¿En manos de quién?

Dicen en el gobierno de León que a pesar de todos los pesares, no existe una crisis de seguridad en la ciudad.

A ver.

Son 380 los policías preventivos que el gobierno de León, debe separar de sus cargos y liquidar laboralmente, por reprobar los exámenes de control de confianza, que ordena el sistema nacional de seguridad.

En la semana notificaron a cuarenta de ellos, es decir, otros 340 uniformados patrullan la ciudad, sin que hayan probado ser aptos para ese trabajo, esto, a juicio de las propias autoridades. En otras palabras, más del 20 por ciento de los policías no deberían estar ahí.

Hay policías municipales despedidos, manifestándose en las calles con la exigencia de una retribución acorde a sus años de servicio. A ellos se sumarán, tarde o temprano, los 380 elementos que están en capilla.

La nueva administración municipal priista, se tardó una eternidad en designar a su secretario de Seguridad y a su jefe de Policía; para el primer cargo, aceptaron a Miguel Pizarro, cortesía del gobierno estatal panista; y en el segundo, improvisaron con Javier Aguilera. Ni el general ni el abogado, rinden hasta hoy buenas cuentas.

Los índices de robos y homicidios se elevaron, según confirmación de la procuraduría de justicia del estado, el INEGI y hasta el panista, Alfredo Ling Altamirano.

En las redes sociales y Youtube, circula el vídeo de un supuesto grupo armado de defensa popular que se hace llamar “Gente de León”, y las autoridades simplemente hacen como que no existe.

El gobierno del estado, no ha pasado del discurso del caro proyecto “Escudo”, y ya el gobierno de León les mandó decir que no piensa solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad.

Y la nota de la semana es, por supuesto, el arresto y consignación de seis policías municipales, presuntos delincuentes.

Del boletín espantoso que enviaron las autoridades estatales, es posible, sin embargo, conocer que las detenciones se realizaron con las órdenes de aprehensión correspondientes -libradas, claro por un juez penal-; que las ejecutaron de manera coordinada, los policías ministeriales, las fuerzas de seguridad del estado y efectivos de la propia Policía Municipal de León; que la procuraduría de justicia del estado, conoció de la participación directa de personal de los uniformados, en los ilícitos; y que con oportunidad, de manera previa, se informó de esas acciones al gobierno municipal.

De acuerdo a la acusación que les hace la procuraduría de justicia del estado, los policías habrían participado en delitos de abuso de autoridad, robo, secuestro y homicidio.

Se aprehendió a un segundo comandante, Alejandro Elías Navarro Lozada: el angelito, en servicio, habría cuidado de los ladrones de un cajero automático en el barrio de El Coecillo, en febrero, y se le investiga por otros tantos.

El policía, Carlos Gustavo Juárez Martínez, está acusado de secuestro. En servicio, en su patrulla, presuntamente retuvo a un adolescente y amenazó por teléfono a sus familiares al exigirles dinero a cambio de la libertad del muchacho. Eso fue en abril.

A los policías Juan Pablo Villanueva Castañeda y Raúl Falcón Ortiz, los acusan de homicidio. En octubre del 2012, detuvieron a un joven en la colonia Soledad de la Joya. Lo golpearon y arrastraron con la patrulla. El muchacho murió hospitalizado un par de días después, a consecuencia de la golpiza.

De este caso existe una recomendación de la procuraduría estatal de los Derechos Humanos, a la alcaldesa Bárbara Botello,

Y a los policías Arturo Horta Bustamante y Juan Carlos Cortés Gutiérrez, se les consignó por abuso de autoridad. En un arresto por una falta administrativa, golpearon a una mujer al someterla para llevarla al juez calificador.

Estos dos últimos policías, apenas rindieron su declaración preparatoria ante el juez penal, solicitaron y obtuvieron la libertad bajo fianza a la que tienen derecho. Siguen bajo proceso penal, pero en libertad. Ya sabe, hay que ir a firmar los lunes. A ver quién los encuentra, luego.

Con estos seis, ya son 22 los policías preventivos de León, los que son detenidos por las autoridades ministeriales, nada más en lo que va de este año. Y no son todos. El mismo procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, adelanta que hay más uniformados implicados y que ya dará a conocer quiénes y por qué.

