reflejo de las dimensiones de esa actividad a lo largo y ancho del país.

Pero bueno, ésa fue la buena. La mala es la saga interminable de ejecuciones a la que los ciudadanos de León no pueden ni tienen por qué acostumbrarse. A la media noche, María Estela Carrillo, de 37 años de edad, fue muerta a tiros en su vehículo en el estacionamiento del antro “La Diabla”, en el bulevar Hidalgo.

Las autoridades no establecen todavía la dinámica de los hechos: o la seguían hasta alcanzarla en ese lugar o la esperaron a que subiera a su vehículo al salir del antro. Otra vez, drogas, venganza y un narcomensaje que acusaría de traición a la víctima. Dos vehículos asegurados, uno de ellos con placas del estado de Jalisco.

El dueño del establecimiento y el personal fueron presentados a declarar; se habla de un testigo presencial, una mujer que acompañaba a María Estela, pero ahí comienza el hermetismo de la Ministerial.

Así que mientras políticos y funcionarios pasan las horas culpándose uno a otros de la incompetencia de las corporaciones de seguridad, damos inicio a un fin de semana más, idéntico a algunos de los anteriores…

Nelly no se olvida

En un poco más de lo  mismo, es decir, los avatares de la procuraduría de justicia, los amigos y los familiares de Nelly Yessenia Romero, la muchacha universitaria que encontraron muerta en la sierra de Santa Rosa, y que la Procu asegura se suicidó, hicieron presencia ayer en las calles de la ciudad capital del estado.

Exigen algo muy simple y que es muy difícil entender por qué la autoridad no la otorga: una explicación convincente sobre la muerte de la joven, estudiante de economía en la UG.

Ante semejante tragedia ¿Qué necesidad hay de orillar a unas 30 personas, con pancartas, a exigir: “Justicia para Nelly, justicia para todas”, marchando en las calles?

Se plantaron frente al Congreso del Estado, en día de sesión, para solicitar la intervención de los diputados: nada más piden una explicación a la familia y a la sociedad: ¿Cómo murió Nelly? ¿Qué hizo y dónde estuvo los cuatro días que permaneció como desaparecida?

Si los hechos ocurrieron realmente como afirma la procuraduría y Nelly murió por decisión y acción propia, y si la investigación está concluida, ¿qué detiene a la Procuraduría de Justicia a dar respuesta a las dudas de los familiares?

La Procuraduría dispone de agentes investigadores, peritos en criminalística, médicos… Un equipo multidisciplinario de tales alcances podría explicar de manera sobrada, a detalle, hasta el menor indicio de duda. Pero no lo hacen.

Demoledoras para la imagen del gobierno del estado, gritaron las pancartas: “¿Sr. Procurador, justicia para quién? Justicia para Laura, Lucero, Nelly y Sandra, y cuántas más… Justicia para mí que soy mujer”.

O el coro: “A Lucero la olvidaron, a Laura la enterraron y a Nelly la mataron”.

Los amigos y familiares de Nelly entraron al Congreso del estado y la sesión hizo una pausa para que las diputadas, todas, y el diputado panista Daniel Campos, atendieran a los padres. Hicieron el compromiso de rigor de “dar seguimiento” al caso. En el reinicio de la sesión se guardó un minuto de silencio a la memoria de la joven universitaria.

En verdad, sin ánimo de pancarta, con tantos casos de agravios y crímenes a mujeres, parecen demasiados ya los fierros que la procuraduría trae en la lumbre.

Los expedientes de las muertes de Laura y de Nelly, como el de la golpiza a Lucero Salcedo, tienen huecos tan inexplicables como la reticencia de la Procuraduría de Justicia a explicarlos.

La Jaula

El show de la Profeco: la delegación Guanajuato de la Procuraduría Federal del Consumidor dice que clausuró los estacionamientos de Plaza del Zapato, de Plaza León, de Plaza Piel y el de la Central de Autobuses; que también clausuró las líneas Ómnibus de México, Enlaces Terrestres Nacionales y la de Autobuses de La Piedad, que es la  Primera Plus. Todo aquí en León.

Que también se inmovilizaron 203 productos de piel, lo mismo portafolios que monederos en los locales establecidos al interior de la Central Camionera de León, porque no tenían la requerida en el etiquetado.

Explica la Profeco que esas acciones se realizaron porque detectaron la falta de precios en el servicio de pensión; que el reloj registrador no tenía holograma de calibración; que no se acreditó la póliza de seguro al viajero; que es excesivo el cobro por exceso de equipaje sin un instrumento de valuación.

Es más, en las promociones no se informa el límite de pasajeros; no se conocen las políticas de descuentos a personas con discapacidad, adultos mayores o estudiantes; y tampoco están a la vista las tarifas de todos los destinos.

Es claro que en la Profeco no tienen ni la menor idea del impacto que las clausuras y decomisos enlistados tienen en la Zona Piel; de no saber que sus acciones son de mentirijillas, estaríamos realmente preocupados…

Comentarios y quejas: [email protected] y @FPacomares