Centro histórico • Desaparición forzada • Una procuraduría independiente

Centro histórico • Desaparición forzada • Una procuraduría independiente

Centro histórico
Con el adelanto que le ofrecimos en estas páginas, de la desaparición del Comité del Centro Histórico de León, luego de diez años de haber sido establecido, para dar paso a la creación de una gerencia administrativa, vaya que las autoridades, empresarios y locatarios tiene asuntos por revisar.
Por lo pronto, el dirigente de la Asociación Centro Histórico Empresarial, con más de cien agremiados, se dicen listos y dispuestos a trabajar, aunque no les convence del todo la decisión de desaparecer al comité.
En información del reportero Ignacio Velázquez, Alfredo Orozco dijo mucho sin decir: que el fracaso del Comité de Vigilancia del Centro Histórico, de su dirigencia y de su programa, quedó atrás.
Que con Bárbara Botello Santibáñez, esperan que hayan terminado el dedazo y la imposición de representantes y de programas de trabajo que no se cumplen.
Que ahora habrá que darle para adelante, con la participación de empresarios, comerciantes, vecinos, consejeros culturales, universidades, mercados y el gobierno municipal.
Eso por lo que toca a la parte de la iniciativa privada, pero al interior del gobierno están a punto de continuar un error que ha costado carísimo al desarrollo del primer cuadro de la ciudad: que su gerencia figure en el organigrama de la dirección de Desarrollo Urbano –bautizada para la posteridad como “la cloaca”, por el ex, Ricardo Sheffield-, y de los intereses que ahí se concentran.

A lo largo de esa decena de años, nadie supo explicar bien a bien, por qué la dirección de Desarrollo Urbano, ha de juzgar la conveniencia y oportunidad de que se instale en la plaza principal, en la de los Fundadores o en sus pasajes, una feria de libros o de productos del doctor Simi, por ejemplo. Esa no es su materia. No conocen –ni tienen por qué conocer-, de esos asuntos. Existe una dirección de Economía y ahora hasta una de Turismo, a las que bien se podría entregar esa responsabilidad.
La urgencia, insiste Alfredo Orozco, es ampliar la participación de los sectores, y confía en que la autoridad municipal no pretenda imponer un reglamento o un esquema unilateral de trabajo. Todavía sería mejor que no se relanzara con los mismos vicios de origen. A ver.

Desaparición forzada
En su sesión ordinaria del pleno, los diputados de Guanajuato aprobaron por unanimidad la tipificación del delito de “Desaparición forzada de personas”, iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PAN, por conducto del diputado Alfonso Ruiz Chico, y que se significa al menos como un pasito más en la estructura jurídica de la lucha contra actividades que se dispararon a partir de la guerra calderonista contra el crimen organizado.
Ilustró el diputado Ruiz Chico, que esa figura delictiva al no existir en Guanajuato –como no existe el delito de feminicidio, de manera autónoma-, ahora se considera oportuna su creación, acorde a las exigencias internacionales que demandan su regulación en los niveles federal y local. Aquí vale preguntar si esa misma argumentación no debiera aplicar para la definición del delito de feminicidio en Guanajuato.
Respecto a la desaparición forzada de personas, la norma establece que el servidor público que retenga ilegalmente a una o varias personas previamente detenidas por autoridad, se le aplicarían sanciones que van de los cinco a los cuarenta años de prisión.
Es considerado un delito grave, de tal manera que el indiciado tendría que seguir el proceso penal, privado de su libertad.
Hasta ahora son catorce los estados que establecieron ya ese tipo delictivo: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, el Distrito Federal, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y ahora, Guanajuato.
Bien por los diputados que aprueban ese nuevo delito autónomo, aunque sigue siendo una pena que, con los poderes Ejecutivo y Judicial, regateen a las mujeres la tipificación autónoma del feminicidio, pase lo que pase -como pasa-, en Guanajuato.
Nada más para insistir en el ejemplo, ayer mismo el magistrado que revisó la actuación de la jueza, Paulina Iraís Medina Manzano, que conoció en primera instancia el caso de Lucero Salcedo, estimó que está muy bien que su golpeador, Miguel Ángel Jasso, siga su proceso en libertad. No, pues sí.

Una procuraduría independiente
En más del Congreso local y del activismo del grupo parlamentario priista, de nuevo lanzan el cascabel al gato: presentaron una iniciativa de reformas a la Constitución local, para que se otorgue autonomía a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
La propuesta tiene, de entrada, oportunidad mediática. El procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa, lleva ya un par de meses como el funcionario más cuestionado del gabinete del gobernador Miguel Márquez, a partir de que la violencia contra las mujeres que, feminicidios incluidos, se les salió de control –sigue sin control.
No está de más añadir que la autonomía del Ministerio Público es una demanda añeja, que proviene cada vez de las fuerzas políticas opositoras y sobre todo, de las plataformas de los defensores de los derechos humanos.
Francisco Javier Contreras, diputado priista que leyó la exposición de motivos, subrayó que la procuración de la justicia es una labor técnica que debiera estar a salvo de las tentaciones de los manejos partidistas, algo que hacen muy bien las administraciones priistas, panistas o perredistas.
En el escenario que no va a prosperar, la Procuraduría General de Justicia del Estado sería un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio, y su titular sería designado por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes, a propuesta de una terna que ponga sobre la mesa el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Rebuscado, pero interesante. Ya nada más falta que el jefe del Ejecutivo, es decir, el gobernador, acepte que lo saquen de la jugada…
Ah, bueno, explicaría Contreras, es que se trata de desligar del titular del Poder Ejecutivo el nombramiento del Procurador de Justicia, precisamente para que tenga una calidad institucional independiente, que garantice el ejercicio de sus atribuciones sin condiciones de subordinación. Ajá, le van a responder.
Contreras confirmó que en el Senado de la República se analizan diferentes iniciativas encaminadas a dotar de autonomía al Ministerio Público. A Contreras habría que recordarle que así como Zamarripa es por ahora el secretario en entredicho, es también al único –bueno, no, igual Éctor Jaime- a los que el gobernador parece darles calidad de inamovibles. Zamarripa es su cuate desde la UBAC.

La Jaula
A mitad del mes que hoy inicia, el gobernador Miguel Márquez se va a Japón en busca de nuevas inversiones para Guanajuato. Lo acompañan los secretarios de Turismo, Fernando Olivera Rocha y de Desarrollo Económico, Héctor López Santillana. También invitó a dos alcaldes, Ismael Pérez Ordaz, de Celaya y Justino Arriaga Rojas, de Salamanca. No, la alcaldesa de León, Bárbara Botello, no fue convocada.
El argumento para la selección de los convidados fue que en Celaya y Salamanca se hospedan las armadoras Mazda y Honda.
El viejo cuento de las cosas buenas que parecen malas, pero en fin.
Comentarios y quejas: tigresdepapel1@gmail.com y @FPacomares

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