El procurador no arriesga, pero acepta la posibilidad de que el aumento en los índices delictivos en León,  que confirman las estadísticas oficiales, tenga que ver con la eventual colusión de los policías y la delincuencia habitual.

Y ya de pasadita, Zamarripa recomienda a los gobiernos municipales, no únicamente al de León, que continúen la depuración de sus corporaciones, con la separación de los uniformados que fueron reprobados en los controles de control de confianza. El procu, hace su chamba, ya nada más falta que a él le hagan caso.

La violencia y la arbitrariedad de la Policía Municipal, fue el primer desafío abierto que enfrentó la alcaldesa, Bárbara Botello y nada bien librada salió de ese episodio: si ante la consignación de seis policías más, por semejantes delitos decidiera una medida drástica, pocos la criticarían. Pero, parece que no.

Y ya en serio: ¿Quién escribe esos boletines?

Reprobados

En un poco más de lo mismo, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López, tiene a bien informar que más o menos el 80 por ciento de los gendarmes de los municipios del estado, ya han sido sometidos a los exámenes de control de confianza y, para que sepa usted de lo que estamos hablando, el 30 por ciento los reprueba. Más claro: treinta de cada cien, no deberían ser policías.

Los municipios tienen como fecha fatal para separar a los reprobados, el 28 de octubre. Y el problema es que no hay dinero. Aquí comentamos el anuncio del tesorero de León, Roberto Pesquera: ya se gastó diez millones de pesos en esos quehaceres y necesita veinte millones más, que esta semana solicitará al Ayuntamiento.

En las cuentas del secretario de gobierno, el proceso avanza con un buen ritmo, aunque todavía hay dos municipios que ni siquiera certifican a su jefe de policía, uno de ellos, el vecino Silao. El secretario de seguridad del estado, Álvar Cabeza de Vaca, ha sido insistente en que no habrá coordinación con las municipalidades que no certifiquen a sus policías, menos si no lo hace ni el director.

Se les ha hecho una “invitación”, tras otra, pero nada más no responden al llamado, se queja el secretario de gobierno.

El otro lado de esa “coordinación”, es de pesos y centavos, porque, también en la versión del secretario de seguridad estatal, a esos municipios no llegarán los recursos del Subsemun, para la seguridad pública. No más, a partir del 28 de octubre.

Y la verdad, serán muy atendibles las razones que uno y otro bando esgrimen en su guerra de declaraciones interminable, pero ni el discurso les alcanza para el hombre de la calle que, sin vela en el entierro, tiene que padecer la “custodia” de policías entrenados, uniformados y armados, que no deberían andar en eso. Ni cómo hacerle.

Guanajuato apagado

El gober, se hartó. Miguel Márquez, da por cerrado el capítulo del “Guanajuato Iluminado”, porque simple y sencillamente no hubo manera de hacer coincidir a los alcaldes de los 46 municipios que tiene el Estado.

Se les ofreció apoyo, aval, coordinación y los presidentes municipales nomás no respondieron ni en tiempo ni en forma. Pura grilla. Le recupero una cita textual del gobernador Miguel Márquez, que en verdad, da para la reflexión: “Que cada Municipio haga su análisis, haga su diagnóstico, que compre las lámparas donde guste, que cada quien lo haga”. Qué tal.

El punto dista mucho de ser meramente anecdótico. Es, incluso, preocupante. Lo escribimos en su momento, un par de veces: el gobernador Márquez, pierde demasiado tiempo en la operación política, de la que tendrían que ocuparse otros, vulgo: el secretario de gobierno,  Antonio Salvador García López. Para eso le pagan al hombre.

No vamos a extrañar aquí el proverbial autoritarismo priista, pero sí es de lamentar la capacidad nula para la búsqueda de consensos, con la que exhibe su equipo al gobernador Márquez. Son 46 alcaldes y divierte imaginar a Toño Salvador como secretario de gobierno en el estado de Oaxaca, que tiene 570 municipios. No, pues no.

