Un consejo

Después de semanas de dimes y diretes, de guerras de cifras y descalificaciones entre el gobierno municipal priista y la oposición política panista -con o sin cargo público-, a raíz del aumento de la comisión de delitos en la ciudad, al menos hay ya una acción concreta que ayudaría a nutrir la toma de decisiones y animar el flujo de la información.

Por fin tomó protesta el “Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública de León”.

En el papel, su objetivo es funcionar como “un puente” entre los ciudadanos y las autoridades para que las decisiones y las acciones en materia de seguridad pública “respondan a los derechos, demandas y propuestas de la sociedad”. Suena bien.

En la sesión del cabildo que antecedió a la formalización del Consejo, los ediles aprobaron por unanimidad su conformación, cosa de lo más curiosa, porque los panistas se quejaban de que apenas un día antes les presentaron la lista, pero nunca les pidieron un parecer, y eso a pesar de que originalmente la propuesta de su creación es del regidor, Javier Ayala, el jefe de la bancada azul.

-”Sus opiniones serán valiosas para el trabajo de planeación, ejecución y evaluación de las actividades para la prevención del delito”, le dio por su lado a todo mundo, claro, la alcaldesa, Bárbara Botello, quien es también la presidenta del nuevo órgano.

Esta vez, reconoció que León no es ajeno a la situación de inseguridad que se vive en la región . . . , y su gobierno, atiende rezagos acumulados durante muchos años.

Su estrategia de seguridad, dijo la Alcaldesa, incluye: la coordinación con los gobiernos estatal y federal; el trabajo operativo, la inversión en tecnología de vanguardia; la prevención; la cercanía con la comunidad; y la capacitación de los elementos, desde la Academia -aunque, bueno, ya hay cadetes que se quejan de recibir únicamente cinco meses de academia- y no, ocho.

Ahí le van los nombres de los consejeros:

Hasta arriba, obvio, puro funcionario: como presidenta, la presidenta, Bárbara Botello: el regidor, Aurelio Martínez por la Comisión de Gobierno, Régimen Interior y Seguridad Pública; y el secretario de Seguridad, el general, Miguel Pizarro. Los consejeros técnicos: el director de la Policía, Francisco Javier Aguilera -con quien dicen que no acuerda el general; el director de Tránsito, Hugo Solórzano; y el director de Prevención del Delito, José Moisés Herrera.

Los infaltables representantes de los organismos empresariales: de la Canacintra, Gustavo Guraieb; de la Canaco, José Villalobos; de la Coparmex, Juan Rodrigo Moreno; de la CICUR, Francisco Ríos Jiménez; de la CICEG, Héctor Alejandro Lázaro; y de la CMIC, Antonio Sierra Gurza.

De las Universidades, quién sabe por qué, nada más aparece un representante de la UDL, Francisco Salgado. Ni de la UG, ni de la Ibero, ni De La Salle, ni del ITESM o de la UTL, nada más, la UDL.

Por parte de los Comités de Colonos, están el de la Asociación de la Arbide, Óscar Garza; del Barrio del Coecillo, Tomás Arroyo; de la Delta 2000, Juan Francisco Solís; de la 10 de Mayo, Esperanza Hernández; de la Obrera, Ernesto Ramírez y de la comunidad de Los Sauces, Juan Miguel Trujillo. Hay un representante de los Taxistas Organizados del Estado, Héctor Zamora.

El consejo trabajará en seis comisiones, que son las siguientes: Normatividad; Profesionalización; Operación; Participación Ciudadana; Prevención del Delito; y Derechos Humanos. Que se van a reunir cada que sea necesario, dijo la presidenta municipal.

¿Cómo fueron “insaculados” -dirían los técnicos-, del universo de la población de León?, es todavía información reservada.

Decían los clásicos: “cuando quieras que algo no se resuelva . . . , crea una comisión”. Qué bueno, que este es un Consejo. Ya la hicimos.

Un poquito antes

Eso fue pasado el mediodía, pero la jornada inició temprano con la sesión del Ayuntamiento, con doce puntos. El de los consejeros de seguridad, fue el diez.

El regidor José Luis Zúñiga, del PANAL, que llegó ahí en alianza con los panistas, hizo tres propuestas en materia de seguridad pública: todas se las batearon.

El profesor, puso sobre la mesa: que terminen ya con el despido de policías y se les finiquite; que se revise el plan de seguridad y sea rediseñado con los elementos necesarios; y que exista una mayor -y mejor-, coordinación entre los tres niveles de gobierno. No parecía muy desencaminado el regidor.

De manera educada, lo mandaron con cajas destempladas: que el despido de policías es por Ley y se deben ir los reprobados en las pruebas de Control de Confianza -Zúñiga, en realidad pedía eso-, nada más, que se apresuren a concluir el proceso.

La Alcaldesa, de plano, le sugirió informarse mejor, porque la coordinación entre los niveles de gobierno, fue la que permitió la detención reciente de policías implicados en delitos.

José Javier Ayala, el coordinador de los regidores panistas, solicitó de manera muy atenta un reporte de los índices de criminalidad en la ciudad, para calcular el éxito o fracaso de la estrategia de seguridad… y deslizó que si es necesario remover algunos mandos, pues habría que hacerlo. No dijo más.

Fue hasta terminar la sesión, en entrevista con los reporteros, que Ayala Torres le puso nombre y apellido a su inquietud: de ser necesario, el general Miguel Pizarro debería dejar su encargo como secretario de Seguridad Pública.

Dijo: “Puede que no sea suficiente o eficiente el trabajo que se hace, yo creo que llega un momento en el que se tienen que hacer relevos”. ¿Oiga, pero usted cree que el general debe dejar su puesto? “De ser necesario, sí”.

Todavía, a los integrantes de la fracción panista, les parece más sencillo exponer sus inconformidades frente a las grabadoras de los periodistas, y no en la mesa de las discusiones públicas, donde ellos también son gobierno. A ver si un día.

Y a propósito de asuntos tan domésticos, cuando faltan menos de tres meses para que venza el plazo para que todas las policías del país hayan sido depuradas (28 de octubre), los estados y los municipios del país llevan apenas un avance de 63 por ciento.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa que falta por evaluar el 37 por ciento de los policías del país. Únicamente el 49 por ciento, han aprobado las pruebas de control de confianza.

A la fecha se han evaluado a 326 mil 423 policías y funcionarios de seguridad: 222 mil son estatales y el resto municipales.

Hay estados calificados en niveles críticos por el SNSP, al tener menos de 250 policías por cada 100 mil habitantes, como lo recomiendan los estándares internacionales: Coahuila, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, Nuevo León, Baja California,  Campeche. Y, sí: Guanajuato.

¿A dónde van a ir a parar los miles de policías, reprobados y despedidos? Esa es una pregunta a la caza de una respuesta.

La Jaula

Y ya puestos monotemáticos, ayer el diputado local priista, Gerardo Zavala Procell, denunció que durante los siete meses que ya corrieron del año, no recibieron informe alguno sobre la inversión estatal en el caro proyecto de seguridad “Escudo”.

Ese hecho contraviene el transitorio de la ley de ingresos, respecto  la autorización de la deuda; cada tres meses, el Ejecutivo informaría a los diputados cómo se gastan esos dineros autorizados.

Para el diputado Procell, hay resistencia del Ejecutivo estatal  para detallar en qué se ha gastado cada peso del caro “Escudo”: “Esa excusa de que por cuestiones de seguridad no se hace, ya no es convincente...“

Comentarios y quejas: [email protected] y @FPacomares