Feminicidio en las sombras

El lunes a la tarde, una madre al teléfono, la voz entrecortada por el llanto, habla con el columnista. Quiere saber por qué nadie dijo nada del asesinato a su hija. La mató su marido. El asesino está en la cárcel y nadie dice nada. Eso fue el día 22. Un domingo ¿No publicamos, aquí o nadie publicó algo? Nadie, nadie dijo nada, responde. La ahorcó con las manos. Ni en el noticiero del radio, dijeron nada. Y a su niña, que tiene cinco meses, no se la quieren dar. La tienen ellos. La familia de él.

Ayer, temprano, un par de reporteros y un fotógrafo, tienen instrucciones de ir a entrevistarse con Geraldina Aguilar Castro, la madre de la víctima, en su domicilio de la colonia Campo Verde, a la salida a San Francisco del Rincón. No la encuentran. Ella está en la agencia del Ministerio Público.

Pero los reporteros apenas se han ido de la redacción, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado genera un boletín, bizarro, a las diez de la mañana con nueve minutos, para dar cuenta de los hechos: ¡Nueve días después!

Seguro con orejas, ojos y brazos en todas partes, en la casa de los Ministeriales deciden la estrategia y se aferran como a clavo ardiente de un argumento absurdo: “…que el día de ayer el Juzgado Décimo Penal, quien por razones de turno conoció del asunto, notificó al Ministerio Público el auto de formal prisión por el delito de feminicidio. Al detenido se le identifica, como: Miguel Ángel Castro Rocha.

A ver. Si conocieron del crimen, detuvieron al feminicida, ocultaron los hechos y el expediente a la opinión pública durante nueve días, y atrapados con los dedos en la puerta boletinaron el suceso a propósito de la formal prisión, de plano confunden la ingenuidad con el cinismo.

Porque su propio boletín, es una confesión de parte:

-“El 22 de septiembre del presente año, a las 2:10 horas aproximadamente, los elementos de la Policía Ministerial tuvieron conocimiento del hecho registrado al interior de un inmueble ubicado en la Colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz, en la ciudad de León.

-“A pesar de estar distanciados, el sujeto activo acudió a visitar a su aún esposa al domicilio que ella rentaba y en ella dialogaron sobre la posibilidad de hacer nuevamente vida en común. En medio de la charla, acepta, comenzaron a discutir y él le oprimió el cuello y le cortó la respiración.

-“La hermana de la víctima da aviso a las autoridades y el Ministerio Público se presenta acompañado de Policía Ministerial y Servicios Periciales y por el actuar conjunto se llega a determinar el ejercicio de la acción penal en contra del inculpado…”,

El hecho ocurre entonces, cuando arrecia de nuevo la discusión por la violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato, y las organizaciones de la sociedad civil defensoras de sus derechos, exigen de nueva cuenta se emita una alerta de género: su estandarte es la agresión a golpes a la joven María de la Luz Salcedo Palacios, por negarse a tener sexo con su atacante.

Todavía ayer, la nota principal en torno a ese caso, la dio la juez al liberar al detenido, porque la Procuraduría de justicia lo consignó por lesiones, no por homicidio en grado de tentativa.

La golpiza a “Lucero”, ocurrió el 12 de septiembre. El escándalo estaba a tope cuando murió ahorcada por su ex pareja, la hija de Geraldina: Laura Patricia Vázquez Aguilar, de 31 años de edad.

El sábado 21 de septiembre, un día antes del feminicidio, organizaciones de la sociedad civil realizaron marchas simultáneas en cinco ciudades del estado, entre ellas León, para exigir freno a la violencia contra las mujeres. Los genios de la comunicación social, entraron en pánico.  Decidieron que era buena idea ocultar los hechos. Lo hicieron durante nueve días.

Hoy, el efecto es exactamente contrario al que buscaban: la procuraduría de justicia de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa, ha metido en un nuevo y grave aprieto al gobernador Miguel Márquez.

Sin duda, la información que hoy saltará a los portales y a las páginas de los diarios del país, será: en Guanajuato, el gobierno oculta los feminicidios. Ni cómo ayudarlos.

Ecos del informe

De los primeros ecos al Informe de Gobierno de la alcaldesa Bárbara Botello, a rescatar, están, por supuesto, el del gobernador Miguel Márquez que se inconforma con las reclamos a su administración, pero también el del secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz, quien califica de “anecdótico” el abucheo a Éctor Jaime Ramírez, el representante del gobernador.

Para empezar, el gobernador Márquez, pide respeto: son cientos, no 21, los millones de pesos que su administración ha destinado como apoyo a León.

Para el gobernador es inverosímil que se hable de 21 millones de pesos de inversión estatal: “están los convenios, están los recursos”. Ayer conversamos largamente con la alcaldesa Bárbara Botello, y ella traduce que esos millones no son del estado; que son de la federación, pero pasan por el nivel de gobierno a cargo de Márquez.

Márquez simplemente dijo que, si él es respetuoso de las personas y las instituciones, demanda lo  mismo.

Acá en León, el secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz, dijo que los abucheos a Éctor “son anecdóticos”.

Mesurado, dijo también que las críticas de los panistas al informe de la presidenta municipal priista, Bárbara Botello, son posiciones políticas naturales de la oposición.

Lo que también es cierto, es que al menos en el primer día después de la ceremonia, nadie ha presentado un análisis más o menos serio, y sí epítetos, mucho más fáciles de externar.

La Jaula

La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXII Legislatura del estado, que ahora es presidida por el diputado priista Javier Contreras Ramírez, dio entrada a dos solicitudes de los verde ecologistas, para que el Órgano de Fiscalización Superior, audite a la mismísima secretaría de Finanzas y a la secretaría de Salud.

El argumento de los verdes es que los medicamentos se compran a sobreprecio. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras Guerrero quiere que se revise el proceso de asignación directa que se hizo a dos empresas por la adquisición de medicamentos, presuntamente con un sobreprecio.

En el caso de la secretaría de Finanzas, es algo así como contratar a un detective para que vigile a los policías. Pero qué bueno.

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