Con “Guanajuato Iluminado”, dice el Gobernador, se pretendió reducir la inversión en la compra de luminarias a una sola empresa, comprometerla en su instalación y de paso, crear empleos. Hubo respuesta únicamente de 34 municipios, así que ni siquiera se pudo establecer el monto de la inversión que haría el gobierno del estado.

Cancelada esa iniciativa, ahora el Gobernador apenas y mantiene su respaldo a los municipios en su solicitud de una prórroga más para el pago del DAP, mientras ajustan sus cuentas entre el cobro y la erogación, en un tema que, además, está en la cancha del Congreso del Estado y no del ejecutivo.

Más allá de lo que ocurra finalmente con el DAP, que ya es obsesión de varios, ahí queda el expediente del “Guanajuato Iluminado” porque, digan lo que digan sus aplaudidores, al gober no se le ve mano izquierda.

Cosas de la crisis

A la autoridad municipal por fin le cayó el veinte de algo que es sabido -y consumido-, en cualquiera de los barrios y colonias de León: la organización de fiestas y demás, con cobro y sin aviso al gobierno.

La Dirección de Protección Civil ya se enteró que existen “eventos” clandestinos, que según ellos ponen en riesgo a la concurrencia, porque incumplen medidas de seguridad, no tienen el permiso municipal, cobran el acceso, se consumen bebidas alcohólicas y se permite la entrada a menores de edad. Nada más.

Así que Fiscalización, Mercados y la Policía Municipal, se dan a la tarea de investigar, encontrarlos y, obvio,  sancionarlos. Llevan tres, por el rumbo del Libramiento Norte y el bulevar Hidalgo y en Rivera de la Presa. Los encontraron en la periferia, con aforo de 300 y 500 personas. Había menores de edad; no tenían permiso del municipio; cobraban la entrada; llevaron música en vivo con bandas, mariachi y hasta DJ; se consumían bebidas alcohólicas y arrancaban desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada.

Gracias a la labor de inteligencia de esas dependencias, se descubrió que los organizadores, para evadir a la autoridad, aleccionan a los asistentes para que digan que se trata de una fiesta privada, de tal o cual amigo o familiar. Pero, no: cobran de 40 a 60 pesos.

Todo ternura, el director de Protección Civil Crescencio Sánchez recomienda a los padres de familia “que estén pendientes de que sus hijos asistan a eventos en lugares que cuenten con los servicios y las medidas de seguridad apropiadas”. Sí, lo dijo en serio.

Pero, mire usted, estas fiestas, tendrían que cumplir con los artículos 61, 62, 63 y 64 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil de León, que entre otras minucias, exigen: Servicios de Protección Civil; Servicios de Seguridad Pública Municipal; Tránsito Municipal (en su caso); Servicios médicos (ambulancia); Visto Bueno del H. Cuerpo de Bomberos; Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil; y Control de boletaje por parte de Verificación Normativa. La verdad, ni los Martínez.

Bueno, los municipales ya se dieron cuenta de las fiestas; no les vaya a platicar usted, por favor, de los bares caseros. No sea que vayan a actuar . . .

La Jaula

El gobierno de Bárbara Botello, ya dio tema para la conferencia de prensa de los lunes, de Alfredo Ling: el panista exdirector de Medio Ambiente del municipio, Refugio “Cuco” Camarillo Salas, será inhabilitado entre seis y doce meses para ejercer cualquier cargo público, por decisión unánime de la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento de León.

Cosas de la política a la mexicana, la iniciativa es de su compañero de partido, el contralor Alberto Padilla, y el presidente de la comisión es el regidor, también albiazul, Alejandro Arena. Compañeros de partido, sí, pero no de bando.

La sanción definitiva la establecerá la secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Martín Ortiz García. En realidad la sanción no deja de ser simbólica, porque en ese lapso, “Cuco” Camarillo no tenía mayores expectativas de ser contratado por el gobierno estatal de Miguel Márquez y no, por supuesto, por el municipal de Bárbara Botello.

A “Cuco” lo acusaron, entre otras cosas, de traficar con permisos para la tala de árboles, y por ello le confirman un rato en la banca que de cualquier manera, ya ocupaba.

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