Difícilmente el cuadro podría ser más espeluznante:

Todavía oscuro al amanecer del lunes, peones de los señores de horca y cuchillo que mandan en el territorio de Guanajuato ofrendan a sus amos una cabeza y un corazón humanos en una esquina cualquiera de la colonia Villa 400, en Salamanca. Pronto, el vecindario otea la sangre y urge a la presencia de 'El Salmantino', más cercano y familiar al rumbo que los policías. Hasta ahí llega Israel Vázquez, reportero de nota roja. Maneja un March blanco, confeso de la identidad de su medio. Hay que informar y atajar el tránsito vial en defensa de la integridad de la escena del crimen. De nada. Las sombras escupen a dos pistoleros. Lo acribillan a tiros. Cinco balas hieren su cuerpo. Alguien vio que le dispararon tirado en el suelo.

Israel Vázquez Rangel, periodista, ha sido asesinado en Salamanca, Guanajuato a mitad de la calle mientras hacía su trabajo. Tenía 31 años de edad y un trabajo transitorio en la refinería de Pemex, eje de la economía de la ciudad. Murió al mediodía en el hospital de esa paraestatal a donde lo habían ingresado minutos antes de las siete de la mañana. Israel pagó con su vida una primicia.

Que lo obligaron a bajar del carro. No, contenía a los vehículos de paso y le dispararon por la espalda. Fue la Guardia Nacional la que llegó primero. No, los paramédicos que atendían el reporte de los restos abandonados. Las versiones son confusas por regla. Tarjeta de presentación de las autoridades ministeriales de Guanajuato. A su conveniencia, la Ley de Protección de Datos personales es barrera infranqueable para los periodistas o potestad suya la de violentarla en las redes sociales con la identidad de apresados bajo consigna. La desinformación no es casual. Es estrategia de la autoría del secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, y del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

A la muerte de Israel Vázquez siguió el ritual monótono de todos conocido.

El gobernador Diego Rodríguez escribió en tuiter que lamenta la muerte del periodista —muerto al informar de tanta muerte.

El gobierno municipal morenista de Salamanca reprochó al gobierno panista del estado que no atienda la violencia en esa ciudad.

La Fiscalía dio cuenta de que había iniciado las investigaciones para dar con los responsables y que informaría “...cuando sea factible hacerlo.”

Derechos Humanos reportó abrir 'una queja de oficio' y pidió al membrete de protección 'a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas' que implementaran las medidas.

Un subsecretario de la secretaría de Gobierno del estado ofreció acompañamiento a la familia.

La burocracia partidaria de Morena anunció una marcha para exigir la destitución del fiscal y el secretario de seguridad.

Los colectivos defensores de todo defendieron su enojo por esto.

Puntual el coro.

Guanajuato en rojo

La violencia del proceso de descomposición sistemática de la vida política, social y económica que desgarra a Guanajuato, alcanza a los periodistas y comunicadores que lo documentan en un estado de indefensión absoluto.

Apenas en agosto el jefe de prensa de la mismísima Fiscalía del estado, Elihú Ojeda, fue encontrado muerto a la orilla de un canal a nada de la entrada a 'Villa 400' —¿le suena conocido el rumbo?-; había desaparecido un par de semanas atrás.

En septiembre de 2017 el fotógrafo y colaborador del sitio digital 'La Bandera Noticias', Juan Carlos Hernández Ríos fue asesinado en Yuriria.

En septiembre de 2014 la corresponsal de 'El Heraldo de León' en Silao, Karla Silva sufrió una golpiza a manos de una punta de pandilleros reclutados y pagados por la alcaldía.

Desde el primer día de este mes está desaparecido Víctor Manuel Jiménez Campos, colaborador de la página 'Rotativa Digital Guanajuato', en Celaya.

Esto se cae a pedazos.

En estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en los primeros nueve meses del año se habían cometido en Salamanca 246 de los 2 mil 557 asesinatos registrados en el estado en ese lapso: 3 mil 722.

Pero Salamanca es tan sólo uno de los botones del traje que viste a Guanajuato, cortado a la medida de la incompetencia y la impunidad, que acompañadas o por separado son sinónimo de corrupción.

'Causa Común' llevó a enmarcar 'las atrocidades' que se cometen en el país.

De 4 mil 216 'atrocidades' —uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”-, cometidas en el país de enero a octubre, 544 que dejaron 922 víctimas mortales sucedieron en Guanajuato.

A diario ocurren en promedio dos atrocidades en Guanajuato. Está en cartelera la fosa clandestina de la que se exhumaron 66 cuerpos en Salvatierra; y antes los 26 muchachos masacrados en un anexo en Irapuato, en julio; y en ese mismo mes los cuatro predicadores y un empresario asesinados a tiros en un centro de verificación en Celaya...

Aun si en verdad las fuerzas estatales enfrentaran al crimen organizado, acción de la que no hay demasiadas evidencias, los periodistas quedarían a mitad del fuego cruzado. Y es el único bando que no trae pistolas. A los criminales no se puede exigir que entiendan la función de los informadores. La autoridad no tiene excusa para incumplir con la garantía de seguridad a los ciudadanos... incluidos los periodistas. Para eso están, primordialmente. Por ello cobran. Y cobran muy bien. En Guanajuato, lo dice el conteo, el gobierno ha sido derrotado, a menos que pruebe lo contrario. No se ve cómo.

'El Salmantino' no está solo, gritaron los reporteros en su encuentro con la alcaldesa de Salamanca; la mañana de este miércoles la protesta se trasladaría a la Fiscalía General de Guanajuato.

“...Hasta el último día de mi sexenio estarán el Fiscal (Carlos Zamarripa Aguirre) y Álvar (Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad estatal)”, respondió el gobernador Diego Rodríguez al diario 'a.m.', con un discurso encallecido tempranamente —Bueno, sí, salvo la eventual opinión en contrario del fiscal de México, Alejandro Gertz Manero, y de la justicia federal. El sexenio es largo…

 

(A) La Jaula

La Fiscalía de Guanajuato.

Tuit, ayer:

La #FGEG, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Dirección General Jurídica, participó en Mesa de Trabajo de la Comisión de Justicia del @CongresoGto, para el análisis de iniciativa que busca aumentar las penas e incluir agravantes al delito de extorsión.

Un dechado de humor negro...

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